Una fotografía íntima enviada en confianza, una amenaza, un rumor que comienza en un colegio y termina circulando por cientos de teléfonos pueden convertirse en una forma de violencia de la que un adolescente prácticamente no tiene dónde esconderse. El acoso sexual escolar ya no termina cuando suena el timbre de salida: las redes sociales permiten que una humillación continúe durante la noche, los fines de semana y las vacaciones, llegue a familiares y desconocidos y reaparezca meses o años después. UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud advierten que la violencia sexual, el acoso escolar y la violencia digital forman parte de un mismo problema regional de protección de la infancia y la adolescencia. Un informe publicado en 2026 señala además que uno de cada cuatro adolescentes de 13 a 17 años en América Latina y el Caribe afirma haber sufrido acoso escolar.

La transformación más preocupante se produce cuando la sexualidad se convierte en una herramienta para humillar, controlar o extorsionar. Puede comenzar con el denominado sexting entre adolescentes, pero el problema aparece cuando una imagen privada es compartida sin consentimiento, cuando alguien amenaza con publicarla, cuando se utiliza para conseguir nuevas fotografías o cuando la víctima es ridiculizada delante de sus compañeros. La violencia puede adquirir entonces varias formas simultáneas: amenazas, insultos, exclusión, chantaje, difusión de imágenes, creación de cuentas falsas, publicación de datos personales y ataques coordinados. Un estudio sobre sexting no consentido en el ámbito escolar advierte que la exposición de imágenes íntimas de menores puede producir ansiedad, miedo, ataques de pánico, problemas alimentarios, depresión e incluso intentos de suicidio.

Uno de los casos que mejor muestra esta transformación ocurrió en Argentina y tiene nombre propio: Ema Bondaruk. La adolescente tenía 15 años y estudiaba en una escuela de Longchamps, en la provincia de Buenos Aires. En agosto de 2024, un video íntimo suyo fue difundido sin su consentimiento entre compañeros del colegio. Al día siguiente, Ema murió por suicidio. Su madre, Laura Sánchez, transformó posteriormente el dolor en una campaña para conseguir que las escuelas tengan protocolos específicos frente a la difusión de contenido íntimo. La historia de Ema terminó dando nombre a la Guía EMA, elaborada por su familia junto con organizaciones especializadas para orientar a las instituciones educativas ante casos de violencia digital de género.

Lo ocurrido con Ema es especialmente importante porque muestra un problema que todavía muchas escuelas no saben cómo enfrentar: la víctima puede estar físicamente dentro del colegio mientras su intimidad ya está circulando fuera de su control. La situación no es simplemente “un problema de redes sociales”. Si los responsables y buena parte de quienes reciben las imágenes son compañeros de escuela, el aula continúa siendo el escenario social donde la víctima tendrá que encontrarse con quienes vieron, compartieron o comentaron el material. El propio UNFPA argentino señala que la violencia digital puede generar angustia, ansiedad, miedo, culpa, vergüenza, aislamiento y conductas suicidas, y utiliza el caso de Ema como ejemplo de la necesidad de contar con herramientas de actuación en escuelas y familias.

Chile conoció un caso igualmente doloroso con Katherine “Katy” Winter, estudiante del colegio Nido de Águilas. La adolescente de 16 años murió por suicidio en 2018 después de un período de hostigamiento y ciberacoso. Testimonios de compañeros publicados posteriormente señalaron que sufría amenazas relacionadas con la difusión de fotografías íntimas si terminaba una relación sentimental. Las versiones sobre lo sucedido y sobre la respuesta del establecimiento fueron objeto de controversia, pero el caso quedó instalado en Chile como uno de los episodios más conocidos de ciberacoso adolescente asociado a amenazas de exposición íntima.

En Brasil, el caso de Karina Saifer de Oliveira mostró otra combinación devastadora: fotografías íntimas, amenazas y bullying escolar. Karina tenía 15 años y estudiaba en una escuela pública de Nova Andradina, en Mato Grosso do Sul. Según los testimonios publicados después de su muerte, había recibido amenazas relacionadas con la divulgación de fotografías íntimas y además sufría bullying entre compañeros. Su familia descubrió la dimensión del acoso después de su muerte y se preguntó si la difusión o amenaza de difusión de las imágenes había tenido relación con el desenlace. Es importante mantener esa precisión: las fuentes familiares plantearon esa posible relación, pero no corresponde presentar la causa del suicidio como una cuestión médica o judicial definitivamente demostrada.

Colombia también tiene uno de los casos más claros de esta nueva violencia. En 2023 se informó sobre la muerte por suicidio de dos menores después de la filtración de fotografías íntimas y el acoso posterior. Uno de los casos ocurrió en Toledo, Antioquia, y generó una fuerte discusión sobre el efecto de la exposición digital y la responsabilidad de quienes reciben y redistribuyen imágenes privadas. La cobertura del caso puso de manifiesto algo que se repite en diferentes países: muchas veces el daño no comienza con la publicación original, sino con las decenas o cientos de personas que deciden descargar, reenviar, comentar o utilizar las imágenes para humillar a la víctima.

