El Gobierno paraguayo oficializó la salida de 86 integrantes de la Policía Nacional mediante una extensa serie de decretos. La medida incluye la baja deshonrosa de 44 agentes vinculados a faltas graves y muy graves, varios de ellos relacionados con delitos, corrupción y estructuras criminales, además del retiro voluntario de otros 42 efectivos. La decisión vuelve a colocar bajo debate la infiltración del crimen organizado dentro de una de las principales instituciones de seguridad del país.

La lista revela situaciones de enorme gravedad. Entre los casos figura el del suboficial Gustavo Adolfo Florentín Silva, cuya condena a 24 años de prisión por el homicidio doloso del joven Rodrigo Quintana, ocurrido en marzo de 2017 en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, quedó firme tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Su baja fue formalizada mediante el Decreto N.º 6727.

Narcotráfico y crimen organizado entre los casos más graves

La investigación periodística que acompaña la publicación de los decretos expone también casos relacionados con el narcotráfico. Entre ellos se encuentra el suboficial mayor Valvino Melgarejo Galeano, detenido a comienzos de 2025 tras ser sorprendido con un cargamento de marihuana en Canindeyú. También fue separado el suboficial mayor José Isacio Peralta Martínez, condenado por narcotráfico y vinculado, según los antecedentes citados, a investigaciones sobre drogas encontradas dentro de la propia Agrupación Especializada.

Otro de los expedientes mencionados es el del suboficial Richard Adolfo Barrientos Agüero, detenido en una investigación relacionada con el secuestro de un presunto narcotraficante en Luque, en un procedimiento irregular en el que se incautaron 50 kilos de cocaína. La nómina también incluye a Bonifacio Fabián Britos Benítez, investigado por hechos de extorsión y el despojo de un cargamento de drogas en Alto Paraná, así como a su hermano, Miguel Alejandro Britos Benítez.

Los casos muestran una de las principales preocupaciones para las autoridades paraguayas: cuando integrantes de los organismos encargados de combatir el delito terminan vinculados a actividades criminales, el problema deja de ser exclusivamente policial y se convierte en una amenaza directa para la seguridad institucional del Estado.

Condenados por homicidio, robo y otros delitos

La serie de bajas tampoco se limita a investigaciones por narcotráfico. El oficial inspector Roberto Isaac Chaparro Martínez fue separado de la institución tras haber recibido una condena de 15 años de prisión por robo con resultado de muerte. Por su parte, el suboficial Ever Daniel Ayala Lesme también figura entre los agentes dados de baja luego de un hecho ocurrido en 2024, cuando baleó a cuatro personas durante una gresca, provocando la muerte de una de ellas.

La lista incluye además al oficial primero Bruno Robert Didier Babañoli Sánchez, procesado por incumplimiento de deberes policiales y denunciado por un camarada en relación con el robo de más de 53 millones de guaraníes. En el Chaco, también fue confirmada la baja del suboficial mayor Marcial Martínez, implicado en la operación denominada “Sequimur Vestigia”, vinculada a investigaciones sobre abigeato a gran escala.

La depuración también alcanzó a cadetes

La decisión del Poder Ejecutivo llegó incluso a los institutos de formación policial. Cuatro cadetes de la Academia Nacional de Policía “Gral. José Eduvigis Díaz” fueron expulsados tras sumarios relacionados con tráfico, tenencia, comercialización o consumo de drogas peligrosas y sustancias estupefacientes.

La presencia de alumnos de la institución entre los casos sancionados añade otra dimensión al problema. La depuración no afecta únicamente a funcionarios con años de servicio, sino que alcanza a personas que todavía se encontraban en proceso de formación para integrar la Policía Nacional.

Otros 42 agentes eligieron el retiro voluntario

Las 44 bajas deshonrosas representan solamente una parte de los 86 decretos. Otros 42 policías de diferentes rangos solicitaron el pase a retiro voluntario, en medio de la incertidumbre generada por la reforma y reestructuración de la caja fiscal. Entre los solicitantes figuran comisarios principales, suboficiales superiores y personal del área de sanidad.

De acuerdo con la información publicada, numerosos efectivos con años de servicio optaron por asegurar sus condiciones de retiro antes de la entrada en vigor de nuevas exigencias. Por ello, las 86 salidas responden a dos fenómenos completamente distintos: por un lado, la expulsión disciplinaria de agentes vinculados a hechos graves; por otro, una importante cantidad de retiros voluntarios motivados por la situación previsional.

¿Una nueva etapa para la Policía Nacional?

La magnitud de la medida convierte este episodio en un importante mensaje político e institucional. Expulsar a agentes involucrados en delitos puede representar un paso necesario para recuperar la confianza pública, pero la verdadera prueba estará en determinar si estas bajas son el final de investigaciones aisladas o el comienzo de una depuración permanente y profunda dentro de la Policía Nacional.

Paraguay enfrenta desafíos crecientes relacionados con el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, el tráfico de armas y las organizaciones que operan en las zonas fronterizas. En ese escenario, la fortaleza de las instituciones de seguridad resulta fundamental.

La salida de 86 policías marca un golpe significativo para la estructura interna de la institución. Pero también deja una pregunta abierta para la sociedad paraguaya: ¿cuántos mecanismos de control serán necesarios para impedir que quienes reciben armas y autoridad para proteger a la población terminen trabajando, directa o indirectamente, para las mismas organizaciones criminales que deberían combatir?

Foto: Ministerio del Interior / Archivo