El ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), pidió este martes explicaciones sobre una posible conexión entre el Banco Master, el Instituto Iter, fundado por el también ministro André Mendonça, y contratos celebrados con el municipio de São Paulo. La solicitud se produce en medio de una de las mayores crisis internas recientes del Supremo, marcada por el caso Banco Master y por el enfrentamiento entre integrantes de la Corte.
Dino dirigió el documento al presidente del STF, Edson Fachin, y señaló como uno de los puntos que requieren esclarecimiento un encuentro ocurrido en marzo de 2025, cuando Mendonça recibió al entonces banquero Daniel Vorcaro en la sede de una empresa privada. Vorcaro era el controlador del Banco Master y actualmente se encuentra en el centro de una amplia investigación sobre presuntos delitos financieros.
Según la petición de Dino, después de ese encuentro el Instituto Iter pasó a mantener relaciones contractuales remuneradas con el municipio de São Paulo. La institución, fundada por Mendonça en noviembre de 2023, se dedica a cursos, formación de líderes y capacitación profesional para los sectores público y privado.
El punto que Dino considera necesario esclarecer está relacionado con una disputa judicial sobre las reglas de funcionamiento de cementerios privados en São Paulo. En ese contexto aparece la empresa Cortel, concesionaria de servicios funerarios y de administración de cementerios municipales. El ministro también menciona que Fabiano Zettel, cuñado de Daniel Vorcaro, fue consejero de Cortel entre 2022 y 2025.
Otro elemento señalado es que Alexandre Mendonça, hermano de André Mendonça, trabaja en SP Regula, organismo municipal encargado de fiscalizar, entre otros servicios, el sector funerario. Para Dino, la coincidencia de estos vínculos y fechas justifica que se determine si existe alguna relación entre las personas, empresas y decisiones judiciales involucradas.
Dino hizo, sin embargo, una precisión importante: su pedido no constituye una afirmación de que exista una relación causal ni de que las decisiones judiciales de André Mendonça hayan sido determinadas por intereses externos. El objetivo planteado es verificar si las conexiones identificadas son meramente circunstanciales o si existe algún vínculo que deba ser investigado por las autoridades competentes.
El episodio adquiere mayor relevancia porque Mendonça fue anteriormente el relator del caso Banco Master. En las últimas semanas, el ministro retiró el secreto de diferentes documentos de la investigación y remitió a Fachin material relacionado con supuestas conversaciones entre Alexandre de Moraes y Daniel Vorcaro. Posteriormente, Mendonça anunció que dejaría su participación societaria en el Instituto Iter y afirmó que nunca recibió beneficios económicos provenientes de la institución que ayudó a fundar.
De acuerdo con informaciones citadas por medios brasileños, el Instituto Iter habría acumulado 55 contratos con organismos públicos, por un valor de al menos R$ 10,8 millones, desde el comienzo de sus actividades. Documentos contables citados por la prensa también apuntan a ingresos de aproximadamente R$ 10,4 millones solamente en 2025. Estos datos, por sí solos, no demuestran irregularidades, pero forman parte del contexto que ahora se busca esclarecer.
El pedido de Dino ocurre justamente cuando el pleno del STF analiza otra cuestión explosiva: si Alexandre de Moraes puede ser investigado por posibles vínculos con Vorcaro y el Banco Master. La sesión extraordinaria de este 15 de septiembre estuvo marcada por fuertes enfrentamientos entre los ministros y cuestionamientos sobre la conducción de las investigaciones.
La crisis ya provocó decisiones contradictorias dentro de la propia Corte. En días recientes, André Mendonça y Flávio Dino adoptaron decisiones opuestas relacionadas con el comando de la Policía Federal, mientras Fachin intervino posteriormente para suspender ambas medidas y asumir el control de determinados procedimientos. El conflicto amplió las preocupaciones sobre la estabilidad institucional del máximo tribunal brasileño.
Ahora, el nuevo pedido de Dino introduce otro elemento en la disputa: la necesidad de aclarar si existieron conexiones entre Vorcaro, el Banco Master, el Instituto Iter, empresas vinculadas al sector funerario de São Paulo y actuaciones judiciales relacionadas con ese sector. La investigación deberá establecer si se trata de coincidencias temporales y relaciones profesionales legítimas o si existe algún vínculo adicional que requiera una explicación formal.
La cuestión también coloca nuevamente al STF bajo un intenso escrutinio público. El caso Banco Master dejó de ser solamente una investigación financiera y pasó a involucrar a ministros de la Corte, empresarios, políticos, organismos públicos y relaciones profesionales que ahora son examinadas dentro de un escenario de fuerte tensión institucional.
Por ahora, no existe una conclusión oficial que establezca irregularidades por parte de André Mendonça o del Instituto Iter. Lo que existe es un pedido formal de esclarecimiento presentado por Flávio Dino para que las conexiones mencionadas sean verificadas. La diferencia es fundamental: investigar posibles vínculos no equivale a demostrar que esos vínculos hayan producido una conducta ilícita.
Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, originario de Goiás, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur y Director General de Radio Mercosur. Es miembro de la Asociación Brasileña de Prensa (ABI) y desarrolla su trayectoria en el periodismo internacional, el Mercosur, la integración regional, la geopolítica y los derechos humanos. Cuenta con un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y un Doctorado Honoris Causa.
También fue Director General del Comité Paraguay de la Cámara de Industria y Comercio del Mercosur y las Américas. Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México, recibido en 2021, y el reconocimiento como Amigo de la Niñez y la Adolescencia otorgado por Plan International Paraguay.
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