El presidente de Chile, José Antonio Kast, enfrenta una creciente tensión dentro de los sectores que respaldan a su Gobierno por el alcance de su nueva estrategia contra el crimen organizado y el terrorismo. La denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) contempla reformas constitucionales y legales para ampliar las herramientas del Estado, endurecer las penas y reforzar el control de las cárceles, las fronteras y las organizaciones criminales. Sin embargo, algunas de las medidas planteadas han generado reparos incluso entre aliados del oficialismo, especialmente por sus posibles efectos sobre derechos fundamentales y por el nivel de poder que podrían concentrarse en el Ejecutivo.
La controversia se intensificó después de que trascendiera un borrador de la reforma constitucional en materia de seguridad. Entre las propuestas aparecieron restricciones a determinadas prestaciones para personas condenadas por crimen organizado, terrorismo o narcotráfico. La posibilidad de limitar el acceso a servicios básicos generó críticas dentro y fuera del oficialismo.
Kast salió públicamente a aclarar el alcance de la iniciativa y negó que su Gobierno pretenda dejar sin atención médica, alimentación o techo a las personas privadas de libertad. El mandatario sostuvo que se debe esperar el texto definitivo antes de sacar conclusiones y defendió la necesidad de discutir las reformas dentro del marco institucional.
El problema político es que los cuestionamientos no provienen únicamente de la oposición. Partidos que forman parte del espacio oficialista, entre ellos la UDI y el Partido de la Gente, expresaron reparos frente a algunas de las propuestas, lo que puede dificultar la construcción de las mayorías parlamentarias necesarias para modificar la Constitución.
La ofensiva de Kast tiene como punto de partida un diagnóstico que el Presidente ha repetido desde el comienzo de su mandato: el crimen organizado dejó de ser un problema limitado a determinadas zonas y se convirtió en una amenaza nacional vinculada con narcotráfico, sicariato, secuestros, lavado de dinero, control territorial y penetración de las cárceles.
Durante su cuenta pública, Kast anunció siete fuerzas de tarea especializadas para coordinar a Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, Gendarmería y organismos fiscalizadores. Cada estructura tendrá un objetivo específico: fronteras y puertos, secuestro y sicariato, ciberdelito, crimen organizado, mercados ilícitos, finanzas criminales y violencia en la Macrozona Sur.
La intención es modificar la forma en que el Estado enfrenta a las organizaciones criminales. En lugar de actuar únicamente después de un delito, el Gobierno busca atacar simultáneamente el liderazgo de las bandas, sus territorios, sus recursos financieros y sus redes operativas.
La estrategia incluye además un aumento del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, mayores facultades para las policías, fortalecimiento del control migratorio y nuevas herramientas para perseguir organizaciones criminales. También se plantea endurecer considerablemente las penas por asociación delictiva y criminal.
Otro eje fundamental es el sistema penitenciario. Kast considera que las cárceles se han convertido en centros desde los cuales determinados grupos continúan coordinando actividades delictivas. Por eso, su Gobierno comenzó a reforzar los regímenes de máxima seguridad y anunció un ambicioso plan de infraestructura penitenciaria.
En agosto, el Ejecutivo realizó la denominada “Operación Cancerbero”, mediante la cual trasladó a 295 internos considerados de alta peligrosidad a la nueva cárcel de La Laguna, en la Región del Maule. Entre ellos había integrantes y dirigentes de organizaciones criminales. El operativo fue presentado como una señal de que el Estado pretende recuperar el control de los establecimientos penitenciarios.
La nueva prisión cuenta con sistemas avanzados de vigilancia y bloqueadores de telefonía, elementos considerados esenciales por el Gobierno para impedir que los líderes criminales continúen dirigiendo operaciones desde las cárceles.
La política penitenciaria de Kast también contempla un Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria hasta 2030, que prevé incorporar inicialmente más de 20.000 nuevas plazas en todo Chile. El objetivo es reducir el hacinamiento y, simultáneamente, separar a los internos de acuerdo con su nivel de peligrosidad.
Pero el Gobierno sostiene que el endurecimiento penitenciario debe combinarse con programas de rehabilitación. La estrategia oficial contempla educación, capacitación laboral, tratamiento de adicciones y programas de reinserción para quienes puedan abandonar las organizaciones delictivas.
La discusión política se produce además después de una serie de operativos que el Ejecutivo utiliza para mostrar resultados. El Gobierno ha destacado una reducción de los homicidios respecto de períodos anteriores y una disminución de los ingresos irregulares por la frontera norte.
Sin embargo, el desafío para Kast no es solamente demostrar resultados policiales, sino conseguir que su propia coalición respalde las reformas que pretende aprobar. Las medidas constitucionales necesitan acuerdos parlamentarios y cualquier división entre los partidos que apoyan al Gobierno puede ralentizar o modificar sustancialmente el proyecto.
