El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella declaró este lunes 10 de agosto la situación de desastre de carácter nacional en Colombia después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte del país durante la mañana y que, según el último balance oficial conocido, dejó al menos 111 personas fallecidas, 87 heridas, 1.575 viviendas averiadas, 37 destruidas y 61 edificios colapsados. El Servicio Geológico Colombiano ubicó el epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad cercana a los 100 kilómetros. La emergencia también provocó daños en 18 centros de salud, 52 instituciones educativas, 17 centros comunitarios, 18 vías y siete aeropuertos, mientras los organismos de socorro mantienen operaciones de búsqueda y rescate ante la posibilidad de encontrar personas atrapadas bajo los escombros. La decisión presidencial busca acelerar la movilización de recursos, coordinar la respuesta entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales y preparar la fase posterior de rehabilitación y reconstrucción.

El terremoto ocurrió aproximadamente a las 7:34 de la mañana, cuando millones de colombianos comenzaban sus actividades laborales y escolares. El movimiento fue percibido en una extensa parte del territorio nacional y generó evacuaciones en ciudades como Pereira, Manizales, Cali, Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Los primeros reportes mostraron daños en edificaciones, caída de elementos estructurales, interrupciones de vías y afectaciones en servicios esenciales. La magnitud del evento hizo que las autoridades activaran rápidamente los protocolos nacionales de emergencia.

La ubicación del epicentro en San José del Palmar, Chocó, tiene una importancia especial. El sismo se produjo en una región caracterizada por una elevada actividad tectónica, relacionada con la interacción de las placas Nazca y Sudamericana. La placa de Nazca se introduce por debajo de la Sudamericana en el proceso conocido como subducción, acumulando enormes cantidades de energía que pueden liberarse súbitamente y producir terremotos de gran magnitud.

Aunque el movimiento tuvo una profundidad considerable, de aproximadamente 96 a 103 kilómetros según las actualizaciones técnicas, la enorme energía liberada permitió que las ondas sísmicas fueran percibidas a cientos de kilómetros. Esto explica por qué el terremoto produjo efectos importantes en ciudades alejadas del epicentro. El SGC reportó una intensidad máxima de 7, nivel asociado con daños severos en las zonas donde el movimiento alcanzó mayor intensidad.

La dimensión de la tragedia

El balance oficial presentado desde el Puesto de Mando Unificado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres refleja una emergencia de gran magnitud. Además de las víctimas mortales y heridas, se contabilizaron 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas y 61 edificios colapsados. Los daños alcanzaron también hospitales, centros educativos, vías y aeropuertos.

La infraestructura sanitaria se convirtió inmediatamente en una prioridad. Al menos 18 centros de salud resultaron afectados, en un momento en que el sistema sanitario debía aumentar su capacidad para atender a personas heridas y, simultáneamente, mantener los servicios destinados a pacientes que ya se encontraban hospitalizados.

La afectación de 52 centros educativos también tendrá consecuencias más allá de las primeras horas de la emergencia. Las autoridades deberán determinar cuáles pueden volver a funcionar, cuáles necesitan reparaciones estructurales y cuáles deben permanecer cerrados hasta completar evaluaciones técnicas. En algunas comunidades, las escuelas pueden convertirse además en espacios temporales de alojamiento si las viviendas han quedado inhabitables.

La movilidad representa otro desafío. 18 vías resultaron afectadas y siete aeropuertos sufrieron daños en su infraestructura, incluyendo instalaciones esenciales para conectar las regiones golpeadas con los principales centros urbanos. En una emergencia de esta naturaleza, una carretera bloqueada no significa únicamente un problema de transporte: puede retrasar la llegada de ambulancias, maquinaria pesada, alimentos, agua, combustible y equipos especializados de rescate.

El Gobierno asume directamente la emergencia

Abelardo de la Espriella anunció que asumirá personalmente la conducción de la respuesta nacional. El presidente indicó que los ministros, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el Puesto de Mando Unificado le reportarán directamente durante la emergencia. También se establecieron equipos de trabajo encabezados por miembros del gabinete para desplazarse hacia los departamentos afectados.

La prioridad inicial definida por el Ejecutivo es clara: rescatar a las personas que puedan permanecer atrapadas bajo los escombros. Esta etapa es particularmente crítica porque las primeras horas posteriores a un terremoto son decisivas para localizar sobrevivientes.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que el Gobierno mantenía comunicación con gobernadores y alcaldes de los territorios afectados. Los primeros reportes identificaron daños en Chocó, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, aunque la evaluación nacional continúa y el mapa de afectaciones puede ampliarse a medida que los equipos técnicos ingresen a zonas rurales y municipios con dificultades de comunicación.

¿Qué significa realmente declarar un desastre nacional?

