Tres exestudiantes de la Universidad Sudamericana declararon ante el Tribunal de Sentencia que juzga al exsenador Hernán David Rivas y afirmaron que no lo conocieron ni lo vieron cursando Derecho en la sede de Luque entre 2012 y 2015. Los testimonios forman parte de las pruebas del juicio oral por la presunta utilización de documentos académicos de contenido falso para acreditar su condición de abogado. Los declarantes describieron cómo funcionaban las clases, los controles de asistencia, los exámenes y los trabajos finales de la institución, mientras una exfuncionaria aportó información sobre el manejo de documentos y calificaciones. Rivas niega las acusaciones y sostiene que efectivamente cursó la carrera.

La jornada del juicio del viernes incorporó cuatro testimonios mediante videoconferencia. Declararon Guillermo Guido Gauto, Livio Antonio Díaz Flores, Elía Ramón González Silvero y Lourdes Mabel Giménez, esta última exfuncionaria de la Universidad Sudamericana. Los tres primeros tuvieron relación académica con la institución en distintos períodos y sedes, aunque sus trayectorias no fueron idénticas. El elemento común señalado durante sus declaraciones fue que ninguno recordó haber visto a Rivas como compañero de estudios.

Gauto explicó que inicialmente había estudiado en la Universidad del Pacífico en 2010, pero por razones económicas se trasladó posteriormente a la Universidad Sudamericana, donde cursó en la sede de Luque desde 2014. Dijo que en su clase había aproximadamente 15 estudiantes y que nunca vio a Rivas. También describió una dinámica académica presencial, con turnos de tarde y noche y asistencia aproximadamente tres veces por semana. Su declaración aporta al tribunal una referencia concreta sobre el funcionamiento cotidiano de la sede donde, según la documentación atribuida a Rivas, este habría cursado parte de la carrera.

Otro de los testigos, Livio Antonio Díaz Flores, agente policial residente en Ciudad del Este, afirmó que cursó Derecho entre 2012 y 2013 y que conocía a Rivas únicamente por la prensa y por su posterior actividad política. Según su declaración, en las clases participaban entre seis y ocho alumnos y los profesores controlaban la asistencia; además, los exámenes se realizaban de manera presencial, tanto por escrito como oralmente. También describió la sede de Luque como un edificio de dos plantas con un patio amplio y sostuvo que, pese a haber estudiado allí, nunca vio al exsenador.

El tercer estudiante, Elía Ramón González Silvero, presentó una experiencia diferente porque provenía de la Universidad Nacional del Este, sede de Saltos del Guairá. Explicó que, después del cierre de esa sede, un grupo de estudiantes que tenía pocas materias pendientes pasó a la Universidad Sudamericana. Las clases se realizaban los sábados en un local alquilado y los alumnos debían trasladarse a Luque para rendir exámenes. González dijo que solamente estuvo en Luque dos o tres veces entre agosto y septiembre de 2015, principalmente para exámenes y la defensa de su trabajo final, y que tampoco vio a Rivas.

El cuarto testimonio tuvo una naturaleza distinta. Lourdes Mabel Giménez trabajó entre 2014 y 2016 en la coordinación académica de la carrera de Medicina de la Universidad Sudamericana en Pedro Juan Caballero. Según explicó, su función estaba relacionada con calificaciones, documentación académica y actas de exámenes. También señaló que muchos estudiantes brasileños de esa sede debían trasladarse hasta Luque para determinadas evaluaciones. Su declaración fue incorporada para aportar información sobre los procedimientos administrativos y académicos utilizados por la universidad en ese período.

Los testimonios adquieren relevancia porque la Fiscalía ya había incorporado durante la investigación declaraciones de numerosos exalumnos. De acuerdo con antecedentes de la acusación, fueron entrevistados 33 antiguos estudiantes, 30 de la sede de Luque y tres de Ciudad del Este, y ninguno manifestó recordar a Rivas como compañero. La hipótesis fiscal utiliza ese conjunto de testimonios junto con documentos académicos, registros institucionales y otros elementos para cuestionar que el exsenador haya cursado regularmente Derecho entre 2010 y 2015.

