DESOBEDIENCIA CIVIL

El 30 de Junio pasado el senador y excandidato presidencial IVAN CEPEDA CASTRO, en una alocución a la ciudadanía y recogiendo de manera reflexiva y preventiva las incertidumbres y temores que albergan más de doce millones de ciudadanos que rechazaron la opción agresiva, violenta y belicista del señor Abelardo de la Espriella, quien obtuvo la victoria en las recientes justas presidenciales por una diferencia de un poco más de 250 mil votos, manifestó con toda claridad y de manera contundente su intención de promover, en el marco de la constitución y de la ley y el derecho fundamental a la libertad de opinión, la desobediencia civil frente a las decisiones regresivas y radicales que ha anunciado el presidente electo.

De inmediato los colombianos, de lado y lado, empezaron a expresar sus opiniones al respecto dejando ver, de manera muy evidente la fractura que nuestra sociedad tiene y que, lamentablemente se ha profundizado a raíz del tono que ha mantenido el señor de la Espriella en contra de quienes no respaldamos y disentimos fundamentalmente de su propuesta.

Luego de los nefastos ocho años de Álvaro Uribe, que, aparte de una gran corrupción, llevaron a la exacerbación de la violencia y la degradación del conflicto con el asesinato repugnante de miles de jóvenes desempleados por parte de fichas del ejército, aparte de la ejecución de miles de líderes sociales por otros actores violentos, por lo general relacionados con el narcotráfico, la explotación y el comercio ilegal del oro y , no pocas veces, con el acallamiento de contradictores políticos, salvo en los cuatro años del señor Iván Duque, la situación de violencia en el país comenzó a amainar. Mucho más después de que se concretó el acuerdo de paz con la funesta guerrilla de las FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIA DE COLOMBIA. EJERCITO DEL PUEBLO (FARC-EP).

Los esfuerzos del gobierno Petro por llegar a acuerdos con otros actores del conflicto, lamentablemente no llegaron a buen término, lo que le supuso muchas críticas por parte de quienes condujeron en más de doscientos años de historia republicana a los repetidos y sangrientos conflictos que se han venido presentando hasta nuestros días, sólo que ahora más allá de motivaciones reparativas y redistributivas en una sociedad en extremo inequitativa e injusta, los grupos violentos fatalmente están dedicados a actividades francamente delictivas.

Aprovechando entonces el desconcierto y la desilusión de muchos colombianos, el autodenominado “Tigre” propuso la cesación de todo esfuerzo por atraer a esos grupos al camino de la paz y el retorno al combate abierto en contra de ellos, una estrategia que se ha demostrado ineficaz y que, tristemente ha conducido a la exacerbación de la violencia y la muerte de muchos valiosos jóvenes.

Su propuesta belicista fue apoyada por una exigua mayoría de colombianos, residentes especialmente en zonas urbanas, precisamente aquéllas que no han sentido los embates de las acciones de los violentos.

Pero no contento con ello, el ahora presidente electo, Abelardo de la Espriella, propuso abiertamente la criminalización, represión y eliminación (destripamiento) de toda suerte de discrepancia y diferencia política, particularmente referido a la izquierda democrática, muy al tono de lo que repite incansablemente como una letanía el señor Donald Trump, quien, además, no ha tenido ambages para propalar a diestra y siniestra y en todos los tonos la versión según la cual de la Espriella obtuvo la presidencia debido a las maniobras y apoyos del gobierno de los EEUU.

En uno de sus comentarios el señor de la Espriella aseguró que las personas de izquierda eran algo así como seres subhumanos que no merecían el trato de ciudadanos ni la aplicación de los derechos humanos pues, a su parecer, no eran más que delincuentes.

Probablemente no todos los que votaron por él crean también eso, pero está claro que muchos si apoyan esa postura, como sucedió con un concejal de Medellín quien, en medio de la euforia por el triunfo del candidato ultraderechista, con voz aguardentosa salió a medios a proponer que se bombardearan los pueblos y ciudades donde ese candidato no había obtenido el favor de la ciudadanía.

Esto, unido a las declaraciones en la que abiertamente el señor presidente electo ha manifestado su intención de abolir todos los avances sociales obtenidos en dura lid por el gobierno saliente y, más allá de ello, en luchas históricas de la clase obrera y campesina, de los indígenas y, en general, los ciudadanos de menores ingresos en este país: El salario mínimo vital, la reforma agraria, los derechos laborales, el acceso a la pensión, el derecho a la salud. el empleo digno y todas las acciones redistributivas del estado.

Y claro, son tan protuberantemente inconstitucionales las amenazas del señor de La Espriella que algunos de sus adláteres como el vicepresidente Juan Manuel Retrepo y el camaleónico Rodrigo Lara, hijo del asesinado homónimo, su padre, víctima de Pablo Escobar en conjunto con algunos de los narcotraficantes y paramilitares que Abelardo de la Espriella defendió y estafó, han salido a intentar apaciguar las aguas diciendo que de ninguna manera de la Espriella va a destripar a nadie, ni va a criminalizar la protesta social, sólo que cuando lo han hecho han advertido en contra de cualquier clase de manifestación callejera del pueblo en contra de las medidas que ya se anuncian polémicas y regresivas del nuevo gobierno.

De hecho, el señor Rodrigo Lara se ha referido a la convocatoria a la desobediencia civil como un llamado a la violencia y al desorden, a la oposición a las normas vigentes como una medida repudiable del gobierno saliente y de los 12 y medio millones de colombianos que no coincidimos con los planteamientos del gobierno que comenzará el próximo 7 de agosto, lo que nos hace proclives a ser tratado como delincuentes.

