Los ministerios de agricultura, ganadería y pesca de los países del Mercosur, en coordinación directa con los institutos nacionales de tecnología agropecuaria (como el INTA de Argentina y la Embrapa de Brasil), han formalizado la puesta en marcha de la Red de Bancos de Germoplasma y Semillas Ancestrales del Mercosur, una alianza institucional y científica diseñada para centralizar, catalogar y preservar el material genético de los cultivos nativos regionales frente al avance descontrolado del monocultivo industrial agroexportador y la pérdida acelerada de biodiversidad biológica. Las autoridades fitosanitarias de la región advierten que la excesiva dependencia de variedades comerciales de semillas híbridas y modificadas genéticamente propiedad de corporaciones agroquímicas globales representa un riesgo crítico para la seguridad alimentaria del Cono Sur, dado que estas variedades patentadas requieren enormes volúmenes de fertilizantes sintéticos importados y muestran una alarmante vulnerabilidad biológica ante los ciclos extremos de sequía y nuevas plagas de insectos generadas por el cambio climático globalizado.
Esta estrategia de soberanía agrícola y desarrollo biotecnológico público contempla la inversión estatal conjunta en laboratorios de mejoramiento genético convencional no transgénico para rescatar e incorporar las propiedades de resistencia climática presentes en los maíces nativos, porotos criollos y tubérculos ancestrales que las comunidades campesinas e indígenas han preservado por siglos en el interior profundo. Los planes del bloque incluyen la creación de la Reserva Alimentaria de Emergencia del Mercosur, una red de silos de acopio de granos estratégicos gestionada por el Estado que permitirá estabilizar los precios internos de los alimentos de la canasta básica y abastecer a las poblaciones vulnerables del mercado común en caso de catástrofes climáticas o crisis económicas internacionales que disparen la inflación global de los productos básicos (commodities). Los directores científicos señalan que este programa garantiza la soberanía científica de los agricultores locales y rompe el oligopolio de patentes privadas de las trasnacionales.
A pesar del profundo impacto socioeconómico positivo y el respaldo de las organizaciones de agricultura familiar, las corporaciones multinacionales del agronegocio, los exportadores de granos industriales y las cámaras de la industria química agraria de la región han manifestado una enérgica oposición corporativa y comercial a las regulaciones de la red de germoplasma, advirtiendo que restringir el uso de biotecnologías genéticas modernas de propiedad privada e incentivar el regreso a variedades tradicionales de menor rendimiento provocará una caída drástica en los volúmenes de exportación y restará competitividad económica al bloque. Los representantes del agronegocio sostienen en los simposios productivos que la innovación tecnológica provista por las multinacionales es la única herramienta capaz de alimentar a una población mundial en constante crecimiento, por lo que las políticas gubernamentales que desalienten la inversión en patentes biotecnológicas de frontera empujarán a las empresas globales a desviar sus capitales hacia mercados agropecuarios con menores restricciones regulatorias y mayor seguridad jurídica para la propiedad intelectual privada.
Por su parte, las organizaciones campesinas, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), las cooperativas agroecológicas y los foros de soberanía alimentaria de la sociedad civil organizada exigen la sanción urgente de la Ley de Semillas Libres del Mercosur que prohíba explícitamente el patentamiento privado de la vida vegetal y declare a las semillas nativas como patrimonio común de los pueblos, impidiendo la criminalización judicial de los pequeños agricultores que guardan, intercambian y reproducen sus granos para la siguiente campaña productiva. Las comunidades denuncian en las redes comunitarias el uso abusivo de herbicidas altamente tóxicos y fumigaciones aéreas ligadas a los paquetes tecnológicos de los transgénicos comerciales, los cuales contaminan los cursos de agua potable locales, destruyen las huertas de subsistencia de las familias rurales y provocan graves crisis sanitarias en los pueblos fumigados del interior continental. Las agrupaciones demandan una reforma agraria integral que redistribuya tierras con fines de producción agroecológica masiva.
Frente a las presiones de las cámaras exportadoras corporativas y los legítimos reclamos de los colectivos campesinos territoriales, los ministerios de producción y desarrollo social del mercado común defienden que la protección de la biodiversidad genética y el fortalecimiento de los pequeños productores agrarios locales son pilares macroeconómicos indispensables para diversificar la matriz de producción y asegurar el abastecimiento de los mercados internos de consumo a precios estables, justos y accesibles. Las autoridades ministeriales implementan el programa Sello de la Agricultura Familiar del Mercosur, el cual facilita el acceso directo de las cooperativas agrarias locales a las compras públicas del Estado para proveer los comedores escolares, los hospitales públicos y los centros de asistencia social sin la intermediación abusiva de las cadenas de supermercados trasnacionales. Los diplomáticos afirman que una región que controla sus propias fuentes de alimentación es un actor geopolítico invulnerable frente a las tensiones externas.
Finalmente, el éxito de la red regional de bancos de semillas requerirá una profunda actualización técnica de las aduanas y de los laboratorios de control fronterizo integrados del bloque para frenar el contrabando ilegal y la biopiratería de recursos genéticos nativos por parte de científicos y laboratorios extranjeros que extraen muestras biológicas de las selvas sudamericanas para patentarlas en el exterior de forma ilegítima. La inversión en la formación de peritos agrónomos, biólogos moleculares y abogados especialistas en derecho ambiental internacional es considerada la estrategia técnica crítica definitiva para blindar los recursos naturales estratégicos del mercado común. La capacidad del bloque para estructurar un modelo agrario balanceado, sustentable, soberano y científicamente regulado determinará la equidad distributiva interna, la estabilidad de los precios macroeconómicos y la salud colectiva de las poblaciones trabajadoras que habitan en los países del Cono Sur.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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