Ecuador ofrece otro tipo de caso, anterior a la era de las redes sociales pero fundamental para entender el acoso sexual dentro de las instituciones educativas. Paola Guzmán Albarracín tenía 14 años cuando comenzó a sufrir violencia sexual por parte de una autoridad de su colegio estatal en Guayaquil. La situación se prolongó durante más de un año y posteriormente la adolescente murió por suicidio, a los 16 años. En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado ecuatoriano por las violaciones de derechos sufridas por Paola y determinó que las autoridades no habían actuado diligentemente para prevenir y responder a la violencia. Fue el primer caso de violencia sexual contra una niña en el ámbito educativo que llegó a la Corte Interamericana.

El caso Paola es fundamental porque demuestra que el problema no nació con Internet. Las redes sociales cambiaron la velocidad y el alcance de la violencia, pero el abuso de poder dentro de las instituciones educativas existe desde mucho antes. La diferencia actual es que una situación que antiguamente podía quedar limitada al colegio puede convertirse en una exposición masiva en cuestión de minutos. Una fotografía puede ser copiada infinitamente; una amenaza puede aparecer a cualquier hora; y un contenido eliminado de una cuenta puede reaparecer en otra. La violencia digital, explican especialistas citados en investigaciones recientes, tiene precisamente ese carácter persistente y repetitivo.

Y ahora aparece una modalidad todavía más difícil de controlar: la sextorsión. El mecanismo es sencillo y devastador: alguien obtiene una fotografía, video o conversación íntima y amenaza con publicarla si la víctima no entrega más material, dinero o cumple determinadas exigencias. Entre jóvenes puede empezar con alguien conocido de la escuela, pero también puede intervenir un adulto que utiliza una identidad falsa. UNICEF y OPS incluyen la violencia digital dentro de las formas de violencia que requieren respuestas específicas de protección infantil. Estudios internacionales recientes también muestran que la presión para enviar contenido sexual y las amenazas de exposición son experiencias reales entre jóvenes que fueron menores, no casos excepcionales aislados.

El teléfono se convierte entonces en una extensión del patio escolar. Una adolescente que fue humillada durante una clase puede recibir mensajes durante la noche; una fotografía que circuló entre diez compañeros puede terminar en cientos de cuentas; un rumor puede transformarse en una publicación pública; y una amenaza que antes habría quedado limitada a un grupo puede convertirse en una persecución permanente. La víctima puede cambiar de aula o incluso de colegio, pero no necesariamente puede escapar de lo que quedó almacenado en los teléfonos de otros estudiantes.

La vergüenza es uno de los elementos más peligrosos de este fenómeno. Muchas víctimas creen que serán ellas quienes serán juzgadas, mientras el responsable de divulgar el material puede presentarse ante los demás como alguien que simplemente “compartió” una imagen. Esa inversión de responsabilidades es especialmente destructiva: la víctima comienza a sentirse culpable por haber confiado en alguien, por haber enviado una fotografía o incluso por haber tenido una relación afectiva. Pero jurídicamente y éticamente existe una diferencia fundamental: haber producido o enviado una imagen íntima no autoriza a otra persona a difundirla.

La escuela también enfrenta un problema nuevo: ¿hasta dónde llega su responsabilidad? Una fotografía puede ser tomada fuera del establecimiento, publicada desde una casa y distribuida durante la madrugada, pero sus consecuencias aparecen al día siguiente dentro del colegio. UNESCO considera que el acoso y el ciberacoso forman parte de la violencia escolar precisamente porque las dinámicas de agresión pueden extenderse más allá del espacio físico de la institución.

Los datos disponibles muestran además que el fenómeno no se limita al acoso sexual. En América Latina existen problemas relacionados con violencia de género, sexismo y discriminación por orientación sexual dentro de las escuelas. Un estudio citado por UNESCO en siete países —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay— encontró niveles importantes de inseguridad y violencia contra estudiantes LGBTI, mientras que en Colombia el 15% de los estudiantes estudiados había sufrido violencia escolar relacionada con su orientación sexual.

La dimensión psicológica tampoco puede tratarse como una consecuencia secundaria. La evidencia científica sobre acoso escolar y ciberacoso muestra una relación clara entre victimización y aumento de problemas de salud mental y conducta suicida, aunque eso no significa que cada suicidio de una víctima pueda atribuirse a una única causa. En un estudio citado por especialistas, el porcentaje de estudiantes que reportó haber intentado suicidarse fue mucho mayor entre quienes habían sufrido acoso presencial o ciberacoso que entre quienes no habían sufrido bullying.

