Bolivia: los chats de Nadia Beller abren interrogantes sobre la influencia de Fernando Cerimedo en el Gobierno de Rodrigo Paz

Las conversaciones difundidas por Nadia Beller desde el hospital agregaron nuevos elementos a la investigación contra el consultor argentino Fernando Cerimedo, detenido después del ataque a tiros que dejó a la abogada gravemente herida en Santa Cruz de la Sierra. Los mensajes también generaron una controversia política en Bolivia porque Beller atribuyó a Cerimedo conversaciones en las que este aseguraba tener influencia sobre decisiones del presidente Rodrigo Paz Pereira, mientras el Gobierno reconoce que el argentino colaboró con el mandatario, aunque sostiene que nunca ocupó un cargo oficial.

Beller publicó en Facebook una captura de una conversación que atribuyó a Cerimedo y en la que el consultor aparentemente se adjudica participación en decisiones políticas. En uno de los mensajes afirma que Paz comenzó a hacerle caso respecto de cambios de ministros y una política de mayor firmeza, aunque la existencia de esa conversación no demuestra por sí misma que el presidente haya tomado decisiones siguiendo sus recomendaciones.

La publicación apareció mientras Beller permanecía internada después de haber recibido tres disparos frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Según la investigación, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y vestían como repartidores llegaron hasta el lugar y atacaron a la abogada. Los agresores escaparon después de llevarse su cartera y teléfono celular.

Horas más tarde, Cerimedo fue detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, cuando aparentemente se preparaba para abandonar Bolivia. La investigación judicial avanzó hasta una acusación por tentativa de femicidio, aunque será la Justicia la que deberá determinar quién organizó el ataque, quiénes participaron y cuál fue la responsabilidad concreta de cada investigado.

El caso adquirió una dimensión política porque Cerimedo había tenido una relación cercana con Rodrigo Paz. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, reconoció que el argentino colaboró durante la campaña electoral que llevó a Paz a la Presidencia y que continuó colaborando después de las elecciones.

Gálvez aclaró, sin embargo, que Cerimedo nunca tuvo un cargo oficial dentro de la estructura del Estado boliviano. Según su explicación, su participación estaba relacionada principalmente con comunicación digital y correspondía a una asesoría personal del presidente.

La propia declaración del vocero abrió una discusión sobre el verdadero alcance de esa relación. Gálvez explicó que cuando asumió su cargo, a finales de abril, preguntó cuál debía ser su vínculo con Cerimedo y recibió como respuesta que se trataba de una “asesoría personal del presidente”.

El Gobierno sostiene que esa colaboración no significaba que Cerimedo tuviera capacidad para definir las políticas de comunicación de la Presidencia. Gálvez aseguró que su participación era limitada y que las consultas eran esporádicas, mientras el consultor también desarrollaba actividades políticas en otros países.

Los mensajes publicados por Beller plantean, sin embargo, una versión diferente. En las conversaciones difundidas, Cerimedo aparece atribuyéndose una capacidad de influencia sobre decisiones del mandatario, especialmente en relación con cambios dentro del gabinete y una política de mayor dureza.

La diferencia entre lo que afirma el Gobierno y lo que aparece en los chats deberá ser investigada. Una conversación privada atribuida a una persona puede demostrar que esa persona decía tener determinada influencia, pero no prueba automáticamente que esa influencia haya existido realmente ni que las decisiones presidenciales hayan sido tomadas por esa razón.

Beller también difundió una fotografía en la que aparecen varios fajos de dinero junto a una placa de reconocimiento dirigida a Cerimedo. En la placa figura la inscripción “Asesor personal de S.E.”, además de referencias institucionales bolivianas.

La imagen generó nuevas preguntas sobre la relación del consultor con el poder político. Sin embargo, la fotografía tampoco permite establecer por sí sola a quién pertenecía el dinero, de dónde provenía o si estaba relacionado con alguna actividad ilegal. Esos elementos deberán ser determinados mediante una investigación formal.

La trayectoria de Cerimedo explica parte de la atención que generó el caso. El consultor argentino trabajó en la campaña presidencial de Javier Milei en Argentina y posteriormente participó en actividades políticas en otros países de la región. También estuvo vinculado con campañas en Honduras y tuvo relación con sectores cercanos al expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

En Bolivia, su cercanía con Paz había quedado expuesta incluso antes del actual escándalo. Según la investigación periodística citada en el caso, Cerimedo había tenido acceso a información relacionada con el dispositivo de seguridad del Gobierno durante una etapa de tensión política y protestas contra la administración recientemente instalada.

