Los cardenales venezolanos Baltazar Porras y Diego Padrón, junto con monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, respaldaron el actual proceso de negociación entre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición, pero reclamaron que el diálogo tenga como objetivo concreto una salida democrática y la convocatoria de una elección presidencial en un plazo razonable. Los tres referentes de la Iglesia Católica venezolana pidieron además ampliar la participación a otros sectores políticos y sociales, ofrecieron colaborar como observadores del proceso y advirtieron que cualquier negociación solo tendrá legitimidad si permite avanzar hacia una solución institucional, pacífica y democrática. Su pronunciamiento se produce en un momento especialmente delicado: las delegaciones oficialista y opositora mantienen conversaciones en Caracas, con acompañamiento de Estados Unidos, mientras todavía no existe una fecha definida para las próximas elecciones presidenciales.

El pronunciamiento de los líderes religiosos llega cuando Venezuela atraviesa una etapa política completamente distinta a la que existía pocos meses atrás. El país se encuentra gobernado por un Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, mientras representantes del oficialismo y de la oposición comenzaron un nuevo proceso de conversaciones destinado a establecer las condiciones para una eventual transición política.

La Iglesia, que durante años ha participado en diferentes momentos de mediación y acompañamiento social, intenta ahora posicionarse como una institución que puede contribuir a evitar que la negociación quede reducida a un acuerdo entre grupos políticos específicos.

Los cardenales Baltazar Porras y Diego Padrón, junto con monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, plantearon que el proceso debe incorporar a una representación más amplia de la sociedad venezolana. Su posición apunta directamente a uno de los principales cuestionamientos que rodean la actual mesa de diálogo: quiénes están realmente representados y quiénes quedaron fuera de ella.

Una negociación que ya está en marcha

Las declaraciones de los líderes católicos no se producen en el vacío. Desde el 6 de agosto, representantes del Gobierno venezolano y de un sector de la oposición comenzaron formalmente un nuevo ciclo de conversaciones en Caracas.

La mesa cuenta con representantes del oficialismo vinculados al entorno de Jorge Rodríguez y con dirigentes de la Asamblea Nacional elegida en 2015, encabezados por Dinorah Figuera. El proceso tiene acompañamiento estadounidense y fue diseñado para avanzar hacia una eventual transición política.

Las primeras reuniones se desarrollaron bajo un esquema reservado y con una agenda que incluye cuestiones relacionadas con la recuperación institucional, derechos civiles, funcionamiento del sistema electoral, situación humanitaria y la eventual elaboración de un cronograma electoral.

El primer ciclo de conversaciones fue previsto hasta el 12 de agosto, lo que significa que el pronunciamiento de la Iglesia coincide prácticamente con el cierre de esta primera etapa.

La segunda reunión entre representantes del Gobierno y de la oposición ya se había producido el 7 de agosto, mientras las delegaciones continuaban trabajando sobre una hoja de ruta para la transición.

El problema central: todavía no hay fecha electoral

La exigencia de la Iglesia tiene un punto fundamental: Venezuela necesita conocer cuándo volverá a votar para elegir presidente mediante un proceso democrático.

Aunque las conversaciones actuales tienen como uno de sus objetivos declarados avanzar hacia elecciones, hasta ahora no se ha anunciado públicamente una fecha concreta para los comicios presidenciales.

Esta ausencia constituye uno de los principales puntos de incertidumbre del proceso.

Una negociación política puede establecer acuerdos sobre instituciones, seguridad, derechos humanos, economía o administración pública, pero si no termina desembocando en un mecanismo democrático para definir quién gobernará Venezuela, corre el riesgo de convertirse en un proceso de administración prolongada de la transición.

Por eso los cardenales plantean que el diálogo debe tener un horizonte electoral definido, y no limitarse a establecer acuerdos entre las élites políticas.

¿Por qué la Iglesia pide ampliar el diálogo?

La composición de la actual mesa es uno de los elementos más controvertidos.

La delegación opositora incluye a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, institución que durante años fue reconocida internacionalmente como uno de los principales órganos opositores al chavismo.

