La discusión sobre el aumento de la morosidad de las familias argentinas se convirtió en uno de los nuevos focos de la batalla económica y política del Gobierno de Javier Milei. El debate comenzó a adquirir mayor intensidad a medida que crecieron las señales sobre dificultades para pagar créditos y tarjetas, pero los datos disponibles muestran una situación bastante más compleja que la imagen de una crisis generalizada de endeudamiento. El problema existe y la mora aumentó, pero al mismo tiempo millones de argentinos continúan pagando regularmente sus obligaciones y el sistema financiero atraviesa uno de sus períodos de mayor expansión del crédito en las últimas décadas. La controversia, por eso, no gira solamente alrededor de cuánto aumentó la mora, sino también de quiénes están endeudados, cuánto deben, a quién le deben y qué proporción representa realmente ese universo dentro del conjunto de personas que utilizan crédito.

Una de las cifras más relevantes es que la mora de las familias argentinas representa alrededor del 15,5% del dinero adeudado, si se consideran los diferentes segmentos del sistema financiero. El porcentaje es elevado en comparación con otros países de la región: los datos citados en el debate ubican a Brasil en torno al 5,2% y a Chile cerca del 3%, aunque existen diferencias metodológicas porque esas comparaciones no incluyen necesariamente el universo completo de las fintech. Esto confirma que Argentina tiene un problema de morosidad que merece atención, pero no alcanza por sí solo para describir la situación financiera de todos los hogares. Una cosa es medir cuánto dinero prestado está en situación irregular y otra muy diferente es determinar cuántas personas tienen dificultades para pagar.

Esa diferencia resulta fundamental porque la cantidad de morosos no necesariamente coincide con la concentración del dinero en mora. De acuerdo con los datos difundidos en el análisis citado por Clarín, alrededor del 40% de las personas morosas debe menos de $400.000, mientras que un 14,5% de los deudores concentra aproximadamente el 73% del dinero que se encuentra en mora. Es decir, existe un universo numeroso de personas con deudas relativamente pequeñas y, simultáneamente, un grupo mucho menor que concentra la mayor parte del capital impago. Esta distribución modifica considerablemente la interpretación del fenómeno: no todos los morosos representan el mismo riesgo financiero ni enfrentan necesariamente el mismo problema económico.

También resulta importante observar dónde está concentrada la deuda impaga. Los datos difundidos por Matías Fernández, exjefe de asesores durante el Gobierno de Mauricio Macri, señalan que aproximadamente el 65% del dinero en mora se encuentra en bancos tradicionales, tanto públicos como privados. Las fintech, en cambio, concentran una proporción mucho mayor de personas morosas, pero con montos promedio considerablemente menores. El ejemplo más citado es Mercado Pago: según esos datos, concentra alrededor del 19% de los morosos, pero solamente cerca del 2,9% del monto total en mora del sistema. Esto significa que utilizar exclusivamente el número de personas endeudadas para señalar a una empresa como responsable principal puede producir una imagen distorsionada del problema.

El caso de Mercado Pago se convirtió precisamente en uno de los puntos centrales de la discusión política. Diferentes dirigentes y referentes de la oposición responsabilizaron a la plataforma y a su fundador, Marcos Galperin, por el aumento del endeudamiento de las familias. El análisis publicado en Clarín cuestiona esa simplificación y plantea que convertir a Mercado Pago en el “culpable perfecto” desvía la atención de una estructura mucho más amplia. La plataforma aparece con una elevada cantidad de usuarios morosos, pero la proporción del dinero que esos usuarios representan dentro de toda la mora del sistema es relativamente pequeña. La diferencia entre cantidad de deudores y volumen de dinero resulta, por lo tanto, indispensable para interpretar correctamente las cifras.

El Gobierno de Milei, entretanto, adoptó inicialmente una posición que evitó intervenir directamente en la relación entre acreedores y deudores. Luis Caputo sostuvo que se trata de una cuestión entre privados, mientras que el entonces titular del Banco Central, Santiago Bausili, planteó que el Estado debía evitar soluciones que implicaran quitar recursos a una persona para asignárselos a otra. Esa postura generó críticas porque, frente a familias que enfrentaban dificultades para pagar sus obligaciones, fue interpretada por sectores de la oposición como una falta de sensibilidad social. La discusión pasó así rápidamente del terreno estrictamente financiero al terreno político, donde comenzaron a enfrentarse distintas interpretaciones sobre las causas del endeudamiento.

