El senador liberal Ever Villalba presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y otros funcionarios y responsables de la concesionaria Rutas del Este S.A., a raíz del accidente ocurrido el sábado 15 de agosto en Pedrozo, donde murieron seis personas. La presentación busca determinar si existieron omisiones en materia de seguridad vial que pudieron contribuir al desenlace fatal.

La denuncia alcanza también al viceministro de Obras Públicas, Hugo Arce, a funcionarios técnicos encargados de la fiscalización y a directivos de la empresa concesionaria. El documento solicita que la Fiscalía investigue posibles hechos punibles como homicidio en grado de dolo eventual, homicidio culposo, lesiones culposas e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre.

Villalba aclaró que la denuncia no pretende establecer de antemano la responsabilidad penal de los involucrados, sino que busca que el Ministerio Público determine quiénes tenían obligaciones concretas de prevención, qué información manejaban sobre el peligro existente y si alguna omisión tuvo relación directa con las muertes.

El accidente ocurrió durante la noche del sábado, cuando un camión volquete que transportaba ladrillos habría sufrido una falla en el sistema de frenos mientras descendía por la Ruta PY02. El vehículo no pudo detenerse y terminó impactando contra varios automóviles que estaban detenidos frente al semáforo del cruce de Pedrozo, en Ypacaraí.

El choque provocó un incendio y dejó seis personas fallecidas y varios heridos de gravedad. Entre las víctimas había funcionarios de la Cámara de Senadores, circunstancia que aumentó la repercusión política del caso, aunque la denuncia presentada por Villalba plantea que el problema debe ser investigado más allá de las víctimas vinculadas al Congreso.

Pedrozo ya arrastraba antecedentes preocupantes. El sector es considerado desde hace años uno de los puntos más peligrosos de la Ruta PY02, particularmente por el descenso pronunciado y la presencia de vehículos pesados. En septiembre de 2024, otro camión que habría quedado sin frenos protagonizó un accidente en la misma zona que dejó seis muertos y varios heridos.

Después de aquel accidente, el MOPC había planteado diferentes alternativas para mejorar la seguridad. Entre ellas apareció la construcción de un paso a desnivel destinado a eliminar el peligroso cruce semaforizado. Sin embargo, la obra sufrió retrasos vinculados con la liberación de la franja de dominio y procesos de expropiación.

El propio viceministro Hugo Arce había señalado que la eliminación definitiva del semáforo dependía de esa obra. Según las explicaciones oficiales, el paso a desnivel debía estar habilitado en junio de este año, pero los trabajos no avanzaron en los plazos previstos.

Otro elemento que aparece en la discusión es la existencia de una rampa de emergencia destinada a camiones que pierden los frenos durante el descenso. Las autoridades indicaron que el conductor involucrado en el accidente del sábado no utilizó esa vía de escape.

Después de la tragedia, el MOPC anunció nuevas medidas. Entre ellas figura la instalación de una báscula móvil permanente en Kurusu Peregrino, además de un pedido de informes a la Patrulla Caminera para determinar si se estaban realizando los controles aleatorios correspondientes a los vehículos que circulan por el peligroso tramo.

La denuncia penal introduce ahora una cuestión diferente: no solamente qué ocurrió con el camión, sino si las condiciones de seguridad existentes en Pedrozo eran suficientes y si las autoridades habían cumplido con las medidas de prevención que correspondían.

Ese punto será central para la investigación. Una falla mecánica en un vehículo pesado puede producir un accidente, pero la Fiscalía deberá determinar si existían mecanismos de seguridad capaces de reducir sus consecuencias y si fueron implementados, controlados y mantenidos correctamente.

También deberá establecerse qué responsabilidad corresponde a cada organismo y a la empresa concesionaria. La denuncia no se limita a la ministra Centurión, sino que incluye a funcionarios técnicos y responsables de fiscalización, además de directivos de Rutas del Este S.A.

El caso puede convertirse en un nuevo frente político para el Gobierno de Santiago Peña. Sectores opositores ya habían reclamado la interpelación y eventual destitución de Centurión, cuestionando la respuesta del Ministerio de Obras Públicas frente a los accidentes registrados en Pedrozo.

La discusión política se concentra particularmente en una pregunta: ¿cuánto tiempo puede permanecer sin una solución definitiva un punto vial que ya registra múltiples accidentes mortales?

Para los legisladores que impulsan la denuncia, el problema no puede analizarse solamente como un accidente provocado por una falla mecánica. Consideran necesario investigar si las autoridades conocían los riesgos del lugar y si las medidas prometidas después de accidentes anteriores fueron efectivamente ejecutadas.

La Fiscalía tendrá ahora que reunir documentación, informes técnicos, antecedentes de las obras, registros de controles, peritajes y testimonios para determinar si existe responsabilidad penal.

Mientras tanto, la tragedia volvió a poner a Pedrozo en el centro de la discusión sobre seguridad vial, control de vehículos pesados e infraestructura de la Ruta PY02.

La denuncia contra Claudia Centurión no significa que la ministra haya sido declarada responsable de las muertes. Lo que comienza es una investigación destinada a determinar si existieron responsabilidades penales por acción u omisión. Esa diferencia será fundamental durante el proceso.

El caso también deja pendiente una cuestión que trasciende a los funcionarios actualmente cuestionados: la necesidad de una solución definitiva para un tramo que ya acumula antecedentes de accidentes graves.

La tragedia de Pedrozo, por lo tanto, entra ahora en una nueva etapa. Además de la investigación sobre las causas mecánicas del accidente y las responsabilidades del conductor, la Justicia deberá analizar si el Estado y los responsables de la infraestructura hicieron todo lo necesario para evitar que un vehículo sin frenos pudiera convertir nuevamente el descenso de la PY02 en una zona mortal.

La investigación penal buscará determinar si las seis muertes fueron solamente consecuencia de una falla mecánica o si también existieron omisiones de seguridad que pudieron haber evitado la tragedia. Esa será la principal cuestión que deberá resolver el Ministerio Público en una causa que ya abrió un fuerte conflicto político alrededor del MOPC.