¿A quién va a votar? La pregunta parece sencilla, pero en realidad toca uno de los principios más delicados de cualquier democracia: el derecho de cada ciudadano a decidir sin que nadie pueda saber qué colocó en la urna. En plena carrera presidencial brasileña de 2026, las encuestas de intención de voto intentan medir el comportamiento del electorado antes del día de la elección. El último Datafolha, realizado entre el 18 y el 21 de agosto con 6.132 electores en los estados analizados, muestra a Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro disputando una elección todavía abierta: en una simulación nacional de segunda vuelta, Lula aparece con 47% y Flávio con 43%, mientras la diferencia entre ambos permanece dentro de un escenario competitivo.

Pero existe una diferencia fundamental entre decirle a un encuestador qué piensa hacer y revelar qué se hizo finalmente frente a la urna. Una persona puede declarar hoy que votará por un candidato, cambiar de opinión mañana, decidir votar en blanco, anular el voto o simplemente responder de manera diferente a lo que realmente hará. Incluso puede ocurrir algo todavía más difícil de medir: que el elector no quiera revelar su decisión. Por eso, una encuesta nunca es el resultado de una elección anticipada; es una fotografía estadística tomada en un momento determinado.

La propia campaña electoral brasileña muestra por qué esta diferencia importa. El Datafolha divulgado el 22 de agosto encontró que Flávio Bolsonaro aventaja a Lula en una eventual segunda vuelta en São Paulo, con 47% frente a 42%, mientras Lula lidera en Minas Gerais con 46% contra 42%. En Río de Janeiro, Flávio aparece con 49% frente a 40%, mientras en Pernambuco Lula obtiene 62% contra 29%. En el Distrito Federal, Flávio alcanza 51% frente a 39%. Son fotografías del momento, no garantías de lo que sucederá en octubre.

Y ahí aparece una de las grandes incógnitas de cualquier elección: qué ocurre entre la respuesta que una persona entrega y el voto que finalmente deposita. La investigación electoral intenta reducir esa incertidumbre mediante muestras representativas, cuestionarios, modelos estadísticos y diferentes escenarios de participación. Pero ninguna metodología puede entrar en la cabina de votación y observar la decisión individual. Precisamente para eso existe el secreto del voto.

Antes de que el voto secreto se convirtiera en una norma democrática, las elecciones podían ser radicalmente diferentes. En numerosos sistemas de votación del siglo XIX, el ciudadano debía expresar públicamente su preferencia o entregar una papeleta que permitía identificarlo. En Gran Bretaña, por ejemplo, antes de la reforma de 1872 los electores votaban públicamente: podían levantar la mano o expresar su elección de manera visible. El candidato y sus seguidores podían saber quién lo había apoyado y quién no.

Eso convertía el voto en una cuestión de poder personal. Si un elector dependía económicamente de un terrateniente, de un empleador o de una persona políticamente poderosa, votar contra ella podía tener consecuencias. El problema no era solamente que alguien conociera la preferencia política: podía utilizar esa información para premiar a los aliados y castigar a los adversarios.

En la Australia del siglo XIX existe un ejemplo particularmente revelador. Antes del voto secreto, los candidatos podían proporcionar las papeletas y estas podían identificar fácilmente la elección realizada por el elector. En algunos lugares, los candidatos utilizaban papeletas de distintos colores o formatos para saber a quién había apoyado cada votante. La elección podía convertirse en una combinación de política, presión social, comida, bebidas, favores y amenazas.

La situación llegó a ser tan problemática que la compra de votos y la intimidación formaban parte del paisaje electoral. El Museo de la Democracia de Australia documenta que las elecciones anteriores al voto secreto podían estar acompañadas por grandes concentraciones, consumo de alcohol, enfrentamientos e incluso violencia. En algunos casos, quienes tenían poder económico podían utilizarlo para influir directamente sobre la decisión del elector.

El gran cambio comenzó en Australia en 1856. El 19 de marzo de aquel año entró en vigor en Victoria una ley que estableció el voto secreto. La reforma fue impulsada políticamente por William Nicholson, mientras Henry Samuel Chapman desarrolló el mecanismo práctico: el Gobierno debía imprimir las papeletas con los nombres de todos los candidatos, entregarlas al elector y permitirle marcar su decisión en privado.

Aquello parece hoy algo elemental, pero en aquel momento fue una verdadera revolución. El Estado pasó a proporcionar una papeleta oficial y el elector pudo entrar en un espacio donde nadie debía observar su elección. Después doblaba la papeleta y la introducía en una urna. De esa manera, incluso si alguien conseguía ver posteriormente el papel, no podía saber con certeza quién lo había depositado.

Australia no inventó la idea de votar en secreto desde cero. Ya existían experiencias de voto secreto en Francia, Bélgica, Suiza y algunos estados estadounidenses, pero muchas de ellas no garantizaban una confidencialidad efectiva. El sistema australiano fue especialmente importante porque combinó una papeleta oficial, candidatos incluidos en una misma lista y un espacio privado para marcar la elección.

