La Contraloría General de la República (CGR) confirmó graves irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS) al detectar que, durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025, la institución desembolsó más de G. 104.226 millones —equivalentes a unos US$ 17,3 millones— utilizando el rubro de “gastos judiciales” para cancelar servicios ejecutados fuera de la vigencia de los contratos. El informe sostiene que el mecanismo vulneró las normas que regulan las contrataciones públicas.

Según la auditoría de cumplimiento realizada por la CGR, el IPS permitió de manera reiterada la prestación de servicios una vez vencidos los contratos y posteriormente buscó regularizar esas obligaciones mediante acuerdos extrajudiciales. Los pagos fueron imputados al Objeto del Gasto 915, denominado “Gastos Judiciales”, un procedimiento que, de acuerdo con las observaciones del organismo de control, terminó sustituyendo en la práctica los mecanismos ordinarios de contratación.

Los servicios involucrados abarcaron áreas especialmente sensibles para los asegurados, entre ellas seguridad y vigilancia, limpieza e higienización, recolección y tratamiento de residuos patológicos, provisión de alimentos para pacientes y funcionarios, y servicios tercerizados de ambulancia. La magnitud y diversidad de los contratos analizados llevaron a la Contraloría a señalar un uso sistemático de mecanismos excepcionales para regularizar obligaciones surgidas fuera del período contractual.

Pagos sin homologación judicial

Uno de los hallazgos más delicados se refiere a más de G. 1.688 millones que habrían sido desembolsados sin contar previamente con una homologación de acuerdo extrajudicial ni con una sentencia judicial que respaldara el trámite. Entre los casos observados figuran servicios médicos tercerizados para el Chaco Central y la contratación de una auditoría externa para la propia previsional.

En el caso de los servicios médicos, los pagos beneficiaron a entidades vinculadas a la atención sanitaria en el Chaco Central. En cuanto a la auditoría externa, el desembolso señalado por la Contraloría fue dirigido a la firma Audicon-Auditores, Contadores & Consultores. El informe no constituye por sí mismo una sentencia penal, pero sí establece observaciones administrativas y legales que deberán ser analizadas por las instancias competentes.

El período auditado comprende parte de la administración del expresidente del IPS Jorge Brítez y la etapa en la que José González Maldonado se desempeñaba como director jurídico. Ambos nombres ya habían aparecido en investigaciones y publicaciones relacionadas con el uso de acuerdos extrajudiciales y pagos a proveedores fuera de los procedimientos ordinarios.

La Contraloría exige una investigación interna

La CGR recomendó al IPS adoptar medidas inmediatas para garantizar que los servicios contratados y sus respectivos pagos se ejecuten estrictamente dentro de los períodos de vigencia contractual. También pidió que la institución evite recurrir a mecanismos excepcionales para regularizar hechos consumados y que ajuste sus procedimientos al régimen ordinario de contrataciones públicas.

Además, el organismo de control solicitó impulsar una investigación interna para determinar responsabilidades y aplicar las eventuales sanciones correspondientes. El caso adquiere mayor relevancia en medio de un informe más amplio presentado recientemente por la Contraloría, que ubicó al IPS entre las instituciones con mayores problemas administrativos y financieros detectados durante las auditorías.

Mientras tanto, el Senado mantiene pendiente la integración definitiva de una comisión especial creada para investigar presuntos hechos de corrupción en el IPS y en el Ministerio de Salud. La aparición de nuevos hallazgos de la Contraloría aumenta la presión para que las investigaciones administrativas, parlamentarias y judiciales permitan establecer quién autorizó, ejecutó y controló los millonarios pagos cuestionados.

El caso vuelve a colocar al IPS en el centro del debate público. La institución administra recursos fundamentales para la atención médica y las jubilaciones de millones de asegurados, por lo que las irregularidades detectadas plantean una pregunta que ahora deberá responderse con investigaciones concretas: cómo se permitió que obligaciones derivadas de contratos vencidos terminaran generando pagos millonarios bajo la denominación de “gastos judiciales”.

Foto: ABC Color