Daniel Quintero, Superintendente Nacional de Salud de Colombia
La salud de más de 820.000 docentes, pensionados y sus familias quedó en el centro de una de las auditorías más contundentes realizadas en los últimos años al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). La Superintendencia Nacional de Salud concluyó que el modelo de administración del Fondo, operado por Fiduprevisora, presenta graves deficiencias que comprometen el manejo de los recursos públicos y la garantía del derecho fundamental a la salud, al identificar 38 hallazgos con presunta incidencia fiscal, disciplinaria y penal.
Tras presentar los resultados de la Auditoría Integral correspondiente a las vigencias 2024, 2025 y 2026, el superintendente nacional de Salud fue categórico al afirmar que «el FOMAG le falló al Magisterio«, una conclusión respaldada por un informe que evidencia fallas estructurales en la contratación, la ejecución presupuestal, los sistemas de información, el control financiero y la prestación de los servicios médicos.
Como consecuencia de los hallazgos, la Superintendencia compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para que adelanten las investigaciones correspondientes y determinen las eventuales responsabilidades.
La auditoría encontró inconsistencias que impiden establecer con precisión el estado real de las finanzas del Fondo. Entre los datos más preocupantes aparece una diferencia de 210.399 millones de pesos entre los propios reportes de deuda del FOMAG, situación que dificulta conocer el verdadero destino de parte de los recursos administrados y pone en evidencia serias debilidades en los mecanismos de control contable y financiero.
El informe también revela que entre mayo de 2024 y marzo de 2026 se realizaron pagos por 606.056 millones de pesos por encima de los valores facturados. Según la Superintendencia, estos desembolsos se efectuaron en un escenario marcado por la ausencia de controles efectivos sobre la facturación, deficiencias en la auditoría médica y una insuficiente supervisión de los recursos públicos destinados a la atención de los maestros.
Otro de los aspectos que genera mayor preocupación es que buena parte de la red de prestadores continúa operando sin contratos formalmente suscritos. Desde julio de 2025, el Fondo ha utilizado cartas de manifestación de interés como mecanismo de vinculación, una práctica que, de acuerdo con el organismo de control, incrementa los riesgos administrativos y reduce la capacidad de vigilancia sobre la prestación de los servicios.
La investigación también concluyó que los pagos realizados mediante los esquemas de cápita y pago global prospectivo se efectuaron sin herramientas suficientes para verificar que los servicios realmente fueron prestados, una situación que abre la puerta a posibles dobles pagos y dificulta el seguimiento de miles de millones de pesos provenientes de recursos públicos.
Mientras tanto, los principales afectados continúan siendo los afiliados. La auditoría documentó demoras de hasta 160 días para acceder a procedimientos especializados, tiempos que superan ampliamente los plazos establecidos por la normatividad colombiana y que, según la Superintendencia, representan barreras inaceptables para el acceso oportuno a los servicios de salud.
Las cifras de inconformidad reflejan el deterioro del sistema. Entre mayo de 2024 y abril de 2026 fueron radicados 93.572 reclamos ante la Superintendencia, de los cuales el 96 % estuvo relacionado con barreras de acceso, negación de servicios, retrasos en autorizaciones y demoras en la atención médica. Solo entre enero y abril de 2026 ya se habían presentado 17.455 reclamaciones, el mayor ritmo mensual registrado desde la implementación del nuevo modelo.
La judicialización del conflicto también continúa en ascenso. Durante 2024 se interpusieron 4.945 acciones de tutela relacionadas con la atención en salud del Magisterio. En 2025 la cifra aumentó a 7.253, mientras que únicamente entre enero y marzo de 2026 ya se contabilizaban 3.064 nuevos procesos judiciales.
La auditoría igualmente encontró irregularidades en la adquisición de medicamentos. Tras revisar 59.843 registros de fármacos sometidos a control de precios, la Superintendencia identificó cobros superiores a los valores máximos autorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social.
En materia tecnológica, el informe cuestiona el desarrollo del sistema de información HORUS. Aunque el contrato y su adición superaron los 45.154 millones de pesos, apenas cerca del 60 % de las funcionalidades previstas entró en operación. Módulos considerados estratégicos para el funcionamiento del sistema, como tutelas, agendamiento y farmacias, permanecen sin ser implementados.
El panorama financiero tampoco ofrece señales de recuperación. La auditoría reporta un patrimonio negativo en aumento y cuentas por pagar cercanas a 2,3 billones de pesos, una situación que, según la Superintendencia, compromete la sostenibilidad del modelo y pone en riesgo la continuidad de la prestación de los servicios de salud para cientos de miles de afiliados.
Adicionalmente, fueron identificados 19.890 millones de pesos entregados como anticipos a 144 prestadores sin soportes suficientes que justificaran dichos desembolsos. El informe también detectó pagos por 475 millones de pesos correspondientes a gastos de viaje cuya destinación no pudo ser establecida, debido a que en las bases de datos entregadas no aparecen asociados ni a funcionarios ni a afiliados activos o inactivos del Fondo.
La Superintendencia recordó que, antes de esta auditoría, ya había impuesto 13 órdenes mediante medidas cautelares al FOMAG para corregir las fallas detectadas. Sin embargo, únicamente cuatro han sido cumplidas, mientras las nueve restantes continúan pendientes, lo que, a juicio del organismo, evidencia un bajo nivel de respuesta frente a las obligaciones impuestas por la autoridad sanitaria.
Con este informe, la Superintendencia Nacional de Salud aseguró que mantendrá las labores de inspección, vigilancia y control sobre el FOMAG, mientras los organismos competentes analizan las presuntas responsabilidades derivadas de una auditoría que deja en evidencia profundas falencias en la administración del sistema de salud del Magisterio colombiano y abre un nuevo capítulo en el debate sobre el manejo de uno de los fondos públicos más importantes del país.
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REDACCIóN COLOMBIA
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