Al respecto se han pronunciado algunos medios alternativos como la revista Raya. En un artículo publicado de 4 de julio, intitulado “La desobediencia civil no es un llamado a la violencia” el catedrático IVÁN DARÍO ÁVILA GAITÁN asegura que: “Buena parte de las reacciones conocidas hasta el momento han tendido a identificar la desobediencia civil con formas de criminalidad, sedición o rebelión, como si el solo hecho de anunciar la posibilidad de no acatar determinadas órdenes implicara necesariamente un llamado al desconocimiento del orden constitucional o una invitación al empleo de la violencia”.

El discurso de los futuros funcionarios del gobierno de la Espriella iría encaminado, afirma el autor de la nota referida, a generar temor y rechazo en la ciudadanía frente a un concepto delimitado y definido claramente por la filosofía, los teóricos de la política y los constitucionalistas durante más de siglo y medio de vigencia del mismo y justificar reacciones de tipo violento y draconiano en contra de quienes lo implementen.

En su intervención pública el jefe de la oposición, IVAN CEPEDA CASTRO, aclaró que la desobediencia civil es un acto de resistencia pacífica frente a medidas injustas o desproporcionadas, como las que se pueden inferir del discurso proselitista del abogado que llega a ocupar la presidencia del país. Además, condicionó su aplicación al cumplimiento de unas solicitudes que ha elevado al nuevo gobierno como son:

1. Garantía del respeto a la soberanía nacional. Dada la condición propia del juramento que de la Espriella hizo al obtener la ciudadanía estadounidense de priorizar siempre los intereses de los EEUU por encima de cualquier otro interés derivado de su condición como ciudadano de otro país, más aún, presidente del mismo.
2. Garantía a la autonomía institucional del estado colombiano, toda vez que en varias ocasiones el señor de la Espriella ha manifestado su intención de hacer uso de las instituciones de justicia de los EEUU, por encima de las entidades propias de nuestra nación.
3. Claridad en torno a la condición de de la Espriella de colaborador o funcionario de agencias de seguridad de la metrópoli
4. Esclarecimiento de las relaciones del presidente electo con figuras como Alex Saab. Téngase en cuenta que recientemente un grupo de congresistas de los EEUU solicitaron al Departamento de Justicia de ese país claridad sobre la licitud de las fuentes de la inmensa fortuna de la que alardea el señor de la Espriella.

La desobediencia civil como tal no aparece expresamente señalada en la Constitución colombiana, pero al respecto la Corte Constitucional se ha pronunciado, particularmente en la sentencia T571 de 2008 en la que,  sin desconocer la supremacía de la constitución, afirma que  el principio pluralista permite, en determinadas circunstancias, “disentir y protestar respecto del contenido de una disposición normativa, incluso mediante el incumplimiento de algunas obligaciones, cuando ello tiene como finalidad llamar la atención acerca de la necesidad de implementar de manera efectiva otros principios igualmente constitucionales”.

La desobediencia civil corresponde, según la Corte, a aquellas actuaciones de determinados ciudadanos que deciden incumplir públicamente una obligación jurídica en reivindicación de principios políticos de justicia incorporados en la propia Constitución. Dicha acción es necesariamente NO VIOLENTA y presupone lealtad hacia los mecanismos democráticos que imponen apelar al consentimiento de la mayoría antes que a imposiciones particulares (Rawls, Habermas). La desobediencia civil es una práctica pública, consciente y no violenta, no conspirativa ni clandestina y es, según Arendt un mecanismo de corrección de las distorsiones de una democracia viva.

Quien pone en práctica la desobediencia civil manifiesta también su disposición a asumir las consecuencias de su conducta dentro del marco jurídico existente al tiempo que llama la atención frente a la incompatibilidad de aquello por lo cual protesta con el marco jurídico y constitucional vigente. No es aceptable, desde esta perspectiva, asumir la discrepancia como una amenaza contra el ordenamiento democrático, sino como un elemento de natural y necesaria ocurrencia, una manifestación de vitalidad y salud de la democracia y un mecanismo de participación ciudadana en el marco del pluralismo, frente a las decisiones que, en el marco de ella, se toman.

Por su carácter pluralista, respetuoso, inclusivo y participativo, la desobediencia civil constituye un elemento fundamental constitutivo de la democracia moderna, piedra de toque, según Habermas, de los estados democráticos de derecho. Criminalizarla es negar la esencia misma de la democracia y su pluralismo implícito. El estado democrático de derecho no exige una obediencia ciega, ella debe ser producto de un proceso de reflexión y discernimiento, una postura racional, argumentativa y ponderada de análisis.

Culmina su importante disertación el connotado articulista y catedrático IVÁN DARÍO ÁVILA GAITÁN, afirmando que “asumir con rigor lo que significa la desobediencia civil es una exigencia intelectual y democrática. Esto no obliga a compartir automáticamente las razones invocadas por quienes recurren a ella ni a respaldar sus decisiones políticas. Obliga, más bien, a evitar que una categoría cuidadosamente elaborada por la filosofía política contemporánea y parcialmente reconocida por la propia jurisprudencia constitucional colombiana sea reducida a un instrumento retórico destinado a sembrar temor entre la ciudadanía. Cuando la desobediencia civil es confundida con la criminalidad, la rebelión o el terrorismo, no solamente se desfigura un concepto académico ampliamente consolidado, sino que también se facilita la legitimación de respuestas incompatibles con el pluralismo que define a un Estado social y democrático de derecho”

Fuente: “La desobediencia civil no es un llamado a la violencia” IVÁN DARÍO ÁVILA GAITÁN, Revista Raya, 04 de julio de 2026

https://revistaraya.com/la-desobediencia-civil-no-es-un-llamado-a-la-violencia.html

POR CARLOS FAJARDO

PARA PRENSA MERCOSUR