Sin embargo, importantes sectores de la oposición no participan directamente en esta negociación.

Entre las ausencias más significativas se encuentra María Corina Machado, una de las principales dirigentes opositoras venezolanas, y Edmundo González Urrutia, quien fue candidato presidencial opositor en las elecciones de 2024 y posteriormente recibió reconocimiento internacional como vencedor de esos comicios por parte de distintos gobiernos y sectores políticos.

La ausencia de estos actores plantea una cuestión esencial: ¿puede una negociación producir una transición legítima si algunos de los principales sectores opositores no participan directamente?

La Iglesia parece responder indirectamente a esta pregunta al reclamar una participación más amplia.

Su propuesta no necesariamente significa incorporar a cada organización política a una misma mesa, sino garantizar que el resultado final tenga un nivel de representación suficiente para ser aceptado por una parte amplia de la sociedad.

Una Iglesia que ya había reclamado una salida democrática

La posición actual tampoco representa un cambio repentino en la trayectoria de estos dirigentes religiosos.

En febrero de 2026, los mismos tres referentes —Porras, Padrón y Pérez Morales— habían formulado propuestas para avanzar hacia una sociedad basada en el bien común, la justicia, la democracia y la libertad.

Entre las medidas que planteaban figuraba la recuperación de condiciones para una comunicación libre y plural, en un país donde el control de los medios de comunicación y las restricciones a la libertad de expresión han sido durante años uno de los principales puntos de conflicto político.

La Iglesia venezolana también ha tenido antecedentes de enfrentamientos con el poder político.

Durante el Gobierno de Nicolás Maduro, la Conferencia Episcopal Venezolana y diferentes obispos cuestionaron públicamente decisiones gubernamentales y reclamaron condiciones democráticas, libertad para presos políticos y respeto de los derechos humanos.

En momentos anteriores, la Iglesia incluso fue objeto de fuertes ataques verbales por parte de Maduro, especialmente después de que representantes religiosos criticaran determinadas políticas oficiales y reclamaran mayor apertura política.

Por eso, la declaración actual debe interpretarse como parte de una posición institucional acumulada durante años, y no simplemente como una reacción al nuevo proceso de negociación.

Del enfrentamiento al diálogo

Para comprender la importancia del momento actual hay que recordar que Venezuela pasó durante años de una confrontación política abierta a sucesivos intentos de negociación que terminaron sin producir una solución definitiva.

Desde los diálogos realizados en República Dominicana hasta las negociaciones de México, diferentes gobiernos y sectores de la oposición intentaron establecer acuerdos sobre elecciones, garantías políticas, sanciones, derechos humanos y condiciones institucionales.

En varios casos se alcanzaron entendimientos parciales, pero las diferencias sobre las garantías electorales, el reconocimiento de las instituciones, la liberación de presos políticos y el levantamiento de sanciones terminaron bloqueando los procesos.

La experiencia acumulada explica la cautela de la Iglesia.

El problema ya no es simplemente conseguir que los actores políticos se sienten a conversar. El verdadero desafío es lograr que el diálogo produzca acuerdos verificables y que esos acuerdos sean cumplidos.

Estados Unidos ocupa un lugar central

La actual negociación tiene además una característica que la diferencia de muchos procesos anteriores: Estados Unidos está directamente involucrado en el acompañamiento del proceso.

El nuevo diálogo comenzó bajo supervisión estadounidense y con participación de representantes vinculados tanto al Gobierno de transición como a la Asamblea Nacional de 2015. El objetivo declarado es crear una ruta hacia una transición institucional que pueda conducir posteriormente a elecciones.

Washington considera que la estabilidad política venezolana requiere una salida electoral y un proceso de reconstrucción institucional.

Pero la participación estadounidense también genera controversia dentro de Venezuela, porque algunos sectores cuestionan que Washington tenga un peso excesivo en la definición del futuro político del país.

La Iglesia, al reclamar una participación más amplia de los venezolanos, está introduciendo precisamente una dimensión que puede resultar decisiva: la transición no puede depender únicamente de acuerdos entre Caracas y Washington.

