La Fiscalía de Bolivia solicitará 180 días de prisión preventiva para Fernando Cerimedo, detenido e investigado por su presunta participación en la tentativa de feminicidio contra la abogada Nadia Beller, quien fue atacada a tiros en Santa Cruz de la Sierra. El pedido será presentado ante un juez, que deberá decidir si corresponde mantener al acusado privado de libertad mientras avanza la investigación. Cerimedo permanece detenido desde el martes, cuando fue arrestado en el aeropuerto internacional de Viru Viru.

El ataque ocurrió el lunes, cuando dos hombres que aparentaban ser repartidores de comida se acercaron a Beller en las inmediaciones de un hotel y uno de ellos efectuó varios disparos contra la mujer. El segundo atacante le habría sustraído algunas pertenencias antes de escapar del lugar. Beller sobrevivió y posteriormente prestó declaración ante la Fiscalía.

La investigación tomó un giro político debido a la relación que Cerimedo mantuvo con el presidente boliviano Rodrigo Paz. El Gobierno boliviano aclaró que el detenido no ocupaba formalmente el cargo de asesor presidencial ni pertenecía a la estructura estatal, aunque reconoció que había colaborado estrechamente con Paz durante la campaña electoral de 2025 y que posteriormente continuó participando en asuntos relacionados con comunicación.

Cerimedo también es conocido por su participación en campañas políticas de la derecha latinoamericana y por su vínculo anterior con el presidente argentino Javier Milei. Su detención en Bolivia convirtió el ataque contra Beller en un caso con repercusiones que trascienden el ámbito policial y alcanzan directamente a círculos políticos de ambos países.

La Fiscalía de Santa Cruz informó que la imputación formal será presentada en las próximas horas y que, una vez formalizada, un juez tendrá que resolver la situación cautelar. El fiscal departamental Alberto Zeballos explicó que el Ministerio Público considera necesario solicitar seis meses de detención preventiva para permitir que continúe la recolección de pruebas.

Entre los elementos incorporados a la investigación se encuentran registros de cámaras de seguridad y otros indicios obtenidos durante las primeras diligencias. Las imágenes son especialmente relevantes para establecer cómo ocurrió el ataque, identificar a los autores materiales y determinar si existió una planificación previa.

Beller ya declaró ante los investigadores, mientras que Cerimedo se abstuvo de responder durante su comparecencia. Esa decisión forma parte de sus derechos procesales y no constituye, por sí misma, una prueba de responsabilidad.

La víctima también realizó públicamente acusaciones contra Cerimedo y sostuvo que él estaría detrás del ataque. Sin embargo, esas afirmaciones forman parte de la investigación y todavía deben ser corroboradas por la Justicia. La Fiscalía deberá presentar ante el juez los elementos que permitan establecer si existe una conexión entre el acusado y los autores materiales de los disparos.

El caso adquirió todavía mayor repercusión después de que Beller denunciara que conocía información relacionada con supuestas irregularidades y hechos de corrupción que involucrarían a personas vinculadas con el poder político boliviano. También afirmó haber sufrido episodios anteriores de violencia y pidió que esas circunstancias sean consideradas dentro de la investigación.

El Gobierno de Rodrigo Paz negó que Cerimedo haya recibido protección política y aseguró que no existirá ningún trato privilegiado para el detenido. El propio presidente pidió una investigación exhaustiva y manifestó que el esclarecimiento de los hechos debe estar por encima de cualquier consideración política.

Paz expresó además su solidaridad con Beller y aseguró que se adoptarán medidas para garantizar su seguridad mientras continúa la investigación. La abogada, por su parte, cuestionó inicialmente el manejo de la causa y pidió que el expediente no fuera declarado reservado.

Esa solicitud fue atendida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, quien informó que se instruyó al juez encargado de la causa para mantener el proceso fuera de reserva. La decisión permite que exista mayor seguimiento público sobre una investigación que involucra a personas vinculadas con sectores políticos de alto nivel.

El pedido de 180 días de prisión preventiva no significa que Cerimedo haya sido condenado. La medida cautelar, si finalmente es concedida, tendría como objetivo garantizar el desarrollo de la investigación y no constituye una sentencia sobre su responsabilidad penal. La Justicia deberá determinar posteriormente si existen elementos suficientes para avanzar hacia una acusación formal y un eventual juicio.

La Fiscalía tendrá que establecer también quiénes fueron los autores materiales del ataque y cuál fue el motivo. La participación de dos hombres disfrazados como repartidores plantea la posibilidad de una acción planificada, aunque esa hipótesis deberá ser demostrada mediante pruebas.

El uso de cámaras de seguridad, registros telefónicos, movimientos financieros, comunicaciones y testimonios podría resultar determinante para reconstruir los hechos. También será importante determinar si existieron encuentros previos entre Beller y las personas que participaron del ataque.

Mientras tanto, Nadia Beller continúa siendo una pieza central de la investigación, no solo por ser la víctima del ataque, sino también por las denuncias que realizó posteriormente sobre supuestos hechos de corrupción y por la información que afirma poseer.

El caso coloca nuevamente bajo atención la relación entre operadores políticos, campañas electorales y estructuras de poder en Bolivia. Cerimedo colaboró con Rodrigo Paz durante su campaña y posteriormente mantuvo contactos con sectores cercanos al Gobierno, aunque la administración boliviana insiste en que nunca tuvo un cargo oficial.

La situación también puede generar repercusiones en Argentina debido a los antecedentes políticos de Cerimedo y a su relación con el entorno de Milei. Un proceso judicial que inicialmente comenzó como una investigación por un ataque armado terminó involucrando a figuras y redes políticas de alcance regional.

Por ahora, el próximo paso será la audiencia cautelar. Allí, el juez deberá analizar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa y decidir si Cerimedo permanecerá detenido durante los 180 días solicitados o si corresponde aplicar una medida alternativa.

La investigación entra así en una etapa decisiva. La Fiscalía deberá demostrar qué elementos vinculan a Cerimedo con el ataque contra Beller, mientras la defensa tendrá la posibilidad de cuestionar esas pruebas y presentar su propia versión de los hechos. Hasta que la Justicia determine lo contrario, el acusado mantiene su presunción de inocencia.

El ataque contra Nadia Beller dejó de ser solamente un caso policial y se transformó en un expediente de alto impacto político en Bolivia. La detención de Fernando Cerimedo, sus vínculos con Rodrigo Paz y Javier Milei, las acusaciones realizadas por la víctima y las denuncias de presuntas irregularidades alrededor del poder boliviano colocaron el caso bajo una fuerte atención regional. Ahora, la decisión sobre los 180 días de prisión preventiva será el primer gran paso judicial para determinar cómo continuará una investigación que todavía tiene numerosas preguntas abiertas.