La controversia por las denominadas “universidades garaje” en Paraguay escaló nuevamente y llegó hasta la Presidencia de la República. El presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), José Duarte Penayo, afirmó que sectores del Consejo de Rectores ejercen una fuerte presión política para frenar o postergar las exigencias de acreditación de las carreras universitarias.

Según la información revelada, representantes universitarios habrían llevado sus planteamientos a distintas instancias del Gobierno y, posteriormente, hasta el entorno del presidente Santiago Peña. El argumento presentado por algunos sectores, según el titular de la ANEAES, es que la aplicación de controles más estrictos podría provocar conflictos y movilizaciones, llegando incluso a plantearse como un eventual asunto de “seguridad nacional”.

El centro del conflicto: títulos y carreras acreditadas

La disputa tiene como eje una resolución firmada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en septiembre de 2025. La normativa establece un proceso progresivo para que las universidades sometan sus carreras a evaluación y acreditación y prevé que, a partir de 2028, el MEC no registre títulos de carreras que no cuenten con la acreditación exigida.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, ha sostenido que el sistema no puede continuar postergando indefinidamente la aplicación de estándares de calidad. En sus declaraciones, cuestionó que algunas instituciones soliciten nuevas prórrogas después de décadas de vigencia del marco regulatorio.

Sin embargo, representantes universitarios han cuestionado la interpretación y el alcance de estas obligaciones. Algunos rectores sostienen que la legislación vigente establece la acreditación obligatoria para determinadas carreras, mientras que otras ofertas académicas tienen un régimen diferente. El debate, por tanto, no solo enfrenta intereses políticos: también plantea una discusión jurídica y técnica sobre cómo debe aplicarse el sistema de acreditación en todo el país.

Una cifra que expone la dimensión del problema

Los datos difundidos por la ANEAES muestran la magnitud del desafío. De 2.565 carreras de grado vigentes en Paraguay, solamente 456 contaban con acreditación vigente según el informe divulgado en julio de 2026, mientras otras 376 se encontraban en proceso. Esto significa que una amplia mayoría de las ofertas académicas todavía enfrenta desafíos para cumplir plenamente con el nuevo escenario previsto para 2028.

La situación presenta diferencias entre instituciones públicas y privadas. Según los datos publicados, la proporción de carreras acreditadas era considerablemente mayor en el sector público que en el privado, mientras cientos de ofertas ni siquiera habían ingresado a procesos de evaluación.

Este escenario preocupa especialmente a estudiantes y familias. Para quienes pagan durante años una carrera universitaria, la calidad académica y la situación legal de la titulación representan cuestiones fundamentales para su futuro profesional.

El lobby universitario vuelve al centro del debate

La actual controversia no comenzó esta semana. Durante agosto, surgieron informaciones sobre reuniones de representantes universitarios con el ministro del Interior, Enrique Riera, en las que se habría abordado la posibilidad de postergar las exigencias relacionadas con la acreditación. Algunos participantes rechazaron haber realizado presiones indebidas, mientras desde el MEC insistieron en que existen sectores que buscan evitar o retrasar los controles.

El presidente de la ANEAES, José Duarte Penayo, sostuvo que la presión ejercida por el sector es intensa y que la discusión llegó a niveles políticos superiores. La agencia busca ahora mayor claridad institucional sobre el tratamiento de las universidades y carreras que ya iniciaron sus trámites de evaluación.

La calidad universitaria, en el centro de una crisis nacional

El conflicto ocurre además en un contexto de creciente preocupación por la credibilidad del sistema de educación superior paraguayo. La ANEAES había advertido previamente sobre la existencia de un elevado número de títulos expedidos por carreras sin acreditación, mientras asociaciones universitarias cuestionaron la forma en que fueron presentados esos datos y defendieron la necesidad de diferenciar entre instituciones, carreras activas y procesos de mejora.

El debate ha reabierto una pregunta fundamental para el país: ¿cómo garantizar que un título universitario represente una formación académica sometida a estándares reales de calidad?

La discusión no afecta únicamente a rectores, autoridades o funcionarios. Afecta directamente a miles de jóvenes que invierten tiempo y dinero en su formación y necesitan seguridad sobre el reconocimiento y la calidad de sus carreras.

La decisión política que puede marcar el futuro

La presión sobre el Gobierno de Santiago Peña llega en un momento decisivo. Por un lado, las instituciones universitarias reclaman tiempo, claridad normativa y condiciones para cumplir con los procesos de acreditación. Por otro, las autoridades educativas sostienen que seguir postergando los controles puede profundizar la crisis de confianza en los títulos universitarios paraguayos.

La discusión trasciende ahora el ámbito académico y se instala en el centro de la política nacional. La decisión que adopten el MEC, la ANEAES, el CONES y el Poder Ejecutivo podría redefinir el funcionamiento de la educación superior en Paraguay durante los próximos años.

Para los estudiantes, el mensaje más importante es claro: antes de inscribirse en una carrera, resulta fundamental verificar la situación oficial de la institución y del programa elegido. En un país donde la acreditación se ha convertido en el centro de una intensa disputa, la calidad de la educación superior dejó de ser solamente una cuestión académica y pasó a convertirse en un tema de interés nacional.

Foto: José Duarte Penayo / ABC Color