Pero los nuevos mensajes publicados por Beller incorporaron otro elemento: una posible influencia informal sobre decisiones del Gobierno boliviano. Esa cuestión podría convertirse en una segunda línea de investigación, separada de la causa por el ataque.

La situación se volvió todavía más delicada por otros chats difundidos por la abogada. En conversaciones fechadas en junio, Beller aparece enviando fotografías de lesiones y hematomas que, según su relato, había sufrido anteriormente. En uno de los mensajes menciona dolores en el cuello y lesiones en el rostro, mientras la cuenta atribuida a Cerimedo responde con recomendaciones relacionadas con el tratamiento de las heridas.

Otro intercambio, fechado el 11 de julio, resulta especialmente relevante para la investigación. Beller acusa directamente a Cerimedo de haberla ahorcado, arrojado al suelo y golpeado. La respuesta atribuida al consultor no contiene una confesión explícita de esos hechos, pero sí incluye una referencia a disculpas que habría pedido anteriormente.

Ese intercambio no determina por sí mismo la responsabilidad penal de Cerimedo, pero puede adquirir valor como elemento de contexto dentro de la investigación, especialmente porque las conversaciones aparecen relacionadas temporalmente con las lesiones que Beller había mostrado semanas antes.

El Gobierno de Rodrigo Paz reaccionó intentando separar la investigación judicial de cualquier consideración política. El propio presidente expresó públicamente su solidaridad con Beller y ordenó que las autoridades realizaran una investigación “profunda, transparente y exhaustiva”.

Paz también pidió que la víctima recibiera las garantías necesarias y que el proceso avanzara con independencia. El mensaje buscó dejar claro que la cercanía de una persona investigada con el entorno presidencial no debería impedir que la Justicia avance.

Gálvez reforzó esa posición y aseguró que no habrá protección política para Cerimedo. El vocero afirmó que cualquier persona vinculada con el Gobierno debe responder ante la Justicia si existen elementos que indiquen la comisión de un delito.

También se refirió a las acusaciones de Beller sobre posibles beneficios económicos derivados de la relación de Cerimedo con el Gobierno. La abogada afirmó que el consultor no recibía un salario convencional por sus tareas, sino que podía obtener comisiones relacionadas con grandes contratos.

El vocero presidencial respondió que esa afirmación debía ser investigada y reconoció que, si fuera cierta, se trataría de una situación grave. Al mismo tiempo, pidió no anticipar conclusiones mientras la investigación judicial continúa.

La controversia tiene ahora dos dimensiones. La primera es penal y está relacionada con el ataque contra Nadia Beller. La segunda es política y busca determinar cuál era realmente el papel de Cerimedo dentro del entorno presidencial de Rodrigo Paz.

Ambas investigaciones pueden avanzar de manera paralela. La Justicia deberá determinar las responsabilidades por el ataque, mientras las autoridades y eventualmente otros organismos deberán establecer si existieron irregularidades relacionadas con contratos, dinero, acceso a información sensible o influencia política.

El caso también expone los riesgos de las relaciones informales entre consultores privados y gobiernos. Una persona puede colaborar en una campaña electoral y continuar asesorando a un presidente sin ocupar formalmente un cargo público. Pero cuando esa relación alcanza decisiones de Estado, contratos o información reservada, la frontera entre asesoramiento privado y ejercicio informal del poder puede convertirse en un problema institucional.

Por ahora, las autoridades bolivianas intentan sostener que Cerimedo no tenía un cargo oficial y que ninguna relación personal con el presidente le otorgaba inmunidad.

La publicación de Beller, sin embargo, obligó al Gobierno a responder públicamente sobre una relación que hasta ahora se presentaba como una colaboración principalmente vinculada con la comunicación digital.

El caso permanece abierto y las acusaciones todavía deben ser probadas. Los chats difundidos por Beller constituyen elementos que pueden ser incorporados a la investigación, pero no permiten establecer por sí solos que Cerimedo haya ordenado el ataque ni que Rodrigo Paz haya tomado decisiones políticas por indicación suya.

Lo que sí quedó expuesto es que Fernando Cerimedo mantuvo una relación cercana con el actual presidente boliviano, continuó colaborando después de la campaña y fue descrito por el propio Gobierno como asesor personal de Paz, aunque sin un cargo formal dentro del Estado. Ahora la Justicia deberá determinar qué ocurrió con Beller y, paralelamente, si las revelaciones sobre la actividad política y económica del consultor esconden algo más que una relación informal de asesoramiento.