Bolivia podría quedarse sin gas desde el 2029

Bolivia enfrenta un escenario de creciente incertidumbre energética. El Gobierno reconoció que las reservas de gas natural del país son insuficientes y advirtió que, si no se revierte la tendencia actual de producción y consumo, el país podría verse obligado a importar este recurso a partir de 2029.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, anunció el miércoles que el informe de cuantificación y certificación de reservas de hidrocarburos, con datos al 31 de diciembre de 2025, será presentado públicamente la próxima semana o, como máximo, en un plazo de 10 días.
“Las reservas que tenemos no son suficientes”, afirmó la autoridad, quien aseguró que el Ejecutivo impulsa medidas para incrementar los recursos disponibles y recuperar la capacidad productiva del sector.
Aunque no adelantó las cifras definitivas del estudio, Blanco sostuvo que la situación actual es consecuencia de la falta de inversiones en exploración durante anteriores gestiones. También planteó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recupere protagonismo en la búsqueda y explotación de nuevos campos, además de fortalecer la refinación de combustibles.

EL HORIZONTE
CRÍTICO DE 2029
La advertencia del ministro se suma a la declaración de la viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio, quien señaló que Bolivia podría quedarse sin suficiente gas para cubrir su demanda desde 2029, cuando la producción nacional y el consumo interno llegarían a niveles similares.
Según la autoridad, este escenario obligaría al país a recurrir a la importación de gas natural para garantizar el abastecimiento interno.
Genuzio explicó que los proyectos de exploración requieren entre cinco y siete años para pasar de la búsqueda de hidrocarburos a su explotación comercial, por lo que recuperar la producción no sería inmediato.
El Gobierno asegura que trabaja para postergar ese escenario mediante nuevas medidas y proyectos; aunque todavía no ha presentado un cronograma que garantice cuánto tiempo adicional podría mantenerse el abastecimiento con producción nacional.

RESERVAS EN DESCENSO
Y MENOR CAPACIDAD
EXPORTADORA
Los datos divulgados por YPFB en marzo de 2026 situaron las reservas probadas de gas natural en aproximadamente 3,7 trillones de pies cúbicos (TCF), según información presentada durante la rendición pública de cuentas de la estatal.
La cifra refleja una reducción respecto a los 4,5 TCF reportados para 2023, de acuerdo con datos difundidos sobre las reservas del país.
La disminución de los recursos disponibles y el descenso de la producción también comprometen la capacidad exportadora de Bolivia, que durante años tuvo al gas natural como una de sus principales fuentes de ingresos por ventas al exterior.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, cuestionó que durante las últimas dos décadas no se hayan realizado las inversiones necesarias para garantizar la sostenibilidad energética, pese a que el país recibió alrededor de 60.000 millones de dólares de renta hidrocarburífera en ese periodo, según sus declaraciones.

IMPORTACIÓN DE GAS
Y NUEVAS MEDIDAS
En este contexto, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5755, que autoriza de manera excepcional a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, a importar gas natural y gas natural licuado (GNL) para consumo propio o para la generación de electricidad.
La norma establece mecanismos de autorización, registro y fiscalización, prohíbe que el gas importado bajo esta modalidad sea revendido a terceros.
El Ejecutivo defiende la disposición como una alternativa para fortalecer el abastecimiento energético ante las limitaciones de la producción nacional.
Paralelamente, anunció que trabaja en una nueva Ley de Hidrocarburos y en medidas destinadas a atraer inversiones, impulsar la exploración y ampliar el uso de energías renovables, con el propósito de reducir la dependencia del gas en la generación eléctrica.
Aramayo sostuvo que el país debe adoptar decisiones que permitan evitar o postergar la necesidad de importar gas. Mencionó como posibles horizontes los años 2035 o 2038; aunque esas fechas representan un objetivo planteado por el Gobierno y no una garantía respaldada por nuevos descubrimientos de reservas.