La controversia sobre las prestaciones de los presos es particularmente sensible porque toca directamente el límite entre seguridad y derechos fundamentales. El Gobierno puede endurecer las condiciones penitenciarias y aumentar las restricciones para internos de alta peligrosidad, pero debe hacerlo dentro de los límites establecidos por la Constitución, las leyes y los compromisos internacionales asumidos por Chile.
Kast intenta presentar esa discusión como parte de una transformación más amplia del Estado. Su Gobierno quiere que la seguridad pública quede expresamente reconocida como un deber constitucional prioritario, de manera que las autoridades tengan un marco jurídico más amplio para actuar frente a amenazas graves.
La propuesta incluye también nuevas categorías y mecanismos para perseguir a organizaciones criminales y terroristas. El objetivo es que la legislación no se concentre únicamente en los delitos individuales, sino que pueda perseguir la estructura completa de una organización.
Ese enfoque tiene una lógica particular: si una banda funciona como una empresa criminal, el Estado busca intervenir sus diferentes componentes al mismo tiempo. No solamente detener a sus miembros, sino también decomisar sus bienes, seguir sus movimientos financieros, controlar sus comunicaciones y cortar sus vínculos territoriales.
Kast también ha planteado la creación de mecanismos específicos para perseguir las finanzas del crimen organizado, incluyendo el decomiso y destrucción de bienes vinculados a actividades criminales y el fortalecimiento institucional para seguir el dinero de las organizaciones.
El componente migratorio constituye otra parte importante de la estrategia. El Gobierno pretende ampliar las posibilidades de retención y expulsión de personas que ingresaron irregularmente al país y que no tienen derecho a permanecer en Chile. Para La Moneda, el control de la frontera es fundamental porque varias organizaciones criminales tienen carácter transnacional.
Chile, además, está intentando coordinar esta estrategia con otros países de la región. En mayo, Kast reunió en Santiago a autoridades de seguridad de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú para establecer mecanismos de cooperación frente al crimen organizado transnacional.
El acuerdo regional contempla intercambio de información de inteligencia, coordinación fronteriza, seguimiento de rutas financieras ilícitas, cooperación técnica y mecanismos conjuntos de respuesta. El Gobierno chileno considera que las organizaciones criminales ya operan atravesando fronteras y que ningún país puede enfrentarlas de manera completamente aislada.
La estrategia de Kast también tiene una dimensión política. El Presidente llegó al poder con un discurso fuertemente centrado en seguridad y orden público y necesita demostrar que sus promesas pueden transformarse en resultados concretos.
El problema es que cuanto más ambiciosa es la reforma, mayor es también el riesgo de generar resistencia dentro de su propio bloque. Los sectores más duros quieren avanzar rápidamente, mientras otros aliados advierten que determinadas medidas podrían ser difíciles de defender política y jurídicamente.
El debate puede convertirse, por tanto, en una de las primeras grandes pruebas de gobernabilidad de Kast.
Si consigue mantener unida a su coalición y obtener apoyo parlamentario, Chile podría avanzar hacia una de las reformas de seguridad más profundas de las últimas décadas. Si las diferencias internas se profundizan, algunas de las propuestas podrían sufrir modificaciones importantes antes de convertirse en ley.
El Gobierno, entretanto, intenta acelerar la agenda. Kast ha señalado que quiere que las herramientas legislativas contra el crimen organizado sean aprobadas antes de Navidad, mientras sus ministros trabajan en el contenido definitivo de las reformas.
La disputa dentro del oficialismo muestra que la política de seguridad de Kast ya no es solamente una cuestión de endurecer penas o aumentar la presencia policial. Se ha convertido en una discusión sobre hasta dónde puede llegar el Estado para recuperar el control territorial y penitenciario sin cruzar los límites constitucionales. El Presidente apuesta por una estrategia de mayor poder operativo, coordinación institucional y endurecimiento penal, pero ahora deberá demostrar que puede convertir ese proyecto en legislación sin fracturar a los sectores políticos que sostienen su Gobierno.
El resultado de esta batalla tendrá consecuencias que irán más allá de las próximas reformas. Si Kast consigue consolidar su agenda contra el crimen organizado, puede establecer un nuevo modelo de seguridad para Chile y fortalecer una de las principales banderas de su administración. Si, en cambio, las diferencias con sus aliados terminan bloqueando las iniciativas más controvertidas, el Gobierno tendrá que moderar parte de su estrategia y buscar acuerdos más amplios en el Congreso. Por ahora, la seguridad continúa siendo el principal campo de acción política del Ejecutivo y también uno de sus mayores desafíos
ACERCA DEL CORRESPONSAL
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