El debate sobre la violencia policial y los derechos humanos en las operaciones de seguridad de Brasil sigue siendo una herida abierta en el mayor país del Mercosur, y plantea interrogantes profundos sobre el modelo de seguridad pública que el bloque promueve a través de instrumentos como el SISME y el acuerdo de cooperación policial fronteriza. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado de manera persistente los abusos cometidos en el marco de las operaciones policiales en las favelas y periferias brasileñas. «La población de las favelas vive bajo un estado de alerta y amenaza permanente; las operaciones policiales en Brasil se han convertido en sinónimo de terror, racismo y desprotección total», señaló Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil. «No hay justificación posible para este uso de la fuerza letal; la seguridad pública debe proteger vidas, no destruirlas».
La dimensión racial de la violencia policial en Brasil es uno de los aspectos más graves que los organismos internacionales han denunciado de manera reiterada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado el uso de perfiles raciales por parte de las fuerzas de seguridad, que termina generando un alto número de víctimas afrodescendientes, residentes de barrios marginales, periferias y zonas de mayor vulnerabilidad. Este patrón de violencia que afecta desproporcionadamente a la población negra y pobre de las favelas brasileñas plantea un desafío ético y político para un bloque que, a través del Protocolo de Ushuaia, se define como custodio de los derechos humanos y los valores democráticos. La contradicción entre la retórica de los derechos humanos y la realidad de la violencia de Estado es una tensión que el Mercosur no puede ignorar si aspira a ser coherente con sus principios fundacionales.
El debate sobre la violencia policial adquiere especial relevancia en el contexto de la creciente cooperación en materia de seguridad dentro del bloque. El Mercosur ha avanzado en la construcción de instrumentos de cooperación policial, como el Sistema de Intercambio de Información de Seguridad y el acuerdo de cooperación policial fronteriza que Brasil promulgó recientemente. Estos instrumentos, diseñados para combatir el crimen organizado transnacional, plantean la pregunta de cómo garantizar que la cooperación en seguridad respete los estándares de derechos humanos. El desafío para el bloque es construir un modelo de seguridad regional que combata eficazmente el crimen organizado sin reproducir los patrones de violencia de Estado que las organizaciones internacionales han denunciado en Brasil. La cooperación en seguridad no puede convertirse en una excusa para la violación sistemática de los derechos fundamentales.
La tensión entre seguridad y derechos humanos es un dilema que atraviesa a toda la región y que se manifiesta de distintas formas en cada país del bloque. La designación estadounidense del Comando Vermelho y el PCC como organizaciones terroristas, la militarización de la seguridad en Bolivia ante las protestas, y las operaciones policiales en las favelas brasileñas son expresiones de un debate más amplio sobre el modelo de seguridad que la región adopta. Las organizaciones de derechos humanos advierten que la lógica de la «guerra contra el crimen» tiende a legitimar el uso excesivo de la fuerza y a generar impunidad para las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad. Este debate es central para el futuro del Mercosur, porque define el tipo de seguridad que el bloque quiere construir: una seguridad basada en el respeto a los derechos humanos o una seguridad basada en la represión y la militarización.
Para el Mercosur, la cuestión de la violencia policial y los derechos humanos es una prueba de la coherencia de su identidad como bloque democrático. El bloque que invoca el Protocolo de Ushuaia para defender la democracia en Venezuela y Bolivia debe ser igualmente riguroso en la defensa de los derechos humanos dentro de sus propios países, incluida la protección de las poblaciones más vulnerables frente a la violencia de Estado. La credibilidad del Mercosur como custodio de los valores democráticos depende de su capacidad para aplicar esos valores de manera consistente, tanto en su política exterior como en sus realidades internas. La defensa de los derechos humanos no puede ser selectiva: debe abarcar tanto la denuncia de los abusos en los países vecinos como la autocrítica sobre las propias deficiencias del bloque.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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