El acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea no solo elimina aranceles: también transforma la forma en que las empresas demuestran el origen de sus productos para acceder a esos beneficios. Desde la entrada en aplicación provisional del tratado, la autocertificación de origen emerge como uno de los cambios más importantes para el comercio internacional del bloque. Especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostienen que este nuevo sistema puede reducir costos, agilizar exportaciones y facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas en el mercado europeo, siempre que los países implementen adecuadamente el nuevo modelo y capaciten a sus exportadores.

Hasta ahora, obtener un arancel preferencial implicaba un proceso burocrático que, en muchos casos, reducía el beneficio económico del propio acuerdo comercial. Bajo el sistema tradicional, cada exportación requería un certificado de origen emitido por una entidad autorizada, generalmente una cámara de comercio o un organismo estatal. El exportador debía presentar documentación, pagar tasas administrativas y esperar la emisión del certificado para cada envío realizado. Para grandes empresas el costo podía ser manejable, pero para muchas pymes representaba una carga significativa que incluso llegaba a absorber gran parte del ahorro obtenido gracias a la reducción de aranceles.

El nuevo acuerdo modifica completamente ese procedimiento. La prueba de origen deja de depender de un certificado emitido por terceros y pasa a ser responsabilidad directa del exportador, quien podrá incluir una declaración de origen en la propia factura comercial, en la nota de entrega o en otro documento que acompañe la mercancía. Este mecanismo elimina trámites repetitivos, reduce tiempos administrativos y permite que las empresas accedan con mayor rapidez a las preferencias arancelarias previstas en el tratado. La declaración tendrá una vigencia de doce meses y el exportador deberá conservar la documentación que respalde el origen del producto durante al menos tres años, quedando sujeto a eventuales controles de las autoridades aduaneras.

Uno de los principales objetivos de esta reforma es disminuir los costos ocultos del comercio internacional. Investigaciones académicas citadas por el BID muestran que, en algunos acuerdos comerciales, los costos administrativos asociados a las reglas de origen llegaron a consumir cerca de la mitad del beneficio arancelario obtenido por los exportadores. Cuando certificar el origen resulta demasiado costoso, muchas empresas optan por no utilizar las preferencias negociadas o incluso dejan de exportar determinados productos. La simplificación del sistema busca precisamente evitar ese problema.

La experiencia internacional respalda este modelo. La Unión Europea ya utiliza sistemas similares mediante el Registered Exporter System (REX), aplicado en acuerdos con Canadá, Japón, Reino Unido y Vietnam. Asimismo, países como Chile operan con varios tratados comerciales basados en la autocertificación, demostrando que el mecanismo puede reducir significativamente los costos sin disminuir los niveles de control aduanero. En estos sistemas, la responsabilidad se traslada del organismo certificador hacia el propio exportador, quien debe conocer detalladamente las reglas de origen y responder por cualquier declaración incorrecta.

Para el MERCOSUR, este cambio representa una oportunidad especialmente importante para las pequeñas y medianas empresas, que históricamente enfrentaron mayores dificultades para acceder a los beneficios de los acuerdos comerciales debido a los elevados costos administrativos. La eliminación de trámites repetitivos permitirá que exportaciones de menor volumen también puedan beneficiarse de las reducciones arancelarias, ampliando la base de empresas con capacidad para ingresar al mercado europeo. Sin embargo, especialistas advierten que el éxito dependerá de que los gobiernos desarrollen programas de capacitación, plataformas digitales eficientes y mecanismos de asistencia técnica que ayuden a los exportadores a comprender correctamente las reglas de origen.

El acuerdo también establece un período de transición de hasta tres años, prorrogable por dos años adicionales, durante el cual seguirán siendo aceptados los certificados tradicionales de origen. Esto permitirá que las empresas adopten gradualmente el nuevo sistema sin afectar sus operaciones comerciales. Paralelamente, cada país del MERCOSUR deberá adaptar su legislación y sus plataformas electrónicas para administrar el nuevo modelo. Brasil, por ejemplo, ya contaba con un esquema de autocertificación integrado al Portal Único/SISCOMEX, lo que facilita su implementación.

Más allá del aspecto técnico, diversos economistas consideran que la autocertificación constituye una herramienta estratégica para aumentar la competitividad internacional del MERCOSUR. La eliminación de barreras administrativas complementa la reducción progresiva de aranceles prevista en el acuerdo con la Unión Europea y puede favorecer una mayor integración de las cadenas productivas regionales con el mercado europeo. No obstante, advierten que los beneficios no serán automáticos: será necesario armonizar criterios entre las aduanas del bloque, fortalecer la cooperación institucional y garantizar que las declaraciones emitidas en cualquiera de los países del MERCOSUR sean reconocidas con iguales garantías por las autoridades europeas.

Para el Banco Interamericano de Desarrollo, la autocertificación no constituye un simple cambio burocrático, sino la herramienta que permitirá convertir las preferencias arancelarias en oportunidades comerciales reales. Si los países del MERCOSUR logran implementar correctamente este sistema, miles de empresas —especialmente pequeñas y medianas— podrán acceder con mayor facilidad al mercado europeo, fortaleciendo las exportaciones, incrementando la competitividad regional y aprovechando plenamente uno de los acuerdos comerciales más importantes alcanzados por América del Sur en las últimas décadas.