Esto obliga a cambiar el lenguaje. No se trata de decir que “una foto provocó un suicidio” como si existiera una relación automática de causa y efecto. Se trata de reconocer que la difusión no consentida, las amenazas, la humillación, el aislamiento y la violencia escolar pueden formar parte de una situación de enorme sufrimiento y aumentar el riesgo de autolesión o conducta suicida. En casos concretos, como el de Paola Guzmán, los tribunales sí han establecido responsabilidades institucionales; en otros, como los de Karina o Katy Winter, existen testimonios y reportes que describen factores de acoso y amenazas, pero deben diferenciarse de una determinación judicial sobre la causa de muerte.

La aparición de inteligencia artificial agrega ahora una nueva dimensión. Ya no es necesario que exista una fotografía íntima real para producir una humillación sexual. Las herramientas de generación de imágenes permiten crear contenidos falsos con apariencia realista y utilizarlos para acosar, extorsionar o humillar a estudiantes. UNICEF ha advertido que la violencia digital incluye nuevas formas vinculadas con tecnologías emergentes y que los sistemas de protección deben adaptarse a ellas.

El problema tampoco termina con eliminar una publicación. Una imagen puede haber sido descargada antes de que la plataforma la retire; puede haber sido enviada por WhatsApp; puede aparecer en grupos cerrados; puede almacenarse en teléfonos particulares o ser modificada y republicada. Esa característica hace que la respuesta deba producirse rápidamente. No basta con decirle a la víctima que “ignore las redes”.

Los casos latinoamericanos muestran precisamente lo contrario: ignorar puede permitir que la violencia avance. Cuando un adolescente recibe amenazas relacionadas con una imagen íntima, necesita que un adulto tome la situación en serio, preserve las evidencias, active los mecanismos de protección y, cuando corresponda, comunique el hecho a las autoridades. La responsabilidad no debe recaer sobre el menor por haber confiado.

La respuesta también necesita llegar a los compañeros de clase. En muchos casos, el agresor inicial no es la única persona que causa daño. Cada reenvío, comentario, captura de pantalla o burla puede ampliar la violencia. La persona que recibe una imagen íntima de un compañero y decide compartirla deja de ser un espectador y pasa a participar en la cadena de exposición.

Por eso, la prevención no puede reducirse a decirles a los adolescentes “no envíes fotos”. Ese mensaje es insuficiente y puede terminar trasladando la responsabilidad a la víctima. La educación debe explicar consentimiento, privacidad, violencia de género digital, sextorsión, grooming, manipulación, presión de pares, consecuencias legales y, sobre todo, qué hacer cuando una imagen ya fue difundida.

Los colegios necesitan protocolos específicos. El caso de Ema en Argentina demuestra precisamente esa necesidad: después de la muerte de la adolescente, su familia participó en la creación de una guía destinada a orientar a las escuelas sobre cómo responder frente a la difusión de contenido íntimo.

La primera regla debería ser proteger a la víctima y no convertirla en objeto de interrogatorios o reproches. La segunda, detener la circulación del material y conservar evidencia sin volver a distribuirla. La tercera, evaluar inmediatamente el estado emocional del estudiante y activar asistencia profesional cuando exista riesgo. La cuarta, investigar a quienes difundieron o amenazaron con difundir el contenido. Y la quinta, informar a la familia y a las autoridades competentes según la legislación de cada país.

La historia de estos adolescentes deja una conclusión incómoda: la violencia sexual escolar ya no necesita ocurrir físicamente para destruir la sensación de seguridad de una persona. Puede comenzar con una amenaza enviada desde un teléfono, continuar con una fotografía que circula entre compañeros y terminar convirtiendo la propia habitación de la víctima en otro escenario de persecución.

En América Latina existen ya demasiados nombres asociados a esa realidad: Paola Guzmán en Ecuador, Katy Winter en Chile, Karina Saifer en Brasil, las adolescentes de Antioquia en Colombia y Ema Bondaruk en Argentina. No son historias idénticas. Algunas corresponden a abuso sexual cometido desde posiciones de autoridad; otras, a ciberacoso, amenazas o difusión de imágenes íntimas. Precisamente por eso deben analizarse por separado, pero juntas permiten observar una transformación profunda de la violencia contra niños y adolescentes.

La pregunta ya no es si Internet forma parte de la vida escolar. La pregunta es si las escuelas, las familias, las plataformas y los Estados están preparados para proteger a los estudiantes cuando la violencia del aula continúa dentro del teléfono.

Porque cuando una imagen íntima sale del control de una adolescente, el problema no es la imagen: es la violencia que otros construyen alrededor de ella.

Y cuando esa violencia está acompañada de amenazas, humillación, aislamiento y silencio institucional, el peligro puede ser mucho mayor de lo que los adultos alcanzan a percibir.

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