El Gobierno de Javier Milei analiza avanzar con la derogación de la ley que creó la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, en Santa Cruz, un tribunal que fue creado hace más de una década pero que todavía no comenzó a funcionar. La iniciativa vuelve a abrir una disputa política alrededor de una estructura judicial que durante años fue cuestionada por su utilidad y por los vínculos de algunos de los jueces designados con el kirchnerismo.

La Cámara fue creada en 2014, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con jurisdicción sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego. Su puesta en funcionamiento nunca llegó a concretarse porque la Corte Suprema no habilitó el tribunal y tampoco se completó la infraestructura necesaria para que comenzara a operar.

El proyecto adquiere especial relevancia porque en 2022 el Senado aprobó los pliegos de Marcelo Bersanelli, Nelson Sánchez y Carlos Borges para ocupar los cargos de camaristas. Bersanelli fue abogado de Cristina Kirchner y además tuvo un vínculo familiar con Máximo Kirchner, un antecedente que generó fuertes cuestionamientos de sectores opositores.

La Cámara de Piedra Buena debía convertirse en el tribunal de apelación de los juzgados federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Actualmente, esa función corresponde a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que revisa las decisiones de los juzgados federales de esas jurisdicciones.

Uno de los argumentos utilizados durante años por quienes cuestionaron la creación del tribunal fue precisamente su falta de necesidad operativa. Comandante Luis Piedra Buena es una localidad relativamente pequeña y su ubicación genera dificultades de acceso desde otras ciudades de Santa Cruz y desde Tierra del Fuego. Además, la localidad no cuenta con aeropuerto y la nueva estructura requeriría una importante inversión en infraestructura y personal.

La discusión también tiene un componente económico. La creación de una Cámara Federal implica sostener magistrados, funcionarios, empleados, instalaciones y servicios administrativos. El Consejo de la Magistratura llegó a contemplar partidas para la construcción de un edificio destinado al tribunal, aunque su funcionamiento nunca fue habilitado.

El kirchnerismo, por su parte, había considerado estratégica la existencia de esta Cámara. La creación del tribunal quedó incorporada a iniciativas de reforma judicial impulsadas durante el gobierno de Cristina Kirchner y podía modificar el esquema mediante el cual se revisaban las causas federales originadas en Santa Cruz.

La cuestión adquiere otra dimensión por los expedientes judiciales que involucran a la expresidenta y a dirigentes de su entorno. Una Cámara con jurisdicción sobre Santa Cruz habría podido convertirse en instancia de revisión de causas federales relacionadas con funcionarios y empresarios vinculados a la provincia, aunque eso no significa que su eventual funcionamiento hubiera garantizado un resultado favorable para Cristina Kirchner.

El antecedente más controvertido es Bersanelli. Además de haber ejercido como abogado de Cristina, fue señalado por sus vínculos familiares con el entorno de Máximo Kirchner. Su designación fue aprobada por el Senado en 2022, junto con los otros dos integrantes previstos para el tribunal.

La Cámara, sin embargo, nunca llegó a constituirse formalmente como órgano operativo. Los jueces fueron designados, pero el tribunal permanece sin funcionar, una situación que permitió que el debate sobre su conveniencia se mantuviera abierto durante años.

El Gobierno de Milei pretende ahora cerrar esa discusión mediante la derogación de la norma que dio origen al tribunal. La iniciativa forma parte de una política más amplia del oficialismo destinada a revisar estructuras estatales y judiciales que considera innecesarias o costosas.

Para el oficialismo, mantener una Cámara que no funciona implica conservar una estructura creada sin una justificación suficiente y con un costo potencial para el Estado. La alternativa sería mantener la actual organización judicial, con la Cámara de Comodoro Rivadavia como instancia de apelación.

El kirchnerismo y otros sectores vinculados al peronismo se resisten a esa posibilidad porque consideran que la eliminación del tribunal también tiene una dimensión política. La discusión no se limita entonces a la eficiencia administrativa: involucra el control y la distribución territorial del poder judicial federal.

El momento en que aparece la iniciativa tampoco es menor. Cristina Kirchner cumple actualmente una condena de seis años de prisión domiciliaria por la causa Vialidad, mientras la Justicia avanza además con medidas destinadas a recuperar el dinero fijado como perjuicio al Estado. En agosto, el Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó embargos sobre propiedades de la expresidenta y de sus hijos.

En paralelo, avanza el juicio por la causa Cuadernos, en el que Cristina Kirchner y otros dirigentes y empresarios están entre los acusados. La Fiscalía informó recientemente sobre el desarrollo de las audiencias del proceso.

En ese contexto, cualquier modificación de la estructura judicial que pueda tener competencia sobre causas vinculadas con el kirchnerismo adquiere una sensibilidad política especial.

La eventual derogación, además, debería atravesar el Congreso si se busca eliminar la ley que creó la Cámara. No se trata simplemente de una decisión administrativa para cerrar una oficina, sino de modificar el marco legal que estableció un tribunal federal.

La discusión promete enfrentar nuevamente al oficialismo con sectores de la oposición que cuestionan cualquier reforma judicial que pueda modificar el equilibrio de poder entre los distintos tribunales.

Para el Gobierno, el argumento central será previsiblemente la eficiencia: si la Cámara nunca comenzó a funcionar, no existe una razón suficiente para mantenerla y destinar recursos a una estructura paralizada durante años.

Para sus críticos, en cambio, la discusión deberá contemplar también el impacto que tendría eliminar un tribunal que ya cuenta con jueces designados y que fue creado mediante una ley aprobada por el Congreso.

La Cámara de Piedra Buena se convirtió así en mucho más que un tribunal que nunca abrió sus puertas. Su historia reúne una antigua disputa sobre la organización de la Justicia Federal, cuestionamientos por los vínculos políticos de algunos de sus magistrados y una discusión sobre cuánto cuesta mantener estructuras judiciales que no llegaron a funcionar.

Ahora, el Gobierno de Milei busca ponerle punto final mediante su derogación, mientras el kirchnerismo intenta impedir que desaparezca una estructura que considera parte del sistema judicial federal de Santa Cruz.

El conflicto recién comienza y tendrá una dimensión política además de institucional. Si el oficialismo consigue derogar la ley, la Cámara de Comandante Luis Piedra Buena quedará definitivamente fuera del mapa judicial y la Cámara de Comodoro Rivadavia continuará concentrando la revisión de las causas federales de la región. Si el proyecto encuentra resistencia en el Congreso, el tribunal podría permanecer durante más tiempo en una situación singular: con jueces designados, pero sin funcionar.