Estados Unidos: un exingeniero de Meta acusó a Zuckerberg de relegar la seguridad infantil frente al crecimiento de las plataformas

Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Meta, declaró ante un tribunal federal de Estados Unidos que la compañía priorizó el crecimiento, la permanencia de los usuarios y los ingresos por encima de la seguridad de niños y adolescentes en Facebook e Instagram. El testimonio forma parte de un juicio impulsado por varios estados norteamericanos que buscan obligar a Meta a modificar determinadas prácticas de sus plataformas y establecer posibles sanciones económicas.

Béjar fue el primer testigo convocado por los estados durante esta etapa del proceso. Según su declaración, los cambios relacionados con la seguridad de los usuarios jóvenes avanzaban dentro de Meta principalmente cuando Mark Zuckerberg los convertía personalmente en una prioridad. El exingeniero describió una cultura interna en la que los equipos de producto eran evaluados fundamentalmente por indicadores como la cantidad de usuarios y el tiempo que permanecían conectados.

El ingeniero trabajó en Facebook entre 2009 y 2015 y regresó posteriormente como contratista independiente, entre 2019 y 2021, concentrado en cuestiones relacionadas con el bienestar y la seguridad de adolescentes en Instagram. Durante su testimonio sostuvo que, en ese segundo período, la seguridad ocupaba un lugar secundario frente a los objetivos comerciales de la compañía.

Una de las afirmaciones más fuertes estuvo relacionada directamente con Zuckerberg. Béjar cuestionó las declaraciones públicas realizadas por el fundador de Meta después de las denuncias de la exempleada Frances Haugen en 2021, cuando la entonces Facebook fue acusada de conocer determinados riesgos de sus productos para los menores.

El exingeniero afirmó ante el tribunal que no consideraba confiable a Zuckerberg en materia de protección infantil y sostuvo que las afirmaciones del empresario sobre los esfuerzos de la compañía para mejorar la seguridad no reflejaban, según su experiencia, lo que ocurría dentro de la organización.

El proceso judicial fue iniciado por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, aunque forma parte de una ofensiva más amplia de distintos estados contra Meta por la manera en que Facebook e Instagram están diseñados y por sus posibles efectos sobre los menores. Las autoridades buscan cambios en las plataformas y también sanciones económicas.

Uno de los puntos centrales del testimonio fue la presencia de menores de 13 años en Instagram, pese a que Meta establece oficialmente esa edad como requisito mínimo para abrir una cuenta. Béjar aseguró que durante su investigación detectó decenas de miles de usuarios que aparentemente estaban por debajo de esa edad.

Según el exingeniero, dentro de la compañía existía conocimiento de la presencia de estos menores, pero no había objetivos específicos ni indicadores destinados a identificarlos activamente y expulsarlos de la plataforma. También afirmó que Meta dispone de herramientas capaces de detectar determinadas cuentas sospechosas y solicitar una verificación de edad.

Esta cuestión es especialmente sensible porque la edad mínima de 13 años está relacionada con las normas federales estadounidenses sobre privacidad infantil. El problema planteado por Béjar no sería únicamente la existencia de menores que ingresan a las plataformas pese a la restricción, sino la supuesta falta de una estrategia suficientemente activa para impedirlo.

El exingeniero también cuestionó el diseño de algunas herramientas creadas específicamente para ayudar a los jóvenes a reducir el tiempo de utilización. Mencionó, por ejemplo, la función “Take a Break”, que recomienda realizar pausas durante el uso de Instagram.

Según su declaración, esa herramienta resulta poco efectiva porque no está activada automáticamente y sus avisos pueden descartarse con facilidad. Béjar utilizó una comparación particularmente gráfica: la equiparó con un airbag que el conductor tuviera que activar manualmente cada vez que entra en un automóvil.

También cuestionó determinadas funciones diseñadas originalmente para usuarios adultos que, según su evaluación, pueden resultar problemáticas para adolescentes. Entre ellas mencionó la reproducción automática de videos y los contadores públicos de “me gusta”, visualizaciones, comentarios y seguidores.

