El Gobierno de Javier Milei buscó bajar la tensión con Chile después de que declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, generaran una fuerte reacción en Santiago por sus referencias a la soberanía sobre el extremo austral. La Cancillería argentina emitió un comunicado para dejar establecida la posición oficial del país: los tratados de Límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984 continúan plenamente vigentes y son considerados definitivos por la Argentina. La aclaración llegó después de que el Gobierno de José Antonio Kast anunciara una nota formal de protesta y reafirmara que la totalidad del Estrecho de Magallanes se encuentra bajo soberanía chilena.

La controversia comenzó a partir de una entrevista concedida por Valverde, quien al referirse a la importancia estratégica del extremo sur sostuvo que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” y planteó la necesidad de mantener presencia en esa zona porque constituye una especie de “llave bioceánica” entre el Atlántico y el Pacífico. Sus declaraciones fueron interpretadas en Chile como una referencia impropia a territorios cuya soberanía está definida por acuerdos bilaterales vigentes. El impacto fue inmediato porque no se trataba de un funcionario político de menor rango, sino del máximo jefe de la Fuerza Aérea Argentina.

La respuesta chilena fue contundente. El canciller Francisco Pérez Mackenna afirmó que la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes es “indiscutible” y recordó que está respaldada por los tratados suscritos entre ambos países. El ministro del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, también rechazó las declaraciones y señaló que en Chile llama la atención que este tipo de afirmaciones reaparezca periódicamente, porque, desde la perspectiva de Santiago, no existe una controversia territorial pendiente sobre el estrecho. La Cancillería chilena anunció posteriormente el envío de una nota de protesta diplomática a Buenos Aires.

El punto central del conflicto está en que el Tratado de Límites de 1881 estableció la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes en toda su extensión y ambas riberas, mientras que el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado después de la crisis del Beagle y con mediación de la Santa Sede, consolidó el marco territorial y marítimo entre los dos países. La propia Cancillería argentina ratificó ahora que ambos instrumentos “rigen plenamente” y que Argentina los considera definitivos. Por lo tanto, las declaraciones del jefe militar no representan una modificación de la posición jurídica oficial argentina.

La reacción de Buenos Aires busca precisamente separar las declaraciones individuales del militar de la posición institucional del Estado argentino. En su comunicado, la Cancillería no cuestionó la soberanía chilena sobre el estrecho y tampoco planteó una revisión de los tratados. Por el contrario, destacó la importancia estratégica del extremo austral para la Argentina en relación con las Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, pero dentro del marco de los acuerdos existentes. El Gobierno también remarcó que las cuestiones bilaterales deben ser tratadas mediante los canales institucionales correspondientes.

Esa precisión es especialmente importante porque Argentina y Chile mantienen una relación estratégica que supera ampliamente esta controversia. Ambos países comparten una extensa frontera y desarrollan cooperación en áreas como la Antártida, la seguridad marítima y las rutas australes. La Cancillería argentina recordó que ambos Estados reconocen mutuamente sus derechos antárticos, administran conjuntamente zonas especialmente protegidas y mantienen desde hace más de 25 años la Patrulla Antártica Naval Combinada. También trabajan conjuntamente en iniciativas relacionadas con la protección del ecosistema antártico.

El extremo austral tiene, además, un valor geopolítico creciente. El Estrecho de Magallanes constituye una vía marítima estratégica que conecta los océanos Atlántico y Pacífico y mantiene relevancia para la navegación internacional, mientras que las áreas próximas a la Antártida concentran creciente interés por sus recursos naturales, rutas marítimas y posición dentro de las cadenas globales de suministro. Para Argentina, el Atlántico Sur tiene además una importancia adicional por la cuestión Malvinas y por su proyección hacia la Antártida. Esa dimensión explica por qué las autoridades argentinas consideran estratégico mantener presencia y capacidad de vigilancia en la región, aunque ello no implique desconocer los tratados con Chile.

La situación adquiere una dimensión política adicional porque Milei y Kast mantienen una relación ideológica y política cercana. En abril de este año, ambos presidentes habían destacado el alto nivel de coincidencias entre sus gobiernos y expresado su intención de profundizar la cooperación bilateral. Por eso, la controversia sobre Magallanes constituye una situación especialmente incómoda para dos administraciones que buscan presentarse como aliadas en la región. El episodio demuestra que incluso entre gobiernos políticamente cercanos pueden surgir tensiones cuando intervienen cuestiones territoriales y estratégicas.

En Chile, además, la reacción fue transversal y no quedó limitada al Gobierno de Kast. Parlamentarios de distintos sectores políticos exigieron una respuesta firme y cuestionaron las declaraciones del alto mando argentino. La sensibilidad tiene una explicación histórica: las disputas territoriales entre ambos países llegaron a un punto crítico a finales de la década de 1970, cuando estuvieron cerca de un enfrentamiento armado por la cuestión del Beagle. El acuerdo de 1984 fue precisamente el instrumento que permitió cerrar aquella etapa y establecer un marco definitivo para las relaciones fronterizas y marítimas.

Por eso, la prudencia diplomática resulta fundamental. Una declaración de un jefe militar sobre soberanía puede tener una repercusión mucho mayor que una afirmación similar realizada por un ciudadano o incluso por un dirigente político sin responsabilidad institucional sobre la defensa. En asuntos territoriales, las palabras pueden generar interpretaciones sobre cambios de posición que no necesariamente existen. En este caso, la Cancillería argentina actuó rápidamente para reafirmar que los tratados continúan vigentes y que la política oficial no ha cambiado.

Desde la perspectiva argentina, también resulta importante entender que reconocer los tratados no significa abandonar los intereses estratégicos nacionales en el Atlántico Sur y la Antártida. Buenos Aires sostiene que esas regiones tienen una importancia creciente y que el país debe mantener una presencia activa para defender sus intereses, particularmente en relación con Malvinas, las rutas marítimas y los espacios antárticos. La diferencia está en que esa política debe desarrollarse dentro del marco jurídico internacional y de los acuerdos que Argentina firmó con sus vecinos.

La crisis, por ahora, parece encaminada hacia una desescalada diplomática. Chile formalizó su molestia mediante una nota de protesta, mientras Argentina respondió reafirmando la vigencia de los tratados y la importancia de la cooperación bilateral. No existe, según la posición oficial argentina, ninguna modificación de los límites establecidos. El desafío será evitar que nuevas declaraciones de autoridades militares o políticas vuelvan a generar un conflicto innecesario en una relación que tiene intereses comunes de enorme importancia para ambos países.

El episodio deja una enseñanza clara para la diplomacia sudamericana: en cuestiones territoriales no alcanza con tener una posición estratégica; también es indispensable comunicarla con precisión. Argentina tiene legítimos intereses en el Atlántico Sur, las Malvinas y la Antártida, pero esos intereses conviven con tratados internacionales que el propio Gobierno argentino reconoce como definitivos. Chile, por su parte, tiene razones históricas y jurídicas para reaccionar con firmeza ante cualquier declaración que pueda interpretarse como un cuestionamiento de su soberanía sobre el Estrecho de Magallanes. La decisión de Buenos Aires de reafirmar los acuerdos y privilegiar los canales institucionales permite, al menos por ahora, evitar que una declaración de un alto mando militar termine afectando una relación bilateral que ambos gobiernos consideran estratégica.