JEP vuelve a estudiar el caso de Kiko Gómez como tercero de las AUC

El caso de Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar vuelve a ocupar la atención de la Jurisdicción Especial para la Paz, que mantiene abierto el estudio de su solicitud de sometimiento bajo una condición determinante: establecer si actuó como tercero civil colaborador o financiador de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, durante el conflicto armado.

La actuación es un nuevo capítulo judicial para el exgobernador de La Guajira, quien continúa condenado por la justicia ordinaria. En abril de 2026, la Corte Suprema de Justicia fijó una pena de 380 meses de prisión por el homicidio agravado de Luis Gregorio López Peralta y concierto para delinquir agravado, decisión que permanece vigente.

La JEP todavía no ha aceptado definitivamente a Gómez Cerchar dentro de su jurisdicción. Lo que está haciendo es profundizar el estudio sobre la naturaleza de su presunta relación con estructuras paramilitares, después de que el Auto TP-SA 1039 mantuviera abierta la posibilidad de analizarlo como tercero colaborador o financiador de las AUC.

La condición de tercero vuelve al centro del expediente

Este punto resulta fundamental porque el trámite ante la justicia transicional tiene un propósito distinto al proceso que terminó con su condena ante la Corte Suprema. La JEP deberá establecer si Gómez tuvo una participación relacionada con el conflicto armado que permita su comparecencia y si reúne las condiciones legales exigidas para recibir tratamiento dentro de esa jurisdicción.

Para tomar una decisión, la Sala deberá revisar procesos penales, informes de policía judicial, elementos de contexto y la propuesta de Compromiso Concreto, Claro y Programado presentada por Gómez Cerchar. Ese examen deberá permitir establecer qué información puede aportar sobre las AUC, sus estructuras, relaciones, apoyos y actuaciones conocidas durante los años de expansión paramilitar.

Su eventual ingreso tampoco dependerá únicamente de solicitarlo. El sistema transicional exige aportes de verdad plena, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. Por ello, la JEP tendrá que valorar si la información ofrecida por Gómez resulta suficiente, novedosa y relevante para esclarecer hechos relacionados con el conflicto armado.

Diana López Zuleta entra formalmente al trámite

En medio de este nuevo estudio aparece una decisión significativa para Diana Carolina López Zuleta, hija de Luis Gregorio López Peralta, asesinado en Barrancas el 22 de febrero de 1997. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas la reconoció formalmente como víctima indirecta dentro del procedimiento relacionado con la solicitud de sometimiento de Gómez.

Ese reconocimiento le permitirá conocer las actuaciones, intervenir mediante representación judicial y recibir acompañamiento psicosocial y orientación pedagógica. La JEP solicitó además verificar su voluntad de participar y adelantar las gestiones necesarias para asignarle representación jurídica durante el procedimiento.

La decisión adquiere relevancia porque Diana ha cuestionado públicamente que Gómez sea considerado únicamente colaborador o financiador de grupos paramilitares. La defensa, por su parte, sostiene una interpretación diferente sobre la relación que habría tenido el exmandatario con esas organizaciones. Esa controversia deberá ser examinada jurídicamente por la justicia transicional.

La condena ordinaria continúa vigente

El nuevo estudio de la JEP no significa que la condena contra Gómez haya desaparecido ni que automáticamente vaya a ingresar al sistema transicional. La sentencia SP262–2026 de la Corte Suprema continúa produciendo efectos mientras la jurisdicción especial determina si cumple los requisitos establecidos para comparecer bajo la figura de tercero.

También están pendientes varias actuaciones, entre ellas información solicitada al INPEC sobre su lugar de reclusión y situación jurídica, el análisis integral del expediente y el acceso temporal concedido al investigador de la Fiscalía, José Lisandro García Pinto. Los 60 días mencionados dentro del trámite corresponden a ese acceso y no constituyen un plazo para decidir el sometimiento.

A este escenario se suma una tutela que, según reportes periodísticos del 27 de octubre de 2026, habría presentado la defensa para cuestionar la condena relacionada con López Peralta. Mientras esa acción sigue su curso, la atención vuelve ahora sobre la JEP: allí deberá definirse si Kiko Gómez puede ingresar como tercero vinculado con las AUC y, especialmente, qué verdad estaría en capacidad de aportar sobre el conflicto armado.