El argumento es que esas herramientas pueden incentivar una utilización prolongada y aumentar la presión social sobre los usuarios jóvenes, especialmente en una etapa en la que la aceptación de los demás puede tener un peso importante en la autoestima y en las relaciones sociales.

Béjar sostuvo además que dentro de Meta era conocido que muchos padres no disponen del tiempo necesario para comprender completamente cómo funcionan las plataformas y cómo las utilizan sus hijos. Esa situación, según su testimonio, dejaba una parte importante de la responsabilidad de protección en manos de la propia compañía.

La cuestión es particularmente relevante porque los menores utilizan las plataformas de manera diferente a los adultos. Un adolescente puede estar expuesto simultáneamente a contenidos recomendados por algoritmos, mensajes privados, publicidad, sistemas de recompensa y mecanismos de interacción social que pueden favorecer un uso prolongado.

El juicio también se produce en un contexto de creciente presión sobre las grandes plataformas tecnológicas por los posibles efectos de las redes sociales sobre la salud mental de los jóvenes. Meta enfrenta múltiples procesos relacionados con la seguridad infantil, el diseño de sus productos y la protección de los menores.

Béjar ya participó como testigo en otros procesos judiciales contra la compañía. Uno de esos casos terminó con una condena de US$942 millones y con una orden para introducir modificaciones en los servicios de Meta dentro de esa jurisdicción.

Sin embargo, su testimonio actual no significa que todas sus acusaciones hayan sido judicialmente demostradas. Sus declaraciones forman parte de la evidencia presentada por los estados y deberán ser contrastadas con los argumentos de Meta y con el resto de las pruebas que se incorporen al proceso.

La compañía tendrá oportunidad de responder a estas acusaciones y defender sus políticas de protección de menores. El tribunal deberá finalmente determinar qué afirmaciones quedan respaldadas por la evidencia y si las prácticas cuestionadas violan las normas aplicables.

El caso puede tener consecuencias importantes para el futuro de Facebook e Instagram. Una decisión judicial que obligue a modificar determinados mecanismos de diseño podría afectar la forma en que Meta gestiona las cuentas de menores, sus sistemas de recomendación y las herramientas destinadas a limitar el tiempo de uso.

También podría generar un precedente para otras plataformas. TikTok, YouTube, Snapchat y otros servicios enfrentan debates similares en Estados Unidos y otros países sobre la edad mínima de acceso, la verificación de usuarios y la responsabilidad de las empresas frente a los menores.

La declaración de Béjar coloca además el foco en una cuestión más profunda: si una plataforma puede ser considerada segura para niños cuando sus principales indicadores de éxito están vinculados con conseguir más usuarios y mantenerlos conectados durante más tiempo.

Ese conflicto entre seguridad y crecimiento constituye uno de los principales desafíos regulatorios de las redes sociales. Las compañías necesitan mantener la participación de los usuarios para sostener sus modelos de negocio, mientras los reguladores buscan garantizar que determinadas prácticas comerciales no terminen afectando especialmente a los menores.

El juicio estadounidense podría ayudar a definir hasta dónde llega la responsabilidad de las plataformas. No se trata solamente de eliminar contenido ilegal o bloquear cuentas denunciadas, sino de determinar si el propio diseño de una aplicación puede contribuir a generar riesgos para los usuarios jóvenes.

Para Meta, el resultado puede tener consecuencias económicas y regulatorias importantes. Para los estados demandantes, el proceso representa una oportunidad para exigir cambios estructurales en servicios utilizados diariamente por millones de adolescentes.

El testimonio de Arturo Béjar vuelve a poner a Mark Zuckerberg y a Meta bajo una fuerte presión judicial por la manera en que sus plataformas protegen a los menores. La acusación sostiene que la compañía contaba con conocimientos y herramientas para mejorar determinados mecanismos de seguridad, pero que no los convirtió en una prioridad suficiente. Meta deberá responder ahora a esas afirmaciones ante el tribunal, mientras el proceso avanza hacia una posible definición sobre las prácticas que deberán modificar Facebook e Instagram.