Uruguay: impulsan un proyecto para prohibir las redes sociales a menores de 15 años

El Parlamento uruguayo analiza un proyecto de ley que busca prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años y obliga a las plataformas a impedir que niños y adolescentes por debajo de esa edad creen, mantengan o reactiven cuentas personales. La iniciativa fue presentada por el diputado opositor Felipe Schipani, del Partido Colorado, quien sostiene que el objetivo es proteger la salud física y mental, la privacidad, la seguridad y el desarrollo integral de los menores frente a los riesgos del entorno digital.

La propuesta establece que las empresas deberán implementar mecanismos razonables, proporcionales, eficaces y auditables para verificar la edad de los usuarios y bloquear el acceso de quienes tengan menos de 15 años. La responsabilidad recaería sobre los proveedores de las plataformas y no sobre los padres o tutores, que no enfrentarían sanciones civiles ni penales por el incumplimiento de sus hijos.

El proyecto contempla un régimen de sanciones para las empresas que no cumplan con las nuevas obligaciones. Las penalizaciones dependerían de factores como la gravedad y reiteración de la infracción, la cantidad de usuarios afectados, el beneficio obtenido y la capacidad económica de la compañía. Las multas podrían llegar a casi un millón de dólares e incluso contemplarse la suspensión de una plataforma.

La iniciativa plantea excepciones. Quedarían fuera de la prohibición determinadas plataformas cuya finalidad principal sea educativa, de apoyo psicológico o que no presenten los riesgos que motivan la regulación. La intención es concentrar la restricción en las redes sociales que funcionan principalmente como espacios de interacción, entretenimiento, consumo de contenidos y recopilación de datos.

Schipani sostiene que las redes dejaron de ser simples herramientas de comunicación y se transformaron en espacios permanentes de socialización. Según los fundamentos del proyecto, los sistemas algorítmicos están diseñados para captar la atención, prolongar el tiempo de permanencia, recopilar información sobre los usuarios y ofrecer contenidos personalizados, una situación que considera especialmente delicada cuando se trata de menores.

Entre los riesgos mencionados aparecen el ciberacoso, el grooming, la sextorsión, la difusión de imágenes íntimas, la suplantación de identidad y la exposición a contenidos relacionados con autolesiones, suicidio, trastornos alimentarios, violencia, drogas, apuestas y desafíos peligrosos. El legislador también cuestiona la posibilidad de que las plataformas utilicen información sobre los hábitos, preferencias o estado emocional de los menores con fines comerciales.

La discusión uruguaya ocurre además en un momento en que varios países están revisando la relación entre menores y redes sociales. Australia estableció una edad mínima de 16 años para mantener cuentas en determinadas plataformas, mientras que Francia intentó establecer una prohibición para menores de 15 años, pero su Consejo Constitucional anuló recientemente la medida por considerar que podía vulnerar de manera desproporcionada derechos fundamentales como la libertad de expresión y la privacidad.

Ese antecedente francés introduce una dificultad que Uruguay deberá considerar: cómo verificar la edad de los usuarios sin crear un sistema que obligue a toda la población a entregar información personal sensible. La discusión sobre los métodos de identificación será fundamental si la iniciativa avanza, porque una herramienta demasiado invasiva podría generar nuevos problemas de privacidad.

El Parlamento uruguayo ya había iniciado este año un proceso más amplio de consulta sobre el impacto de las redes sociales, los videojuegos, los algoritmos y la inteligencia artificial en niños y adolescentes. La consulta pública, impulsada por el Parlamento, Agesic, Ceibal, el Consejo Nacional Consultivo de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y el PNUD, permanece abierta hasta septiembre.

Por ese motivo, el proyecto se incorpora a un debate más amplio sobre cómo proteger a los menores en un entorno digital que evoluciona más rápidamente que las regulaciones. La discusión no se limita a establecer una edad mínima, sino que también incluye la responsabilidad de las plataformas, el diseño de los algoritmos, la privacidad y las herramientas de control parental.

La propuesta todavía no es una prohibición vigente en Uruguay. Se encuentra a estudio del Parlamento y deberá atravesar el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse eventualmente en una norma obligatoria.

El debate promete ser complejo porque enfrenta dos objetivos: proteger a niños y adolescentes frente a riesgos que pueden tener consecuencias reales y, al mismo tiempo, garantizar sus derechos de acceso a la información, comunicación y participación en la sociedad digital.

Uruguay vuelve así a colocarse en el centro de la discusión regional sobre la edad mínima para utilizar redes sociales. Si el proyecto avanza, el país deberá resolver no solo cómo impedir el acceso de los menores de 15 años, sino también cómo controlar a las grandes plataformas, garantizar la privacidad de los usuarios y evitar que la prohibición termine siendo fácilmente eludida mediante mecanismos de verificación insuficientes.