Una declaración publicada en X por el presidente colombiano Gustavo Petro puso en marzo pasado al Mercosur ante uno de los debates más profundos de su historia, y ese debate sigue abierto, sin resolución definitiva, mientras el bloque celebra su mayor logro comercial. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su país y Venezuela pedirán su adhesión al Mercosur como miembros plenos, tras calificar como «supremamente exitosa» la reunión ministerial binacional celebrada en Caracas. En su cuenta de X, Petro escribió: «Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al Mercosur.» El tuit de Petro generó en pocas horas decenas de miles de interacciones en las redes sociales de los cinco países del bloque, con reacciones que iban desde el entusiasmo integracionista hasta la indignación democrática. En Argentina, usuarios con millones de seguidores señalaron que admitir a Venezuela —suspendida por el Protocolo de Ushuaia en 2017 por la represión del gobierno de Nicolás Maduro— sería una capitulación de los principios democráticos que el bloque se comprometió a defender. En Brasil, grupos de la sociedad civil publicaron comunicados exigiendo que cualquier discusión sobre la readmisión venezolana esté condicionada al cumplimiento de estándares verificables en materia de derechos humanos, elecciones libres y Estado de derecho. La bienvenida a Colombia es vista con simpatía por la mayoría de los análisis; la readmisión de Venezuela es el punto de fractura. Ámbito
El anuncio de Petro plantea dos procesos simultáneos pero radicalmente distintos en términos de complejidad institucional. Por un lado, Colombia presentaría su pedido formal para convertirse en miembro pleno, lo que es técnicamente posible dado que el país participa como Estado asociado desde 2004 y tiene una economía democrática y de mercado compatible con los estándares del bloque. Por otro lado, Colombia impulsaría que se levante la moratoria que mantiene suspendida a Venezuela dentro del bloque, una medida que requiere consenso de los cuatro miembros fundadores y que enfrenta la oposición histórica de Argentina y Uruguay, que insisten en que el retorno venezolano solo puede producirse con garantías democráticas verificables. La distinción entre los dos procesos es fundamental para no confundir las discusiones. La adhesión colombiana es, en términos institucionales, un proceso posible y relativamente claro: Colombia tendría que negociar su cronograma de adhesión arancelaria, cumplir con los estándares normativos del bloque y obtener la aprobación unánime de los miembros actuales. La readmisión venezolana es un asunto completamente diferente, cargado de historia, de principios y de tensiones diplomáticas que ningún gobierno del bloque puede ignorar sin consecuencias políticas internas severas. Apea
La posible adhesión de Colombia y el potencial retorno de Venezuela añadirían nuevas dimensiones políticas y económicas al bloque justo cuando este busca redefinir su rol en el comercio global y fortalecer su integración regional. Funcionarios de los países miembros, reunidos durante los encuentros del BID en Asunción, reconocieron que el Mercosur todavía enfrenta obstáculos importantes para lograr una verdadera integración económica. Uno de los problemas principales es que, a diferencia de la Unión Europea, el bloque sudamericano mantiene controles aduaneros y regulaciones distintas entre sus miembros, lo que puede generar demoras en el transporte de mercancías y costos adicionales para las empresas. Esta confesión de las propias autoridades del bloque sobre sus limitaciones estructurales internas llega en el momento más paradójico posible: cuando el Mercosur acaba de firmar el mayor acuerdo comercial de su historia, resulta que todavía no ha resuelto sus propias barreras aduaneras internas. Un bloque que no puede garantizar la libre circulación efectiva entre sus propios miembros enfrenta un problema de credibilidad estructural que ningún acuerdo con terceros puede enmascarar definitivamente. La adhesión de Colombia debería venir acompañada de un compromiso colectivo de profundizar la integración interna del bloque antes de agregar nuevas complejidades. El Cronista
Petro también destacó que la integración energética con Venezuela avanza y añadió que esperan el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos mediante la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC, «para lograrlo». Los gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron celebrar una reunión de la Comisión Binacional de Buena Vecindad, con la participación de cancilleres de ambos países, para desplegar una agenda bilateral de integración que incluye energía, seguridad fronteriza y coordinación militar contra el narcotráfico. La mención explícita de las sanciones de la OFAC en el contexto de la discusión sobre el Mercosur introduce un elemento geopolítico complejo que no puede ser ignorado. Si Venezuela está bajo sanciones de Estados Unidos, su readmisión al Mercosur generaría tensiones con Washington que podrían afectar la relación del bloque con el mercado norteamericano y con las instituciones financieras internacionales. Para Argentina, que acaba de firmar un acuerdo bilateral con la administración Trump, asumir una posición que enoje a Washington en el mismo momento en que busca consolidar ese acuerdo bilateral sería una contradicción política difícil de manejar. El tablero es complejo, y el Mercosur deberá navegar con mucha habilidad para no quedar atrapado en las tensiones geopolíticas que la propuesta de Petro ha destapado. Canal26
Cualquier intento de reingreso de Venezuela no puede ser leído como un trámite político menor; obligaría al Mercosur a revisar su propio precedente institucional y a confrontar el sentido actual de sus compromisos democráticos. La autoridad normativa del Mercosur depende en buena medida de que sus decisiones sobre democracia, derechos y pertenencia no parezcan arbitrarias ni reversibles por impulso retórico. Si el bloque quiere sostener credibilidad, necesitaría mostrar que cualquier discusión sobre membresía plena está subordinada a estándares claros y no a conveniencias coyunturales. Esta advertencia institucional es quizás la más importante de todas las que ha producido el debate. Un Mercosur que levanta sanciones democráticas por presión diplomática bilateral sin que las condiciones que motivaron esas sanciones hayan cambiado de manera verificable y sustancial, sería un Mercosur que se traiciona a sí mismo. La cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia no es un obstáculo burocrático; es la piedra angular de la identidad institucional del bloque. Ceder en ese punto sin condiciones claras y verificables equivale a desmantelar silenciosamente el único compromiso de valores que distingue al Mercosur de un simple acuerdo arancelario. Apea
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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