El modelo Bukele inspira la ofensiva contra el crimen en Ecuador, pero el desafío de desmantelar las redes infiltradas sigue abierto

La estrategia de seguridad implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, continúa expandiendo su influencia en América Latina. Ecuador se ha convertido en el principal país sudamericano en adoptar una política inspirada en el denominado «modelo Bukele», basado en la militarización de la seguridad pública, el fortalecimiento de las fuerzas policiales, la construcción de cárceles de alta seguridad y una ofensiva permanente contra las organizaciones criminales. Sin embargo, especialistas advierten que, aunque se han obtenido algunos avances operativos, la realidad ecuatoriana presenta diferencias estructurales mucho más complejas que las enfrentadas por El Salvador, debido a la presencia de poderosas redes del narcotráfico internacional y a la infiltración del crimen organizado en distintos niveles del Estado.

En los últimos años, Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros de Sudamérica a convertirse en un importante corredor del narcotráfico internacional. Su ubicación estratégica entre Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, junto con la utilización de sus puertos sobre el océano Pacífico para enviar droga hacia Europa y Norteamérica, favoreció el crecimiento de organizaciones criminales como Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones y otras bandas que mantienen vínculos con carteles mexicanos y grupos criminales internacionales. La expansión de estas estructuras provocó un fuerte aumento de los homicidios, atentados, secuestros y extorsiones, obligando al Estado ecuatoriano a declarar conflictos armados internos y reforzar la presencia militar en las calles.

El modelo impulsado por Bukele se basa en una combinación de control territorial permanente, inteligencia, captura masiva de integrantes de organizaciones criminales, construcción de centros penitenciarios de máxima seguridad y una fuerte presencia del Estado en zonas anteriormente dominadas por las pandillas. En El Salvador, el Gobierno sostiene que esta estrategia permitió reducir drásticamente los homicidios y recuperar barrios que durante décadas permanecieron bajo control de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. No obstante, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos cuestionan diversos aspectos del régimen de excepción por denuncias de detenciones arbitrarias y restricciones a garantías constitucionales.

Uno de los conceptos que Bukele ha reiterado en distintos discursos y entrevistas es que cuando un país lleva mucho tiempo combatiendo al crimen organizado sin obtener resultados significativos, es necesario preguntarse si las organizaciones criminales lograron infiltrarse en las instituciones del Estado. Según el mandatario salvadoreño, las mafias solo consiguen mantener su poder durante largos períodos cuando cuentan con algún grado de corrupción, protección o complicidad dentro de organismos públicos, ya sea en cuerpos policiales, sistemas penitenciarios, estructuras políticas o instituciones judiciales. Esa afirmación refleja la posición política de Bukele y forma parte de su argumentación para justificar una depuración profunda de las instituciones encargadas de la seguridad.

Diversos estudios sobre criminalidad organizada sostienen que la infiltración institucional constituye uno de los principales desafíos para los Estados latinoamericanos. Redes criminales dedicadas al narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, el tráfico de armas y el lavado de dinero suelen buscar influencia sobre funcionarios públicos mediante corrupción, amenazas o financiamiento ilegal. Cuando ello ocurre, las operaciones policiales pierden eficacia porque las organizaciones obtienen información anticipada sobre allanamientos, investigaciones o movimientos de las fuerzas de seguridad, dificultando la desarticulación de sus estructuras financieras y logísticas.

Sin embargo, especialistas también advierten que replicar el modelo salvadoreño no garantiza automáticamente los mismos resultados. El Salvador posee un territorio mucho más pequeño y enfrentaba principalmente pandillas urbanas con una estructura distinta a la de los grandes carteles transnacionales que operan en Ecuador. En este último país confluyen rutas internacionales del narcotráfico, puertos estratégicos, economías ilegales vinculadas a la minería y organizaciones con conexiones fuera de sus fronteras, lo que convierte el problema en un fenómeno de mayor complejidad regional.

Además de la acción policial y militar, expertos consideran que la lucha contra el crimen organizado requiere fortalecer la inteligencia financiera, combatir el lavado de activos, reforzar la independencia judicial, mejorar los controles fronterizos y reducir la corrupción institucional. También subrayan la importancia de desarrollar políticas sociales orientadas a disminuir el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales, especialmente en zonas con elevados niveles de pobreza y exclusión.

El debate sobre el modelo Bukele también divide a la comunidad internacional. Mientras algunos gobiernos destacan la significativa reducción de los homicidios registrada en El Salvador y consideran su estrategia un ejemplo para otros países, organismos internacionales como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversas organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por denuncias de detenciones arbitrarias, restricciones procesales y presuntas violaciones de derechos fundamentales durante el régimen de excepción.

En Ecuador, el éxito de la estrategia dependerá no solo de la capacidad para capturar a los líderes criminales, sino también de recuperar el control efectivo de las instituciones públicas y de impedir que las organizaciones criminales continúen infiltrando estructuras estatales. La experiencia regional demuestra que la lucha contra el crimen organizado exige resultados sostenidos en el tiempo y una combinación de seguridad, justicia, transparencia institucional y cooperación internacional para debilitar redes que operan mucho más allá de las fronteras nacionales.