A cinco años del veto de Lacalle Pou a la ley forestal de Cabildo Abierto, el debate se reaviva con dos propuestas antagónicas. El Instituto Juan Pablo Terra presentó un plan para casi duplicar las plantaciones y flexibilizar los controles ambientales. En la vereda opuesta, académicos y organizaciones sociales exigen vedar 1,57 millones de hectáreas para proteger el agua y la biodiversidad. El gobierno de Orsi mira de reojo.
Tras el veto de Luis Lacalle Pou a la ley forestal impulsada por Cabildo Abierto en 2021, el tema pareció quedar resuelto a favor del sector celulósico-forestal. Pero hoy el debate se reabre con dos posturas claramente enfrentadas. Por un lado, el Instituto Juan Pablo Terra propone expandir la forestación hasta casi 2 millones de hectáreas. Por el otro, una coalición de organizaciones socioambientales y académicos exige vedar 1,57 millones de hectáreas para frenar su avance. En el medio, el recuerdo de aquella ley vetada y un nuevo gobierno que aún no definió su posición.
El plan de los que quieren más forestación
El pasado 5 de mayo, el Instituto Juan Pablo Terra (a través de su Grupo Agro) presentó con bombo y platillo los “Lineamientos de políticas públicas para una nueva etapa de desarrollo forestal sostenible”. Lo hicieron en un evento repleto de autoridades: el director Forestal del MGAP, la directora de Promoción de la Inversión del MEF, el vicepresidente de la Sociedad de Productores Forestales y hasta el subsecretario de Ambiente.
El documento —analizado por La Mañana— es explícito al afirmar que la forestación en Uruguay ha sido una “política de Estado exitosa” y hay que expandirla todavía más. Sus números cantan: hoy hay 1.064.745 hectáreas efectivas forestadas. Ellos proponen llegar a 1.993.717 hectáreas, casi el doble. Eso representa el 13% de la superficie agrícola útil del país.
¿Cómo piensan lograrlo? Flexibilizando las reglas. El plan plantea:
- Identificar zonas de “prioridad para la producción” donde se pueda forestar sin tantas trabas.
- Permitir que los macizos cubran hasta el 30% de las cuencas de nivel 2, y relajar las exigencias en cuencas más pequeñas (nivel 3, 4 y 5).
- Revisar la cartografía de los llamados “parches” (áreas de conservación) para reducir la “discrecionalidad” del Ministerio de Ambiente.
- Declarar los proyectos forestales en esas zonas como “Categoría A” (es decir, automáticamente habilitados si cumplen requisitos básicos).
Además, el documento admite sin vueltas que la forestación desplaza ganadería, que concentra la tierra en pocas empresas (mayoritariamente extranjeras) y que genera impacto ambiental. Pero lo justifica con números, la forestación paga más impuestos por hectárea que la ganadería y la soja, y tiene un efecto multiplicador mayor al promedio de la economía.
El plan de los que quieren poner un freno a la forestación
Sin embargo, apenas unas semanas después, un colectivo encabezado por los investigadores Ismael Díaz y Marcel Achkar (Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias), junto con la organización Redes-Amigos de la Tierra, presentó una propuesta que es la antítesis de la anterior.
Su planteo es sencillo y radical a la vez: vedar 1,57 millones de hectáreas para impedir que la forestación siga avanzando sobre cuencas hídricas estratégicas y áreas protegidas.
La metodología es rigurosa. Parten de las 3,25 millones de hectáreas de “suelos de prioridad forestal” que aún no están plantadas. Les aplican filtros: exclusión de áreas protegidas, exclusión de cuencas que abastecen agua potable, exclusión de zonas de alto valor ecosistémico. El resultado: solo 1,68 millones de hectáreas quedarían habilitadas para eventual expansión. Es decir, 1,57 millones de hectáreas quedarían vetadas.