El propio Javier Milei introdujo otro elemento en la discusión cuando relacionó parte del aumento del endeudamiento con el denominado “efecto Mundial”. Según el Presidente, algunas personas habían recurrido al crédito para adquirir televisores y otros productos con motivo del Mundial. La afirmación generó críticas y fue utilizada por sus adversarios para sostener que el Gobierno estaba responsabilizando a los propios consumidores por sus dificultades financieras. Pero el fenómeno de la mora tiene múltiples causas posibles y no puede explicarse exclusivamente por decisiones de consumo vinculadas a un acontecimiento deportivo. Los datos analizados apuntan también hacia factores como inflación, evolución de los salarios, educación financiera, condiciones del crédito, tasas de interés y cambios en las políticas monetarias.

Hay, además, una cifra que suele quedar fuera de la discusión pública: alrededor de 15 millones de argentinos tienen algún tipo de crédito y lo están pagando regularmente. Este dato es particularmente relevante porque muestra que el sistema no está compuesto solamente por quienes tienen dificultades. Durante los últimos dos años se registró, según el análisis de los datos de la Central de Deudores del Banco Central, un máximo histórico reciente en la cantidad de familias y empresas que acceden a créditos sin encontrarse en situación de mora. Esto significa que, al mismo tiempo que aumentó el número de personas con problemas de pago, también se expandió significativamente el universo de personas que utilizan crédito y cumplen con sus obligaciones.

El análisis de los datos de la Central de Deudores del BCRA agrega otra dimensión. Según la investigación citada, la proporción de personas con al menos una deuda impaga permaneció aproximadamente estable durante un período prolongado y posteriormente comenzó a aumentar, llegando al 27,8% en junio de 2026 bajo esa metodología de medición. Esta cifra no debe confundirse con el 15,5% correspondiente al dinero adeudado en situación irregular: se trata de indicadores diferentes. Uno mide personas y el otro mide volumen de deuda. Confundir ambos porcentajes puede llevar a conclusiones equivocadas sobre la verdadera magnitud del problema.

La controversia también pone sobre la mesa una cuestión estructural de la economía argentina: el país tiene históricamente un mercado de crédito reducido. Comparado con otras economías de la región, una proporción relativamente pequeña de la población argentina tiene acceso a préstamos hipotecarios, prendarios y de consumo. La falta de crédito a largo plazo limita las posibilidades de comprar una vivienda, adquirir determinados bienes o financiar proyectos familiares y empresariales. Por eso, aunque la morosidad representa un problema real, reducir el acceso al crédito como respuesta automática podría generar otro problema: impedir que millones de personas que actualmente cumplen con sus obligaciones puedan seguir utilizando herramientas financieras para mejorar su situación económica.

La discusión sobre la mora llega además en un momento en que el Gobierno busca reactivar y ampliar el crédito privado. Una mayor disponibilidad de préstamos puede contribuir al consumo y a la inversión, pero también implica riesgos si las condiciones financieras no se corresponden con la capacidad de pago de los hogares. La clave está en encontrar un equilibrio entre expansión del crédito, tasas razonables, educación financiera y mecanismos de protección para quienes enfrentan dificultades temporales. Una política que se concentre únicamente en aumentar la facilidad para cobrar puede reducir el riesgo de los bancos y fintech, pero no necesariamente resolverá las causas económicas que llevan a una familia a dejar de pagar.

El debate tampoco debería ignorar que los últimos dos años combinaron una expansión del crédito con un aumento de la morosidad. Esto puede parecer contradictorio, pero en realidad son fenómenos compatibles: cuando más personas acceden a préstamos, aumenta tanto el número de quienes consiguen financiarse y pagan correctamente como el número potencial de personas que pueden terminar teniendo dificultades. El verdadero desafío consiste en determinar si el crecimiento del crédito está siendo acompañado por ingresos suficientes y condiciones sostenibles de financiación. En ese sentido, el aumento de la mora funciona como una señal de advertencia, pero no necesariamente como evidencia de un colapso general del sistema.

La discusión argentina sobre los morosos necesita, por lo tanto, salir de la lógica del culpable único. Las fintech tienen responsabilidad en las condiciones bajo las cuales ofrecen crédito, los bancos también, los consumidores deben evaluar su capacidad de pago y el Estado tiene la obligación de establecer reglas que protejan la estabilidad financiera y eviten abusos. Pero los datos muestran que señalar exclusivamente a Mercado Pago, a los bancos o a los propios consumidores no alcanza para explicar un fenómeno que también está relacionado con la evolución de los salarios, la inflación, las tasas de interés, la educación financiera y la transformación del sistema crediticio. La mora es real, aumentó y debe ser atendida, pero la fotografía completa incluye también a los millones de argentinos que utilizan crédito y pagan sus cuotas todos los meses.