Rolón fue compañero de Sala de Benítez Riera y es difícil que investigue a la esposa del ministro

El fiscal general, Emiliano Rolón, fue compañero del ministro de la Corte, Luis María Benítez Riera, cuando ambos eran miembros de la Cuarta Sala del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de la Capital, hasta fines del año 2010. Este antecedente hace fortalecer la sospecha de que existiría muy buena relación entre ambos. Hasta ahora, Rolón sigue sin abrir una investigación de oficio a la esposa del ministro, María Verónica Lina Sienra Bertón, por presunto cobro indebido de honorarios. De junio de 2013 a diciembre de 2014, la directora general de Garantías Constitucionales, percibió más de G. 5.800.000 de bonificación por grado académico, siendo bachiller. Tras las publicaciones de El Observador se vio obligada a devolver la plata. Se habló de un “error involuntario administrativo”.

Pese a contar con el aval normativo para abrir una investigación penal de oficio, el fiscal general hasta ahora no se dio por enterado de la escandalosa situación que involucra a la esposa de su excolega, el ministro Benítez Riera, actual vicepresidente de la Corte.

Desde julio, El Observador viene publicando una serie de notas periodísticas sobre la carencia de idoneidad de Sienra para ejercer su cargo como directora general de Garantías Constitucionales y, posteriormente, sobre los montos que cobró en concepto de grado académico sin ser universitaria.

En otras causas, el Ministerio Público sí se manejó de manera expeditiva a la hora de abrir una investigación oficiosa, como ocurrió con el caso de la exsenadora Kattya González, según recordó la abogada Cecilia Pérez en comunicación con El Observador. La abogada expresó que en aquella oportunidad bastó una publicación periodística para la apertura de la causa.

Tanto Benítez Riera como Rolón integraron la Cuarta Sala de Apelaciones en lo Penal a principios de la década del 2000. Un par de años antes, en 1998, Sienra fue contratada en calidad de jefa en la Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales y nombrada como permanente en el año 2000.

En 2002 obtuvo su primer ascenso como Jefe Supervisor y, en 2008, llegó al cargo de Jefe de Sección. El 31 de enero del 2012, su esposo, quien ejercía en ese momento la presidencia de la Corte, la nombró en el cargo de directora general de la recién establecida Dirección General de Garantías Constitucionales.

Sienra ingresó como contrata para ejercer como jefa, luego fue nombrada y obtuvo tres ascensos sin tener la más mínima capacitación universitaria. Y por si eso fuera poco, la Corte la presentaba como abogada en sus publicaciones institucionales y en su nómina de funcionarios. Entre 2013 y 2014, cobró más de G. 5.800.000 por un grado académico del cual carece.