Una jornada deportiva que debía reunir a jugadoras, familias y niños terminó convertida en una escena de pánico en Paraná, Entre Ríos, cuando entre 15 y 20 disparos fueron efectuados a pocos metros de la sede El Plumín del Club Atlético Estudiantes (CAE), mientras se disputaba un partido de hockey femenino. El enfrentamiento ocurrió el sábado alrededor de las 16, en plena tarde y en una zona donde también se desarrollaba un cumpleaños infantil y había jóvenes practicando tenis. Las jugadoras de Estudiantes Blanco y Tilcara, sus entrenadores y el público tuvieron que arrojarse al suelo para protegerse, mientras los árbitros suspendían inmediatamente el encuentro.

Según el presidente del CAE, Emilio Fouces, los grupos que se enfrentaban estaban a unos 30 o 40 metros de la cancha, separados del predio solamente por un alambrado. Testigos relataron que después de los disparos algunos de los involucrados circularon en motocicletas y apuntaron hacia el sector del club, aumentando todavía más el temor entre quienes permanecían dentro de las instalaciones. La situación adquirió una gravedad particular porque no se trataba solamente de adultos en un espacio deportivo: había familias, adolescentes y niños que quedaron expuestos a una situación de violencia armada en plena actividad recreativa.

La respuesta inmediata fue buscar protección. Las deportistas se tiraron al piso y el partido tuvo que ser interrumpido, mientras las familias intentaban resguardarse. La Comisión Directiva del club calificó posteriormente el episodio como una situación extremadamente grave y sostuvo que la institución no podía continuar desarrollando actividades normalmente mientras no existieran garantías de seguridad. En un comunicado publicado después del hecho, el CAE resumió su posición con una frase contundente: “Hoy la delincuencia derrotó al deporte”.

La Policía intervino posteriormente y tres jóvenes, de 18, 22 y 23 años, fueron detenidos, según información policial difundida por medios locales y nacionales. Durante los procedimientos fueron secuestradas dos armas de fuego, entre ellas un arma de fabricación casera y un revólver. La investigación quedó en manos de la Fiscalía, que dispuso distintas medidas para determinar quiénes participaron del enfrentamiento y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

El episodio generó una preocupación todavía mayor porque, de acuerdo con la dirigencia del CAE, no sería la primera vez durante este año que se escuchan detonaciones en las inmediaciones del predio mientras se desarrollan actividades deportivas. Fouces señaló que ya se habían registrado otros tres episodios de características similares, aunque ninguno había alcanzado la gravedad del ocurrido el sábado. La reiteración de hechos violentos llevó a la institución a cuestionar que el problema pueda ser considerado simplemente una disputa ocasional entre personas de la zona.

El club decidió entonces suspender todas las actividades deportivas y sociales de la sede El Plumín hasta nuevo aviso. La medida busca proteger a deportistas, familias, trabajadores y socios mientras se evalúan nuevas condiciones de seguridad. El CAE también se presentó formalmente como damnificado en la investigación y entregó material fílmico a las autoridades para contribuir a la identificación de las personas involucradas en los hechos. La Justicia ordenó además un control de vecindad y ocupación en el sector próximo al predio.

La institución ya había iniciado gestiones para contar con un destacamento policial permanente en el predio. Según explicó el club, existe un acuerdo con el Ministerio de Seguridad y la Policía de Entre Ríos para instalar la estructura, cuyo costo será afrontado por el CAE, mientras que la fuerza provincial tendrá a su cargo su funcionamiento. El objetivo es que la presencia policial permita recuperar las condiciones mínimas de seguridad necesarias para que niños, jóvenes y familias puedan volver a utilizar las instalaciones sin quedar expuestos a episodios de violencia ocurridos en las inmediaciones.

La dimensión del episodio también genera una discusión que va más allá del propio club. Cuando un enfrentamiento armado obliga a suspender una competencia deportiva infantil o juvenil, el problema deja de ser exclusivamente policial y pasa a afectar directamente la vida comunitaria. Clubes, escuelas deportivas y espacios recreativos cumplen una función fundamental de contención social, particularmente entre niños y adolescentes. Si esos lugares comienzan a cerrar por temor a la violencia, quienes terminan perdiendo no son solamente los deportistas: también pierden las familias y toda la comunidad que depende de esos espacios para desarrollar actividades saludables y de integración.

El presidente del CAE rechazó precisamente que el hecho sea minimizado como una antigua disputa entre vecinos. A su juicio, existen problemas más profundos que deben ser atendidos por las autoridades. La sucesión de episodios y la presencia de armas en zonas donde circulan familias obliga a discutir no solamente la respuesta posterior de la Policía, sino también las condiciones de seguridad del barrio, la circulación ilegal de armas y la capacidad preventiva de las fuerzas de seguridad para impedir que enfrentamientos de este tipo terminen afectando a personas que no tienen ninguna relación con los conflictos.

Uno de los puntos cuestionados por la institución fue también la respuesta al sistema de emergencias. El CAE sostuvo que se realizaron reiterados llamados al 911 durante el episodio y que la asistencia no llegó con la rapidez esperada, circunstancia que será materia de análisis por parte de las autoridades. La evaluación de esa respuesta será importante porque, en una situación de disparos a pocos metros de un espacio deportivo lleno de personas, cada minuto puede resultar determinante para evitar víctimas.

Lo ocurrido en Paraná deja una imagen difícil de ignorar: niñas y jóvenes que habían ido a practicar deporte tuvieron que abandonar la cancha y tirarse al suelo para protegerse de una balacera que se desarrollaba prácticamente al lado del predio. No hubo que lamentar víctimas entre quienes estaban en el club, pero el resultado pudo haber sido completamente diferente. Ahora la Justicia deberá determinar quiénes participaron del enfrentamiento y por qué ocurrió, mientras las autoridades de seguridad deberán garantizar que el CAE pueda volver a abrir sus puertas. La gran preocupación de las familias es que un espacio destinado al deporte, la convivencia y la formación de jóvenes haya terminado convertido en un lugar donde el miedo obligó a suspender una actividad.