Los Ministerios Públicos de los países del MERCOSUR dieron un nuevo paso hacia una cooperación regional más estrecha en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Reunidos en la ciudad de Río de Janeiro, fiscales generales, procuradores y representantes de organismos internacionales acordaron reforzar el intercambio de información, crear mecanismos más ágiles de investigación conjunta y coordinar acciones para enfrentar uno de los delitos transnacionales que más ha crecido en América Latina durante la última década. El encuentro fue organizado por el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil, en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y con apoyo de la Unión Europea, coincidiendo con el Día Mundial contra la Trata de Personas, celebrado el 30 de julio.
En la reunión participaron representantes de los Ministerios Públicos de Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Costa Rica, además de delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Federal, Ameripol, el Ministerio Público del Trabajo y organismos internacionales especializados. El objetivo central fue construir una respuesta regional coordinada frente a organizaciones criminales que operan simultáneamente en varios países y que aprovechan las diferencias legislativas y la limitada cooperación judicial para expandir sus actividades ilícitas.
Durante la apertura del encuentro, la secretaria de Cooperación Internacional del MPF, Anamara Osório, destacó que ningún país puede enfrentar por sí solo el tráfico internacional de personas, debido a que las redes criminales actúan de manera transnacional. Explicó que la cooperación entre fiscales, policías, cancillerías y organismos judiciales resulta indispensable para agilizar las investigaciones, compartir pruebas y facilitar la captura de los responsables. También subrayó la importancia de modernizar los tratados internacionales para adaptarlos a las nuevas modalidades utilizadas por estas organizaciones.
Uno de los anuncios más relevantes fue el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Lucha contra la Trata Internacional de Personas y el Tráfico de Migrantes (UNTC), creada por el Ministerio Público Federal de Brasil en 2024. Según la coordinadora nacional de la unidad, Stella Scampini, durante 2025 se tramitaron 79 solicitudes de cooperación jurídica internacional, cifra considerada significativa para un organismo de reciente creación y que mantiene un ritmo similar durante 2026. La existencia de una unidad especializada ha permitido acelerar el intercambio de información entre fiscalías y fuerzas de seguridad de distintos países, reduciendo tiempos de respuesta en investigaciones complejas.
Los participantes analizaron además la evolución del delito en el entorno digital. Los expertos advirtieron que las organizaciones criminales utilizan cada vez más redes sociales, plataformas de mensajería, falsas ofertas de empleo y aplicaciones digitales para captar víctimas destinadas a explotación sexual, trabajo forzoso, servidumbre doméstica, minería ilegal y fraudes virtuales. Este fenómeno representa un cambio significativo respecto de los métodos tradicionales de captación y obliga a adaptar las herramientas de investigación y cooperación internacional.
Otro de los ejes del encuentro fue la necesidad de fortalecer las investigaciones conjuntas mediante el uso de los instrumentos previstos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo). Entre ellos destacan los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), que permiten a fiscales y policías de diferentes países trabajar coordinadamente sobre un mismo caso, compartir pruebas directamente y evitar demoras derivadas de los procedimientos tradicionales de asistencia judicial internacional.
Como resultado del encuentro, los Ministerios Públicos acordaron actualizar periódicamente los puntos focales de cooperación en cada país, realizar reuniones anuales de la Subcomisión de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Red Especializada de Ministerios Públicos del MERCOSUR (REMPM), impulsar la ratificación de la enmienda al Protocolo de San Luis, destinada a simplificar la asistencia jurídica mutua, y elaborar un diagnóstico conjunto sobre los principales corredores utilizados por las organizaciones criminales en las fronteras sudamericanas. También se prevé organizar talleres con fuerzas policiales, autoridades migratorias y Ameripol, con apoyo técnico de la UNODC.
El encuentro también permitió dimensionar la magnitud del problema. De acuerdo con el Ministerio Público Federal de Brasil, entre 2025 y 2026 fueron denunciadas 216 personas por delitos relacionados con la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de migrantes, reflejando el incremento de las investigaciones especializadas y la creciente cooperación internacional. Las autoridades aclaran que la cifra representa únicamente los casos judicializados y que el número real de víctimas podría ser considerablemente mayor debido al elevado nivel de subregistro característico de este tipo de delitos.
Especialistas en seguridad regional sostienen que la trata de personas constituye actualmente uno de los negocios ilícitos más lucrativos del crimen organizado, junto con el narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de dinero. Las víctimas suelen ser captadas mediante engaños relacionados con ofertas laborales, estudios o promesas de mejores condiciones de vida y posteriormente son sometidas a explotación sexual, trabajo forzoso, mendicidad, matrimonios forzados o diversas formas de esclavitud moderna.
Para los países del MERCOSUR, el fortalecimiento de esta cooperación representa un paso importante hacia una respuesta regional más eficaz frente a un delito que no reconoce fronteras. La combinación de intercambio de inteligencia, investigaciones conjuntas, armonización jurídica y protección integral de las víctimas busca reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales y consolidar una estrategia común que permita enfrentar uno de los mayores desafíos en materia de seguridad y derechos humanos en América del Sur.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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