El modelo se extendió rápidamente. En 1872 Gran Bretaña adoptó el voto secreto, y después de las elecciones presidenciales estadounidenses de 1884 el sistema conocido como “Australian ballot” comenzó a difundirse en Estados Unidos. Para comienzos del siglo XX, la reforma había transformado profundamente la manera en que los ciudadanos votaban en numerosas democracias.

El cambio produjo algo mucho más profundo que una modificación técnica. Separó al elector de las consecuencias sociales inmediatas de su decisión. Un trabajador podía votar contra su patrón; un inquilino podía votar contra el propietario; un empleado público podía apoyar a la oposición y un ciudadano podía cambiar de candidato sin tener que demostrar posteriormente qué había hecho.

El voto secreto convirtió la decisión electoral en una relación entre el ciudadano y la urna. La política podía seguir siendo pública, las campañas podían ser agresivas y los candidatos podían intentar convencer al electorado, pero la decisión final dejaba de ser propiedad del candidato, del partido, del empleador o de la familia.

La transformación también modificó la lógica de la propaganda política. Antes, conocer el voto de una persona permitía controlar su comportamiento. Después del secreto, el candidato tuvo que aceptar que una promesa, una amenaza o un favor no necesariamente garantizaban el voto. El elector podía recibir un beneficio, escuchar un discurso, participar en un acto político y, finalmente, elegir a otra persona en la intimidad de la urna.

Esa es precisamente una de las razones por las que las encuestas nunca pueden reemplazar a las elecciones. Una encuesta pregunta; la urna recibe. Una encuesta intenta medir una intención; la elección registra una decisión. Una encuesta trabaja con una muestra; la elección reúne a todos los ciudadanos habilitados que finalmente participan.

Brasil tiene además una historia particular. El Código Electoral de 1932 ya establecía el secreto del voto y, al mismo tiempo, contemplaba la posibilidad de utilizar máquinas de votar. El Tribunal Superior Electoral brasileño destaca que ese primer Código Electoral buscaba garantizar el secreto absoluto del sufragio y reducir irregularidades y fraudes.

Esto significa que el principio de secreto no apareció en Brasil con la urna electrónica. La urna electrónica es una etapa posterior de una historia mucho más larga. Primero fue necesario construir el concepto jurídico de que nadie debe poder saber qué votó una persona; después aparecieron mecanismos tecnológicos destinados a registrar los votos de manera más eficiente y segura.

La evolución tecnológica fue lenta. El TSE señala que la idea de una máquina de votar estaba presente desde el Código de 1932, pero recién comenzó a salir del papel décadas después. En 1985 comenzó la construcción del registro electoral informatizado y, en 1989, Brasil realizó su primera votación electrónica válida. En las elecciones municipales de 1996, más de 32 millones de brasileños votaron mediante aproximadamente 70.000 urnas electrónicas.

La urna electrónica, por lo tanto, no eliminó el secreto: nació dentro de esa misma lógica. Su objetivo es registrar el voto sin permitir que posteriormente pueda establecerse qué elector eligió determinado candidato. Esa separación es esencial: el sistema necesita saber cuántos votos recibió cada candidato, pero no puede revelar qué voto pertenece a qué persona.

Y aquí regresamos a las elecciones de 2026. Los institutos pueden saber que determinado porcentaje de personas declara apoyar a Lula, a Flávio Bolsonaro o a otro candidato, pero no pueden saber con certeza qué hará cada una frente a la urna. Pueden estimar comportamientos colectivos, identificar tendencias, analizar segmentos y comparar resultados entre regiones, pero siempre existe un espacio de incertidumbre.

El Datafolha ofrece un ejemplo claro. La encuesta nacional muestra a Lula con 39% en el primer turno y a Flávio con 33%, mientras que en una segunda vuelta proyecta 47% para Lula y 43% para Flávio. La diferencia es suficientemente estrecha como para que cualquier movimiento del electorado pueda alterar el escenario. Reuters también señaló que el margen de ventaja de Lula en segunda vuelta se redujo respecto de la medición anterior, aunque la variación permanece dentro del margen de error.

Hay además un fenómeno todavía más interesante: no todos los votos tienen la misma motivación. Un elector puede apoyar a un candidato porque está convencido de su programa; otro puede votarlo simplemente para impedir que gane su adversario. Una investigación publicada junto con los datos recientes del Datafolha señala precisamente que una parte importante del apoyo a Flávio Bolsonaro, Zema y Caiado está vinculada al deseo de derrotar al PT, mientras que los votantes de Lula y Renan Santos muestran una proporción mayor de apoyo basado en propuestas.

Esto complica todavía más la tarea de las encuestas. Saber por quién dice que votará una persona no necesariamente explica por qué lo hará. Y saber por qué piensa votar de determinada manera tampoco garantiza que mantendrá esa decisión hasta el día de la elección.

