«El Estado como botín: por qué, en muchas ocasiones, fracasan los países y prosperan sus ineficientes gobernantes».

La apropiación partidista de las instituciones, el sectarismo y el desprecio por la eficacia pública explican algunos de los fracasos políticos y económicos que siguen lastrando a Iberoamérica.

Hay una paradoja que se repite en la historia política de Iberoamérica: países extraordinariamente ricos en recursos naturales, talento humano y posibilidades económicas que permanecen atrapados en la pobreza, la ineficiencia administrativa y la confrontación política. Mientras sus sociedades se empobrecen, determinadas élites gobernantes consiguen perpetuarse en el poder y conservar sus privilegios.

¿Fracasan los países o fracasan quienes los gobiernan? ¿Por qué tantos dirigentes sobreviven políticamente a sus propios fracasos?

Una reciente reflexión de Joaquín Manso, director de El Mundo, a propósito de la tragedia ferroviaria de Adamuz, plantea una cuestión que trasciende las fronteras españolas: la subordinación de la eficacia del Estado a la conservación del poder. Una enfermedad institucional que América Latina conoce desde hace demasiado tiempo.

La cuestión de fondo es la transformación del Estado en botín político. Las instituciones dejan de servir al interés general para convertirse en instrumentos de supervivencia de quienes las controlan. Se colonizan administraciones, se premia la fidelidad antes que la competencia, se multiplican los cargos de confianza y se confunde la gestión pública con la propaganda partidista.

La política deja de resolver los problemas ciudadanos para concentrarse en garantizar la continuidad de sus gobernantes.

Los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson explicaron en Por qué fracasan los países una clave fundamental de esta contradicción: la diferencia entre instituciones inclusivas y extractivas. Las primeras favorecen la seguridad jurídica, la competencia, la innovación y la participación económica. Las segundas permiten que grupos privilegiados concentren recursos y decisiones en beneficio propio, aunque perjudiquen al conjunto de la sociedad.

Sus investigaciones, reconocidas con el Nobel de Economía de 2024 junto con Simon Johnson, recuerdan que la prosperidad depende en gran medida de la calidad institucional. No existen recetas infalibles, pero la experiencia histórica permite distinguir entre sistemas que favorecen la creación de riqueza y aquellos que terminan destruyendo los incentivos para producirla.

Cuba constituye un ejemplo persistente de las consecuencias de un sistema sin pluralismo político efectivo, con fuertes restricciones económicas y escasos mecanismos de exigencia de responsabilidades. Las sanciones estadounidenses perjudican su economía, pero tampoco explican por sí solas las deficiencias estructurales de su modelo.

Venezuela, pese a sus extraordinarios recursos petroleros, representa otro caso de concentración del poder, deterioro institucional y destrucción de oportunidades. Nicaragua muestra cómo una revolución nacida bajo la bandera de la liberación popular puede degenerar en un régimen personalista y familiar.

En estos casos, la retórica revolucionaria, socialista o antiimperialista ha servido para justificar privilegios y desacreditar al adversario. Particularmente censurable resulta invocar la justicia social, la identidad indígena o la redistribución de la riqueza mientras se consolidan élites políticas que disfrutan de ventajas inaccesibles para la población.

Conviene recordar que esta patología no pertenece exclusivamente a una ideología. El clientelismo, la corrupción y la apropiación institucional también aparecen bajo gobiernos conservadores o liberales. Lo decisivo es cómo se ejerce el poder, qué controles existen y quién se beneficia de las decisiones públicas.

La deslegitimación sistemática del adversario añade otra perversión: todo fracaso se atribuye a conspiraciones externas, a la oposición o a supuestos enemigos del pueblo. La confrontación sustituye a la rendición de cuentas. El militante obediente desplaza al gestor competente y la propaganda pretende ocultar los resultados.

Mientras tanto, autónomos, trabajadores, profesionales y emprendedores (en general la llamada sociedad civil) soporta carga fiscal e impuestos de toda índole con incertidumbre normativa y burocracias que demasiadas veces obstaculizan la iniciativa que debería sostener la prosperidad colectiva.

El Estado necesita recursos, instituciones sólidas y servicios públicos eficaces. Pero también funcionarios profesionales, controles independientes y gobernantes sometidos a evaluación. La legitimidad electoral autoriza a gobernar; no concede el derecho a apropiarse de las instituciones.

Iberoamérica dispone de talento y capacidad suficientes para construir sociedades prósperas. Necesita administraciones que premien el mérito y gobiernos cuya continuidad dependa de sus resultados, no de sus redes clientelares.

Porque un país comienza a fracasar cuando sus gobernantes descubren que resulta más rentable controlar el Estado que hacerlo funcionar. Y su democracia comienza a recuperarse cuando el poder vuelve a estar al servicio de los ciudadanos, en lugar de exigir que los ciudadanos vivan al servicio del poder.

Javier Pertierra Antón