Con el respaldo de la academia y decenas de organizaciones sociales, el colectivo ambientalista busca ponerle un alto a la expansión forestal en cuencas estratégicas y áreas protegidas. Afirman que la propuesta no busca prohibir, sino “ordenar”. El sector forestal anticipa una feroz resistencia.
A casi cinco años del veto a la nueva ley forestal, el debate vuelve a incendiar la agenda pública. Esta vez, de la mano de una coalición de organizaciones socioambientales, sindicatos y académicos que propone un giro radical en la política forestal uruguaya: reducir en 1,57 millones de hectáreas la superficie de prioridad forestal, para impedir que el monocultivo de árboles siga avanzando sobre cuencas hídricas estratégicas y ecosistemas protegidos. La iniciativa, que será presentada en las próximas semanas en el Parlamento y en instancias de diálogo con la ciudadanía, ya generó un fuerte rechazo del sector empresarial vinculado a la celulosa.
El veto que cambió la historia
Todo comenzó a fines de 2021, cuando el entonces presidente Luis Lacalle Pou vetó un proyecto de ley que limitaba la forestación en suelos agrícolas de alto valor productivo. La norma había sido aprobada con los votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio, pero el veto presidencial se impuso en la Asamblea General. La excusa fue defender “los derechos de propiedad, libertad y trabajo” garantizados por la Constitución, con el argumento de que la ley impactaba negativamente en los planes de inversión y en la economía nacional.
Aquella derrota parlamentaria no hizo más que postergar un conflicto latente. Cinco años después, con el cambio de gobierno y una matriz productiva cada vez más dependiente de la celulosa, el tema vuelve a escena. Ahora los ambientalistas van por más: no se trata de regular, sino de redefinir la zona forestal a partir del agua.
Una propuesta con números concretos
El documento, elaborado por Ismael Díaz y Marcel Achkar, investigadores del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, junto con la organización Redes-Amigos de la Tierra, fue presentado ante la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía. No es un texto genérico. Allí se define una metodología rigurosa para declarar zonas de incompatibilidad para la expansión forestal.
Entre los criterios más relevantes se destaca que la expansión forestal en ningún caso podrá realizarse por fuera de los suelos de prioridad forestal, y que queda totalmente vedada en áreas protegidas y en cuencas que abastecen de agua potable a la población. Según los datos que manejan, hoy hay unas 3,25 millones de hectáreas de suelos de prioridad forestal aún sin forestar. Tras aplicar sus filtros de exclusión, reducen ese número a 1,68 millones de hectáreas. Es decir, se vetaría la expansión en 1,57 millones de hectáreas.
Impactos en la producción de agua
“Hace más de una década que alertamos sobre la caída en el rendimiento hídrico de las cuencas por efecto de la forestación”, señaló a la diaria el investigador Marcel Achkar. Y agregó un dato clave: varias de esas investigaciones fueron financiadas por las propias empresas forestales. “Esperaban resultados distintos, pero los números coincidieron con los nuestros: la reducción del caudal de agua llega a niveles altísimos en períodos de bajas precipitaciones”, afirmó.
Uruguay ya sufrió una crisis hídrica sin precedentes en 2023. La cuenca del Santa Lucía, de donde se extrae el agua que se potabiliza para Montevideo y el área metropolitana, es una de las zonas más sensibles. El proyecto gubernamental Neptuno, que implicaba tomar agua del Río de la Plata, finalmente fue descartado en 2025 por el gobierno de Yamandú Orsi, pero el problema de fondo no se solucionó: la disponibilidad de agua dulce para la población sigue en riesgo.
Una mirada “moderada”
Conscientes de la resistencia que generará su propuesta, los autores se apresuraron a bajar el tono. “No venimos a prohibir, venimos a ordenar”, repiten una y otra vez. Según Achkar, incluso optaron por parámetros conservadores. “En ninguno de los datos que manejamos pusimos los peores escenarios. Al contrario, fuimos conservadores para lograr consensos”, explicó.
En otras palabras, la superficie que quieren preservar es apenas el punto de partida de un mínimo de protección, no una meta maximalista.
La respuesta del sector
El sector forestal observa con máxima preocupación estos movimientos. Sostiene que la actividad genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos, y aporta más de 3.000 millones de dólares anuales en concepto de exportaciones. Cualquier restricción a la expansión sería vista como un freno al desarrollo.
En diciembre, más de 90 organizaciones sociales, sindicatos y productores familiares emitieron un comunicado exigiendo un debate profundo sobre el modelo forestal, en abierta oposición a la posición empresarial.
Próximos pasos
La propuesta de zonificación no es ley, pero los ambientalistas esperan que lo sea. Está previsto que el documento circule en la comisión de ambiente del Senado y en espacios de diálogo con la ciudadanía. Los activistas insisten en que no se trata de un tema técnico, sino de supervivencia. “Acá hay una propuesta concreta, con evidencia científica y que debe ser tomada con seriedad por los sectores políticos”, remató María Selva Ortiz, integrante de Redes-Amigos de la Tierra.
Redacción
Fuente de esta noticia: https://www.xn--lamaana-7za.uy/agro/proponen-vedar-un-millon-y-medio-de-hectareas-para-frenar-la-forestacion/
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