La declaratoria no es simplemente una expresión política para describir la gravedad de la tragedia. En Colombia existe un marco jurídico específico para estas situaciones.

La Ley 1523 de 2012, que establece la política nacional de gestión del riesgo de desastres, determina que el Presidente puede declarar mediante decreto una situación de desastre y clasificarla como nacional, regional, departamental, distrital o municipal, previa recomendación del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. La categoría nacional puede utilizarse cuando los efectos superan la capacidad técnica y financiera de las administraciones territoriales o cuando existe un impacto potencial grave sobre la economía, los servicios nacionales o centros urbanos importantes.

La misma legislación establece que, una vez declarada la situación de desastre, las autoridades pueden activar un régimen especial y elaborar planes específicos para la rehabilitación y reconstrucción. Esto permite que la respuesta del Estado no se limite al rescate inmediato, sino que avance posteriormente hacia la recuperación de viviendas, infraestructura, servicios públicos y medios de subsistencia.

Por ello, la decisión adoptada por el nuevo Gobierno colombiano representa el inicio de un proceso mucho más largo. El terremoto no terminará cuando cesen las réplicas ni cuando se retiren los escombros. La fase más costosa puede comenzar después, cuando miles de familias deban reconstruir sus viviendas y recuperar sus fuentes de ingresos.

Más de 20 réplicas y una amenaza que continuará

Tras el terremoto principal se registraron más de 20 réplicas, algunas con magnitudes cercanas a 4,8. Estos movimientos secundarios forman parte del comportamiento habitual de una zona después de un terremoto de gran magnitud, debido a los reajustes que se producen en las estructuras geológicas próximas a la ruptura principal.

Las autoridades han insistido, sin embargo, en que no existe actualmente un método científicamente comprobado capaz de predecir exactamente cuándo ocurrirá una réplica o qué magnitud tendrá. Por ello, los equipos de emergencia deben trabajar bajo la posibilidad de nuevos movimientos mientras inspeccionan edificios que podrían haber quedado estructuralmente debilitados.

Esta circunstancia explica las restricciones de acceso que pueden imponerse en edificios afectados. Una construcción que aparentemente continúa en pie puede haber sufrido daños internos que no resultan visibles desde el exterior. Una nueva sacudida podría provocar el colapso de estructuras ya debilitadas y poner en peligro a sobrevivientes, familiares, voluntarios y rescatistas.

Colombia y una historia marcada por grandes terremotos

La tragedia actual también devuelve a la memoria otros terremotos que marcaron la historia colombiana.

Uno de los antecedentes más importantes ocurrió el 23 de noviembre de 1979, cuando un terremoto de magnitud aproximada de 7,2 afectó principalmente la región occidental del país. El SGC ha señalado este evento como uno de los grandes antecedentes sísmicos de la zona donde ocurrió el movimiento de 2026.

Pero el recuerdo más profundo para millones de colombianos sigue siendo el terremoto del Eje Cafetero del 25 de enero de 1999. Aquel sismo, de magnitud 6,1, produjo una devastación particularmente grave en Armenia y otras localidades de Quindío, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Tolima.

Según información histórica de la UNGRD, el terremoto de 1999 dejó aproximadamente 1.185 personas fallecidas, más de 8.500 heridas y decenas de miles de viviendas destruidas o gravemente afectadas. Los daños económicos fueron estimados en alrededor de 2,7 billones de pesos, equivalentes entonces a aproximadamente 2,2 % del PIB nacional.

La comparación histórica es inevitable, aunque las características de ambos terremotos son diferentes. El desastre de 1999 mostró cómo un movimiento relativamente menos potente en términos de magnitud puede producir una enorme cantidad de víctimas cuando coincide con vulnerabilidad urbana, edificaciones deficientes y elevada concentración de población.

El terremoto de 2026 vuelve a plantear esa misma cuestión: no basta con conocer la magnitud del sismo. El número de víctimas depende también de la profundidad, distancia al epicentro, calidad de las construcciones, densidad urbana, preparación de la población y capacidad de respuesta de las instituciones.

Un país sísmicamente activo

Colombia registra actividad sísmica prácticamente todos los días. El Servicio Geológico Colombiano señala que se producen alrededor de 2.500 sismos mensuales, aunque la inmensa mayoría son demasiado pequeños o profundos para ser percibidos por la población.

La situación geológica del país explica esa actividad. Colombia se encuentra en una zona donde interactúan diferentes placas tectónicas y sistemas de fallas. La región occidental está especialmente condicionada por la subducción de la placa de Nazca, mientras que otras zonas presentan diferentes estructuras tectónicas activas.

El problema, por tanto, no es si Colombia volverá a experimentar terremotos. La pregunta es cuándo ocurrirán, dónde serán sus epicentros y qué nivel de vulnerabilidad encontrarán en las poblaciones afectadas.

