Los países miembros del MERCOSUR aprobaron una modernización del mecanismo regional de desabastecimiento para facilitar a las empresas el acceso a materias primas, componentes y productos que no se fabrican en el bloque o cuya oferta regional resulta insuficiente. La reforma, establecida mediante la Resolución N.º 26/26 del Grupo Mercado Común (GMC) y propuesta por Brasil durante su Presidencia Pro Tempore del segundo semestre de 2025, amplía de 12 a 24 meses la vigencia de las reducciones temporales del Impuesto de Importación, mejora los plazos de análisis de las solicitudes e incorpora la tramitación electrónica. La medida busca reducir las renovaciones administrativas, disminuir costos asociados a los procedimientos y ofrecer mayor previsibilidad a las empresas que dependen de insumos importados para mantener sus operaciones.

Un mecanismo para responder a la falta de oferta regional

El mecanismo de desabastecimiento permite que los Estados Partes adopten medidas arancelarias temporales cuando determinados productos no se fabrican en el MERCOSUR o cuando la producción regional no alcanza para cubrir la demanda de las empresas. En esas circunstancias, los países pueden autorizar reducciones del Impuesto de Importación, incluso hasta una tasa del 0 %, para facilitar la adquisición de los bienes necesarios en mercados externos al bloque.

El instrumento tiene importancia para las industrias que dependen de materias primas, piezas, componentes y otros insumos que no pueden obtener en cantidades suficientes dentro de la región. La falta de disponibilidad de esos productos puede afectar la continuidad de las líneas de producción, los costos operativos y la capacidad de las empresas para cumplir sus compromisos comerciales. La reducción temporal del arancel busca aliviar ese obstáculo cuando se cumplen las condiciones previstas por la normativa.

La medida no constituye una exención general de los impuestos de importación para todas las mercancías. Su aplicación depende de la identificación de una situación de desabastecimiento y de la aprobación de la solicitud correspondiente dentro del mecanismo regional. Por ello, cada empresa debe verificar si los bienes que necesita están comprendidos en las medidas autorizadas y cuáles son las condiciones aplicables a su operación.

De 12 a 24 meses: menos renovaciones para las empresas

El cambio más significativo es la ampliación del período de vigencia de las medidas de desabastecimiento, que pasa de 12 a 24 meses. Bajo el régimen anterior, las autorizaciones debían renovarse con mayor frecuencia, lo que implicaba nuevas gestiones administrativas para los gobiernos y para los sectores productivos que utilizaban el mecanismo.

Con el plazo ampliado, las empresas podrán contar con un horizonte más extenso de previsibilidad cuando una reducción arancelaria haya sido autorizada para los productos que necesitan. La reforma también disminuye la frecuencia con la que deben tramitarse renovaciones, lo que puede reducir los costos administrativos asociados a esos procedimientos.

Para los sectores industriales, la previsibilidad en el abastecimiento es un factor relevante para organizar compras, planificar inventarios y programar la producción. Sin embargo, la extensión de la vigencia no significa que todas las importaciones obtengan automáticamente una reducción arancelaria durante dos años: el beneficio se limita a las medidas aprobadas y debe aplicarse conforme a sus condiciones.

Solicitudes más ágiles y procedimientos electrónicos

La Resolución GMC N.º 26/26 también introduce ajustes en los plazos de análisis de las solicitudes presentadas por los Estados Partes. El objetivo es agilizar el procesamiento de las demandas y reducir demoras administrativas cuando las empresas necesitan acceder a productos cuya oferta dentro del bloque es insuficiente.

Otro cambio es la incorporación de la tramitación electrónica mediante un sistema informatizado del MERCOSUR. La digitalización busca sustituir etapas burocráticas por procedimientos electrónicos y mejorar la gestión de los expedientes, desde su presentación hasta su procesamiento.

El uso de herramientas digitales puede facilitar el seguimiento de las solicitudes y mejorar la coordinación entre las administraciones nacionales. No obstante, la rapidez efectiva dependerá de la aplicación de los nuevos procedimientos, del funcionamiento del sistema y de la información presentada en cada expediente. La reforma establece una orientación para simplificar el proceso, pero no elimina la necesidad de evaluar las solicitudes ni los requisitos del mecanismo.

Brasil impulsó la modernización durante su presidencia del bloque

La propuesta fue impulsada por Brasil durante el segundo semestre de 2025, cuando el país ejerció la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR. Su aprobación se produjo durante las reuniones preparatorias de la cumbre del bloque celebradas en Asunción, Paraguay, con participación de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La actualización reemplaza la Resolución GMC N.º 49/19, que regulaba anteriormente el mecanismo. Según la información divulgada por el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, la reforma forma parte de los esfuerzos para modernizar los instrumentos comerciales del MERCOSUR, reducir la burocracia y mejorar el entorno de negocios.

La iniciativa también busca facilitar la respuesta de los gobiernos ante situaciones en las que la oferta regional no cubre las necesidades de los sectores productivos. La coordinación entre los cuatro Estados Partes resulta esencial porque el mecanismo se administra dentro del marco normativo común, aunque su aplicación requiere cumplir los procedimientos institucionales correspondientes.

La entrada en vigor todavía requiere incorporación nacional

Aunque la Resolución GMC N.º 26/26 fue aprobada, la norma debe incorporarse al ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados Partes para comenzar a producir efectos conforme a las reglas del MERCOSUR. Por ese motivo, la aprobación regional no debe confundirse con la entrada en vigor automática y simultánea en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La implementación requerirá que cada país complete los procedimientos jurídicos correspondientes. Para las empresas, será importante verificar la situación normativa en el Estado desde el cual realizan la importación y confirmar qué medidas arancelarias se encuentran efectivamente vigentes para cada producto.

La reforma representa un cambio en la duración de los beneficios, la gestión de las solicitudes y la digitalización de los procedimientos. Su impacto práctico dependerá de la incorporación nacional y de la aplicación efectiva de las nuevas reglas. Una vez operativa, la modernización podrá facilitar la planificación de las empresas que necesitan importar bienes no disponibles en cantidad suficiente dentro del mercado regional.

Crédito de fotografía: Diplomacia Business.