También existe el llamado voto útil. Un ciudadano puede preferir inicialmente a un candidato pequeño, pero modificar su decisión cuando observa que ese candidato tiene pocas posibilidades de llegar a una segunda vuelta. Otro puede cambiar su voto después de un debate, una denuncia, una crisis económica o un acontecimiento internacional.

La campaña, por tanto, es un proceso dinámico. Una encuesta publicada hoy puede convertirse en noticia mañana, y esa misma noticia puede influir sobre los electores que serán consultados en la siguiente encuesta. La medición no solamente observa la campaña: en determinadas circunstancias también puede formar parte del ambiente que la campaña produce.

Existe otra dificultad: la persona entrevistada sabe que está hablando con alguien, mientras que en la urna sabe que nadie puede identificar su decisión. Esa diferencia psicológica puede ser importante. Un ciudadano puede decirle al encuestador lo que considera socialmente aceptable, lo que quiere que ocurra o incluso lo que piensa en ese momento, pero el voto secreto le permite cambiar de decisión sin tener que justificarlo.

Por eso, la historia del voto secreto no es solamente una curiosidad histórica. Es una de las razones por las que una democracia moderna puede soportar cambios de opinión sin convertir cada elección en un mecanismo de persecución política.

Imagine por un momento una elección brasileña actual sin secreto. Un empresario podría saber qué votaron sus empleados; un funcionario podría conocer las preferencias de los servidores; un candidato podría identificar quién lo traicionó; una organización criminal podría exigir que determinadas personas demostraran haber votado por su candidato. El resultado sería una democracia formalmente existente, pero profundamente vulnerable a la coerción.

El secreto elimina precisamente esa posibilidad. No impide que alguien intente convencer, presionar o amenazar; pero hace mucho más difícil comprobar si la persona obedeció. Un elector puede decir “voy a votar por usted” para evitar un conflicto y después entrar en la urna y votar por otro candidato.

Esa posibilidad tiene un nombre político muy poderoso: autonomía del elector.

La historia demuestra que conseguirla no fue sencillo. En Australia, la reforma enfrentó una fuerte oposición de sectores ricos que tenían interés en mantener el sistema anterior. El fiscal general de Victoria, W. F. Stawell, llegó a considerar el voto secreto “antibritánico e inconstitucional”.

Lo que hoy parece una regla básica alguna vez fue considerado una amenaza al orden establecido. El secreto quitaba información a quienes tenían poder y se la devolvía al ciudadano.

La evolución también muestra otra paradoja: las elecciones modernas son cada vez más sofisticadas para intentar predecir el voto, mientras la democracia mantiene una barrera fundamental para impedir que alguien pueda conocerlo individualmente. Los institutos pueden estudiar millones de variables, pero la decisión de una persona sigue desapareciendo detrás de la privacidad de la urna.

Eso no significa que las encuestas sean inútiles. Al contrario: son herramientas fundamentales para conocer tendencias sociales y electorales, siempre que sean interpretadas correctamente. Permiten saber qué candidatos están creciendo, dónde tienen mayor fuerza, cuáles son los problemas que preocupan al electorado y cómo cambia la opinión pública.

Pero existe una diferencia entre medir una tendencia y predecir un resultado. Una encuesta puede indicar que un candidato lidera hoy. No puede garantizar que liderará el día de la elección. Cuanto más próxima esté la elección, más relevante puede ser la medición; aun así, siempre existe incertidumbre.

En el Brasil de 2026 esa incertidumbre es particularmente importante porque la disputa presidencial sigue siendo competitiva y las diferencias cambian considerablemente de un estado a otro. São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais concentran una enorme cantidad de electores, mientras Pernambuco presenta un escenario muy diferente.

El voto secreto introduce precisamente el elemento que ninguna encuesta puede eliminar: la decisión individual final.

En octubre, millones de brasileños entrarán en las cabinas de votación, frente a una urna electrónica que no preguntará por quién dijeron que votarían en una encuesta, ni por quién dijeron que votarían ante sus amigos, ni por qué candidato dijeron sentir simpatía durante una campaña. La urna solamente registrará la decisión que cada elector tome en ese momento.

Y nadie podrá saber qué botón o tecla eligió una persona determinada.

Ese anonimato es una de las mayores conquistas de la democracia moderna. Antes, el voto podía ser una declaración pública, un acto condicionado por el patrón, el terrateniente, el partido o la presión social. Hoy, al menos en un sistema basado en el sufragio secreto, el elector puede entrar solo, decidir y salir sin entregar a nadie la prueba de su elección.

Por eso, cuando una encuesta pregunta “¿a quién va a votar?”, la respuesta debe interpretarse siempre como lo que realmente es: una declaración realizada antes de la urna, no el voto mismo.

La historia de la democracia enseña que la pregunta más importante no es solamente quién lidera las encuestas, sino si cada ciudadano tendrá libertad para decidir cuando llegue el momento de votar.

Y esa es precisamente la razón por la que, después de más de 170 años de evolución del voto secreto, la última palabra sigue perteneciendo a la urna.