La existencia de una red nacional de monitoreo permite detectar rápidamente los eventos y establecer sus características, pero la ciencia todavía no puede anticipar con precisión el momento exacto de un terremoto.

La desinformación aparece durante la emergencia

Como ocurre habitualmente después de grandes desastres, las redes sociales comenzaron a difundir teorías no respaldadas científicamente. Una de las afirmaciones que circuló fue que el terremoto habría sido provocado por HAARP, una instalación científica ubicada en Alaska utilizada para investigar la ionósfera.

No existe evidencia científica que relacione HAARP con la generación de terremotos. El origen de un movimiento de magnitud 7,4 está relacionado con la liberación súbita de energía acumulada por procesos tectónicos, no con ondas de radio utilizadas para investigaciones atmosféricas.

La advertencia es especialmente importante durante una emergencia. La circulación de información falsa puede provocar pánico, desviar recursos y dificultar que la población identifique las instrucciones verdaderamente importantes emitidas por las autoridades.

La siguiente batalla será económica y social

Una vez finalicen las operaciones de búsqueda y rescate, Colombia enfrentará una segunda emergencia: la reconstrucción.

Miles de familias podrían necesitar alojamiento temporal. Los propietarios de viviendas afectadas tendrán que someter sus inmuebles a evaluaciones estructurales. Comerciantes que perdieron sus locales deberán recuperar su capital de trabajo. Las escuelas tendrán que reanudar las clases y los centros de salud recuperar su capacidad operativa.

La infraestructura vial deberá ser reparada para restablecer el comercio y la movilidad regional. Los aeropuertos afectados deberán volver a operar. Las redes de agua, energía y telecomunicaciones tendrán que ser revisadas y, cuando sea necesario, reconstruidas.

La experiencia del terremoto de 1999 demuestra que este proceso puede durar años, no semanas. La reconstrucción no consiste únicamente en reemplazar ladrillos y concreto: implica recuperar comunidades enteras y evitar que las familias damnificadas caigan en pobreza o desplazamiento permanente.

El desafío para el Gobierno de De la Espriella

Para Abelardo de la Espriella, la tragedia ocurre apenas al comienzo de su administración y representa una de las primeras grandes pruebas de capacidad de gestión de su Gobierno.

La declaratoria de desastre nacional le permite centralizar la coordinación y activar mecanismos especiales, pero también aumenta la responsabilidad política del Ejecutivo. Cada hora de retraso en el rescate, cada hospital que no pueda funcionar, cada carretera bloqueada y cada familia sin asistencia se convertirá en un indicador de la eficacia de la respuesta estatal.

El Gobierno deberá demostrar que puede coordinar simultáneamente a la Presidencia, ministerios, Fuerzas Militares, Policía, UNGRD, gobernaciones, alcaldías, cuerpos de bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y organizaciones voluntarias.

También tendrá que administrar los recursos con transparencia. Una emergencia de esta magnitud implica enormes flujos de dinero para alimentación, alojamiento, maquinaria, reconstrucción y asistencia social, lo que obliga a establecer mecanismos estrictos de control para evitar corrupción o desviación de recursos.

Antes, ahora y después

Antes del terremoto, Colombia ya conocía su vulnerabilidad sísmica y contaba con un sistema nacional de gestión del riesgo construido después de décadas de experiencias con terremotos, inundaciones, deslizamientos y otros desastres. La memoria del Eje Cafetero de 1999 había dejado una lección fundamental: la prevención y la construcción resistente pueden determinar la diferencia entre un fuerte movimiento y una catástrofe nacional.

Ahora, el país enfrenta uno de los terremotos más importantes de su historia reciente, con 111 fallecidos, 87 heridos, 61 edificios colapsados y más de 1.500 viviendas afectadas, según el balance oficial difundido por el Gobierno. Las operaciones de búsqueda, evaluación y asistencia todavía están en desarrollo, por lo que las cifras pueden cambiar.

Después comenzará la etapa que determinará el verdadero costo de la tragedia. Colombia tendrá que reconstruir viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos; recuperar empleos y actividades económicas; atender las consecuencias psicológicas de la población y revisar las condiciones de seguridad estructural en las zonas golpeadas.

El terremoto también obligará a revisar nuevamente los mapas de amenaza sísmica, los protocolos de evacuación y la preparación de las ciudades. La declaratoria de desastre nacional puede servir para responder al presente, pero la verdadera prueba será utilizar la reconstrucción para reducir el riesgo del próximo terremoto.

Porque Colombia no puede evitar que las placas tectónicas vuelvan a liberar energía. Lo que sí puede hacer es reducir la vulnerabilidad de sus ciudades, fortalecer sus instituciones y preparar a su población para que el próximo gran terremoto encuentre un país mejor preparado que el que encontró el movimiento de este 10 de agosto.