Los autores no especulan. Marcel Achkar recordó que hace más de una década vienen alertando sobre la caída del rendimiento hídrico por efecto de la forestación. Y tiró un dato incómodo, las propias empresas forestales financiaron algunas de esas investigaciones, esperando resultados distintos. “Los números coincidieron con los nuestros: la reducción del caudal de agua llega a niveles altísimos en períodos de bajas precipitaciones”, afirmó.
En 2023 Uruguay sufrió una crisis hídrica sin precedentes. El proyecto Neptuno (que implicaba tomar agua del Río de la Plata) fue descartado por el gobierno de Yamandú Orsi en 2025. Pero el problema de fondo —la disponibilidad de agua dulce para la población— sigue sin resolverse.
El antecedente incómodo: la ley que vetó Lacalle Pou
Para entender el clima de hoy, hay que volver a 2021. En aquel entonces, Cabildo Abierto (con el apoyo del Frente Amplio) logró aprobar en el Parlamento una ley que limitaba la forestación en suelos agrícolas de alto valor productivo. No era una prohibición total, pero sí un freno significativo.
Lacalle Pou la vetó. El argumento oficial fue defender “los derechos de propiedad, libertad y trabajo”. Detrás de ese discurso, todos sabían que estaba en juego la confianza inversionista de las grandes celulósicas. El veto se impuso en la Asamblea General. Los ambientalistas salieron derrotados, pero no desaparecieron.
Esa ley —que nunca llegó a regir— hoy es un fantasma que recorre el debate. Los sectores críticos la reivindican como un antecedente que demostró que había voluntad política para poner límites. Los sectores pro-forestación la recuerdan con alivio como un peligro evitado.
Dos modelos, un mismo territorio
El choque no podría ser más nítido. Del lado de los que quieren expandir, está el Instituto Terra, la Sociedad de Productores Forestales, y buena parte de las autoridades del MGAP y el MEF. Su argumento es económico: la forestación genera divisas (más de 3.000 millones de dólares anuales en exportaciones), empleo (23.000 puestos directos) y desarrollo industrial. Cualquier restricción, dicen, espantará inversiones.
Del lado de los que quieren limitar, están los académicos de Facultad de Ciencias, Redes-Amigos de la Tierra, más de 90 organizaciones sociales y sindicatos, y productores familiares. Su argumento es ecológico y social: la forestación seca las cuencas, concentra la tierra en manos extranjeras, desplaza ganaderos, y beneficia a unos pocos mientras la población se queda sin agua potable.
¿Y el gobierno de Yamandú Orsi? Por ahora, silencio. En la presentación del Instituto Terra, el subsecretario de Ambiente, Oscar Caputi, dijo que desde su cartera “no habría mayores obstáculos para el desarrollo del sector forestal”. Pero también advirtió que las reglas deben tener “base científica”. Justamente, la propuesta de los ambientalistas se apoya en ciencia.
Lo que viene
La propuesta de vedar 1,57 millones de hectáreas aún no es ley. Pero sus impulsores anunciaron que la llevarán al Parlamento y a instancias de diálogo ciudadano. “Acá hay una propuesta concreta, con evidencia científica, y debe ser tomada con seriedad por los sectores políticos”, dijo María Selva Ortiz, de Redes-Amigos de la Tierra.
Mientras tanto, el Instituto Terra presiona para que el gobierno convoque rápidamente a una comisión interministerial y defina un “Plan Estratégico de Desarrollo Forestal” en un plazo de 180 días. No quieren perder tiempo. Saben que cada día de incertidumbre puede frenar inversiones.
El eucaliptus de la discordia vuelve a crecer. Y esta vez, sus raíces dividen al país en dos mitades bien definidas. Del lado de acá, los que ven al bosque como un negocio. Del lado de allá, los que ven al bosque como una amenaza. La pregunta es quién tiene la fuerza para imponer su mapa.
Bruno Cabrera
Fuente de esta noticia: https://www.xn--lamaana-7za.uy/agro/el-eucaliptus-de-la-discordia/
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