La cuestión electoral es mucho más compleja que convocar una votación

La eventual celebración de elecciones presidenciales no resolvería automáticamente la crisis.

Venezuela necesita discutir antes o simultáneamente cuestiones fundamentales relacionadas con el Consejo Nacional Electoral, el sistema judicial, las condiciones de participación de los partidos, las inhabilitaciones políticas, la libertad de prensa, los presos políticos, la observación internacional y las garantías para los candidatos.

También será necesario determinar cómo se garantizará que los resultados sean aceptados por todos los sectores.

El antecedente de las elecciones presidenciales de 2024 pesa enormemente sobre la situación actual. El oficialismo proclamó vencedor a Maduro, mientras la oposición presentó actas que atribuyó a los centros de votación y sostuvo que González Urrutia había obtenido la mayoría.

La controversia sobre esos resultados se convirtió posteriormente en uno de los principales factores de la crisis política venezolana.

Por eso, cualquier nueva elección tendrá que enfrentar un problema central: recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.

El papel que podría desempeñar la Iglesia

La oferta de los líderes católicos de acompañar el diálogo puede adquirir importancia precisamente porque la Iglesia mantiene una presencia territorial que trasciende las estructuras partidarias.

Parroquias, organizaciones sociales y estructuras de Cáritas tienen contacto directo con comunidades afectadas por la crisis económica, migratoria y humanitaria.

Ese conocimiento de la realidad social puede permitir que la Iglesia actúe como un canal entre las negociaciones políticas y las necesidades de la población.

No se trataría necesariamente de que los obispos se conviertan en negociadores políticos, sino de que puedan contribuir a verificar compromisos, facilitar contactos y mantener abierto un espacio de diálogo cuando las partes políticas se encuentren bloqueadas.

La Iglesia ya ha desempeñado funciones similares en otros momentos de la historia venezolana y latinoamericana, especialmente cuando las instituciones políticas pierden capacidad para generar confianza.

El gran riesgo: otro diálogo sin resultados

El antecedente de los procesos fallidos explica por qué existe tanta cautela dentro de Venezuela.

Una negociación puede ser presentada como histórica y, sin embargo, terminar produciendo pocos resultados concretos.

Por eso, el verdadero indicador de éxito no será la cantidad de reuniones realizadas ni la publicación de comunicados conjuntos.

Será saber si las partes logran establecer un calendario electoral, garantías para la participación política, reformas institucionales, mecanismos de supervisión y compromisos verificables.

La Iglesia parece estar intentando colocar esos elementos en el centro de la discusión.

Su mensaje puede resumirse en una idea: dialogar es necesario, pero el diálogo debe tener un propósito político concreto y conducir hacia una solución democrática.

Antes, ahora y después

Antes, Venezuela estaba atrapada en un enfrentamiento político prácticamente permanente, con negociaciones intermitentes que no conseguían cerrar la crisis. La desconfianza entre Gobierno y oposición se había convertido en uno de los principales obstáculos para cualquier acuerdo.

Ahora existe una situación diferente. Gobierno y oposición volvieron a sentarse en una misma mesa, Estados Unidos participa como actor externo de peso y la Iglesia Católica está reclamando que el proceso sea más inclusivo y tenga como destino una elección presidencial.

Después, el escenario dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas. Si las conversaciones producen un acuerdo sobre una hoja de ruta electoral, Venezuela podría entrar en una fase de transición institucional con posibilidades reales de reconstruir su sistema democrático.

Si, por el contrario, el diálogo termina sin fecha electoral, sin garantías y sin mecanismos concretos de cumplimiento, podría aumentar nuevamente la frustración de la población y profundizar la desconfianza hacia las negociaciones políticas.

El pronunciamiento de Baltazar Porras, Diego Padrón y Ramón Ovidio Pérez Morales adquiere así una importancia que va más allá de la Iglesia. Los tres religiosos están colocando sobre la mesa una cuestión que probablemente determinará el futuro de Venezuela: no basta con negociar quién administra la transición; hay que acordar cómo y cuándo los venezolanos podrán decidir democráticamente quién debe gobernar el país.