Con el acuerdo Mercosur-Unión Europea ya en vigor, el gobierno de Yamandú Orsi usará la presidencia pro tempore del bloque, que asume a fin de mes, para impulsar un reparto transitorio de los cupos de exportación.
Tras la entrada en vigor provisoria del capítulo comercial del acuerdo Mercosur-Unión Europea, el 1.º de mayo de 2026, el gobierno de Yamandú Orsi se prepara para un segundo semestre decisivo. La administración uruguaya confía en que el ejercicio de la presidencia pro tempore (PPT) del bloque, que asumirá el 30 de junio, le otorgue el impulso político necesario para resolver uno de los escollos más ásperos del tratado: la distribución interna de las cuotas de exportación que Bruselas concedió a los países del Cono Sur.
Un arranque histórico con una deuda pendiente
El Acuerdo Interino de Comercio (ITA, por sus siglas en inglés) creó una de las mayores zonas de libre comercio del planeta, que abarca a más de 700 millones de consumidores y casi el 20 % del PIB mundial. Para Uruguay, el entendimiento multiplica por cuatro el acceso preferencial a mercados que hoy representan el 18 % de las importaciones globales, según datos de la agencia de promoción de inversiones Uruguay XXI.
Sin embargo, el festejo por la puesta en marcha del convenio —que elimina aranceles para el 92 % de las exportaciones del Mercosur a Europa y otorga preferencias parciales a otro 7,5 % mediante cupos— quedó empañado por la falta de consenso sobre el reparto de esas cuotas entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
El “riesgo” del que llega primero
Ante la Cámara de Diputados, el canciller Mario Lubetkin fue contundente: el actual sistema de “primero que llega, primero que accede” es un peligro para Uruguay. “Es un riesgo”, admitió, ante la posibilidad de que los demás países —”principalmente Brasil y Argentina”, con mayor capacidad productiva— “lleguen antes”. La vicecanciller Valeria Csukasi coincidió en que ese escenario “no es ideal porque no le da certeza a ninguno de los exportadores de ninguno de los países”.
La urgencia es compartida por el sector privado. El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, calificó el acuerdo como un “desafío que permite mejorar como empresas”, aunque confió en que el reparto de cuotas “va a terminar sucediendo”.
Una negociación con cuatro jugadores y un único reloj
Las posiciones de los socios del Mercosur reflejan las asimetrías del bloque.
Argentina se alinea con Uruguay en la defensa de una distribución basada en el comercio histórico con Europa, pero ya blindó su propia estrategia: el 30 de abril, la Secretaría de Agricultura reglamentó el acceso de sus empresas a las 21 cuotas arancelarias concedidas por Bruselas, que abarcan desde carne bovina hasta lácteos y miel.
Paraguay, en cambio, reclama un “reparto equitativo”. El presidente Santiago Peña fue explícito al sentenciar que su país “reivindica la distribución de esas cuotas de manera equitativa” durante una reunión del Consejo de Ministros previa al arranque del ITA.
Brasil, la mayor economía del bloque, estableció el mismo 1.º de mayo las reglas para que sus exportadores accedan a los beneficios del acuerdo. Según el ministerio de Industria y Comercio, la división de cuotas entre los cuatro países “aún está en negociación” y, mientras tanto, “cada miembro operará con sus propios procedimientos”.
La apuesta uruguaya: ordenar el reparto antes de fin de año
En ese tablero de intereses contrapuestos, “Uruguay buscará ordenar el reparto de cupos del acuerdo Mercosur-UE durante el segundo semestre”, adelantó Lubetkin en su comparecencia parlamentaria. La estrategia apunta a un acuerdo transitorio que cubra el período mayo-diciembre de 2026, mientras se negocia una distribución definitiva a más largo plazo.
Csukasi se mostró “optimista” en que “los cuatro países puedan aceptar que es mucho más importante tener un acuerdo para estos ocho meses”. La propia vicecanciller había advertido en abril que las rondas técnicas semanales “no han permitido llegar a un acuerdo” y que “las posiciones están todavía distantes”. Dos semanas después, el tono del gobierno viró hacia una cautela más esperanzadora.
La presidencia pro tempore —que Uruguay ejercerá en paralelo con las de la CELAC, el Consenso de Brasilia y el G-77 más China— le otorga a Montevideo la facultad de fijar la agenda del bloque durante seis meses. En la práctica, eso significa convocar las reuniones de jefes negociadores, proponer esquemas de consenso y ejercer una mediación directa entre sus socios.
Un año de preparación y una fecha límite
El margen de maniobra no es infinito. Csukasi fijó un horizonte de tres meses para la solución transitoria: “Sí o sí el tema de las cuotas debe resolverse en los próximos tres meses”, afirmó el mismo 1.º de mayo. La urgencia responde a la propia mecánica del comercio: sin reglas claras, los exportadores uruguayos de carne bovina —el producto estrella de la negociación, con una cuota de 99.000 toneladas peso carcasa y un arancel reducido del 7,5 %—, arroz, miel y lácteos quedan expuestos a que los gigantes del bloque copen los cupos.
“2026 será un año de preparación”, había advertido Lubetkin semanas atrás, al señalar que “no se puede improvisar” y que el gobierno mantiene un diálogo fluido con cada sector para anticipar impactos y diseñar medidas de acompañamiento.
Los números que están en juego
La dimensión económica de la pulseada es sustancial. El acuerdo con la UE, al que se suman los tratados ya cerrados con el EFTA y Singapur, eleva el acceso del Mercosur del 4 % al 19,6 % de las importaciones mundiales. Uruguay, en particular, pasa a tener vínculos preferenciales con economías que concentran el 25 % del PIB global y el 32 % de la población del planeta.
Para el gobierno, la presidencia pro tempore no solo es una herramienta para destrabar las cuotas, sino también una vidriera para impulsar una agenda de “profundización e implementación del acuerdo”. La ficha está puesta. Las próximas semanas revelarán si la apuesta uruguaya logra destrabar un nudo que, por ahora, mantiene en vilo a los exportadores del bloque.
Redacción
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