Una incursión militar contra estructuras dedicadas al narcotráfico permitió localizar cinco centros de acopio subterráneos utilizados para ocultar marihuana dentro de una reserva natural del Paraguay. El hallazgo vuelve a poner en evidencia la presión que ejercen las organizaciones criminales sobre áreas protegidas, donde aprovechan la vegetación y la dificultad de acceso para instalar infraestructura clandestina y mantener sus actividades lejos de los controles habituales.

El operativo se desarrolló en una zona boscosa de difícil acceso y permitió a los intervinientes detectar construcciones ocultas bajo tierra que habían sido acondicionadas para almacenar estupefacientes. La utilización de depósitos subterráneos constituye una modalidad especialmente compleja para las fuerzas de seguridad, ya que las estructuras pueden quedar prácticamente invisibles desde el aire y confundirse con el terreno natural.

El procedimiento también adquiere relevancia por el lugar donde fueron encontrados los depósitos. Las reservas naturales paraguayas constituyen espacios destinados a la conservación de bosques, biodiversidad y recursos hídricos, pero en los últimos años algunas de estas áreas han sido utilizadas por grupos dedicados al cultivo, procesamiento y almacenamiento de marihuana.

Uno de los antecedentes más importantes se encuentra en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, en Canindeyú, donde un informe de la Fundación Moisés Bertoni registró una fuerte reducción de la apertura de nuevas parcelas ilegales durante 2026. Entre enero y junio fueron detectadas 107 hectáreas de cultivos ilícitos, frente a las más de 660 hectáreas registradas durante el período de mayor expansión entre 2023 y 2024.

La presencia militar ha sido señalada como uno de los factores que contribuyeron a esa disminución. El despliegue de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y del Comando de Operaciones de Defensa Interna permitió aumentar el control territorial y dificultar el establecimiento de nuevos campamentos y zonas de procesamiento. Sin embargo, el hallazgo de los cinco depósitos subterráneos demuestra que la reducción de las plantaciones no significa que las estructuras criminales hayan abandonado las áreas protegidas.

En agosto, durante la Operación Nueva Alianza 57, fuerzas paraguayas y brasileñas ya habían destruido 24 campamentos y centros de procesamiento de marihuana en las reservas naturales del Bosque Mbaracayú y Morombí, además de erradicar 145 hectáreas de cultivos, equivalentes a unas 435 toneladas de producción potencial. Las operaciones contaron con apoyo aéreo de helicópteros de la Policía Federal brasileña y de la Fuerza Aérea Paraguaya.

La importancia de los centros descubiertos ahora radica precisamente en que no se trata solamente de plantaciones. Las organizaciones criminales necesitan una infraestructura logística que permita cosechar, secar, procesar, prensar, almacenar y posteriormente trasladar la droga. La SENAD ha documentado en anteriores procedimientos la existencia de centros destinados específicamente al acopio y procesamiento de grandes volúmenes de marihuana.

El fenómeno también tiene una dimensión ambiental. La instalación de campamentos, caminos clandestinos y cultivos implica apertura de áreas dentro del bosque, utilización de recursos naturales y presión sobre ecosistemas que deberían permanecer protegidos. La Fundación Moisés Bertoni ha advertido que, aunque las cifras de nuevas parcelas han disminuido, todavía existen sectores activos en lugares de difícil acceso, por lo que el control debe mantenerse de manera permanente.

La situación adquiere además una dimensión regional debido a la proximidad de Paraguay con Brasil. Una parte importante de la marihuana producida en las zonas fronterizas tiene como destino el mercado brasileño, razón por la cual las operaciones binacionales se han convertido en una herramienta central para atacar las estructuras desde sus zonas de producción y logística.

El descubrimiento de estos cinco depósitos confirma que el narcotráfico continúa buscando nuevas formas de ocultamiento. Cuando las fuerzas de seguridad aumentan la vigilancia aérea y terrestre, las organizaciones criminales pueden trasladar parte de su infraestructura hacia lugares más remotos o recurrir a estructuras subterráneas para dificultar su detección.

La lucha, por tanto, no se limita a retirar droga del mercado. También implica recuperar territorios ocupados por organizaciones criminales, impedir la destrucción de bosques y mantener una presencia estatal permanente en zonas donde la distancia y la geografía favorecen al delito.

El hallazgo de los cinco centros subterráneos constituye un nuevo golpe a la logística del narcotráfico en Paraguay, pero al mismo tiempo deja una advertencia: incluso cuando disminuyen las nuevas plantaciones, las estructuras criminales pueden permanecer dentro de las reservas naturales y adaptar sus métodos para esconder la droga. La protección ambiental y la lucha contra el crimen organizado vuelven a quedar, así, estrechamente vinculadas.

Foto:  Fuerzas Militares