La acusación no se basa únicamente en que antiguos compañeros no recuerden a Rivas. El Ministerio Público también señaló inconsistencias en los registros académicos, entre ellas las cargas horarias atribuidas a determinadas materias. La Fiscalía puso como ejemplo que un certificado indicaba que Rivas había cursado Derecho Penal I con 108 horas durante julio de 2012, pero el cálculo de días hábiles de ese mes no permitiría alcanzar esa cantidad de horas bajo las condiciones descritas en la documentación. La acusación también cuestiona la existencia de registros suficientes sobre asistencia y trabajo académico.

El caso llegó a juicio después de una larga disputa procesal. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló en mayo de 2026 decisiones anteriores que habían terminado favoreciendo a Rivas y ordenó que enfrentara juicio oral por los hechos incluidos en la acusación fiscal. La causa se refiere a la presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y al uso de esos documentos. Rivas habría utilizado el certificado y el título cuestionados para obtener su matrícula profesional y posteriormente acreditar su condición de abogado para ocupar cargos en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

El juicio, inicialmente previsto para julio, fue posteriormente postergado después de que Rivas cambiara de defensa y solicitara tiempo adicional para estudiar el expediente. El Tribunal fijó finalmente el 10 de agosto como nueva fecha de inicio. El proceso continúa ahora con la producción de pruebas testimoniales y documentales, mientras el tribunal deberá valorar de manera conjunta lo declarado por los testigos y la documentación presentada por Fiscalía y defensa.

Uno de los aspectos que vuelve particularmente sensible el proceso es que la controversia sobre el título de Rivas no comenzó con el juicio. Desde 2023 surgieron cuestionamientos públicos sobre su formación académica, después de que no pudiera responder satisfactoriamente algunas preguntas sobre sus estudios y se conocieran inconsistencias relacionadas con la Universidad Sudamericana. La institución cerró la carrera de Derecho en 2015 y posteriormente se abrió un debate sobre la situación de los títulos expedidos durante ese período.

La propia Universidad Sudamericana sostiene actualmente que, tras el cierre de carreras y filiales en 2015, asumió obligaciones de regularización para estudiantes de aquel período y que la documentación de Rivas fue tramitada posteriormente dentro de ese proceso. Según la versión institucional, su título fue gestionado en 2020 como parte de las obligaciones de regularización. Esta explicación constituye un elemento de contexto importante porque el año de expedición del título y los años en que Rivas afirma haber cursado la carrera son parte central de la controversia.

El proceso judicial también tuvo un episodio particular relacionado con la composición del tribunal. El juez Héctor Capurro se apartó del caso después de conocerse que había realizado un doctorado en Derecho y Ciencias Sociales en la misma Universidad Sudamericana. El magistrado argumentó razones de decoro y delicadeza institucional para preservar la apariencia de imparcialidad del proceso. Finalmente, el tribunal quedó integrado por María Fernanda García de Zúñiga, Yolanda Portillo y Juan Carlos Zárate.

Ahora, la declaración de los exestudiantes coloca nuevamente en el centro una pregunta esencial del juicio: si Rivas realmente cursó la carrera en las condiciones que figuran en los documentos utilizados para acreditar su formación profesional. La respuesta no dependerá de un único testigo ni de que algunos exalumnos recuerden o no su presencia. El tribunal tendrá que confrontar los testimonios con registros académicos, certificados, títulos, fechas, declaraciones de funcionarios y demás pruebas incorporadas al proceso.

El caso tiene además una dimensión institucional que trasciende la situación personal del exsenador. Rivas utilizó su condición de abogado para acceder al JEM, organismo encargado de juzgar a magistrados y fiscales, y llegó incluso a ocupar su presidencia durante un breve período. Por eso la investigación sobre la autenticidad y el respaldo académico de su título adquirió una relevancia mucho mayor que una simple controversia universitaria: pone en discusión los mecanismos mediante los cuales una persona acredita sus credenciales profesionales para ocupar funciones de alta responsabilidad dentro del sistema de justicia paraguayo.

El juicio deberá determinar finalmente si los documentos presentados por Rivas fueron efectivamente respaldados por una trayectoria académica real y si existió responsabilidad penal en su utilización. Las declaraciones de los exestudiantes son una pieza más de ese rompecabezas y no constituyen por sí solas una condena. La decisión corresponderá al Tribunal de Sentencia una vez concluida la producción de pruebas y escuchados los argumentos de la Fiscalía y la defensa.