Imagen WEBP- Paloma Valencia, candidata a la presidencia de Colombia
La Agencia Nacional de Tierras cerró uno de los procesos más sensibles en materia de propiedad rural de los últimos años al concluir que la finca Buenavista, en el municipio de La Primavera, Vichada, corresponde a un baldío indebidamente ocupado. El predio ha sido utilizado por Nicolás Lacerna, primo de la dirigente política Paloma Valencia, lo que ha elevado el caso a un plano de interés nacional.
La decisión se produce tras un proceso de clarificación que incluyó estudios técnicos, inspecciones en terreno y análisis documental, y que, según confirmó la dirección de la entidad, ya cuenta con un pronunciamiento de fondo. El expediente, que se remonta a más de una década, vuelve a poner en el centro del debate la distribución de tierras en Colombia y los límites entre la ocupación privada y los bienes de la Nación.
El origen del caso se sitúa en 2014, cuando Lacerna y el exrepresentante Gustavo Londoño García acudieron a la justicia para intentar legalizar la posesión de la finca, de más de seis mil hectáreas, bajo el argumento de haberla adquirido a terceros ocupantes. Tres años después, un juzgado de Puerto Carreño falló a su favor. Sin embargo, la Agencia Nacional de Tierras aseguró que no fue vinculada al proceso, lo que derivó en una acción judicial presentada en 2019.
Las instancias superiores terminaron respaldando la posición de la entidad. Tanto el Tribunal Superior de Villavicencio como la Corte Suprema de Justicia coincidieron en que la Agencia debía participar en la definición del caso, lo que abrió la puerta al proceso administrativo que ahora concluye.
A partir de 2020, la Agencia avanzó en la revisión integral del predio y determinó que su naturaleza es la de baldío, es decir, tierra que pertenece al Estado y cuya adjudicación está orientada prioritariamente a campesinos sin tierra y comunidades étnicas. La conclusión redefine el estatus jurídico del terreno y condiciona cualquier posibilidad de titulación privada.
En paralelo, la entidad informó que ha sostenido múltiples encuentros con los ocupantes del predio, quienes habrían manifestado disposición para devolverlo de manera voluntaria. La última reunión, realizada el 28 de noviembre, dejó como resultado el aplazamiento de la diligencia, en consideración a la temporada de lluvias y a razones de salud de uno de los involucrados.
El caso también ha tenido eco en el ámbito político. Paloma Valencia ha defendido a su familiar y ha sostenido que, aunque el terreno pudo haber sido un baldío en el pasado, actualmente corresponde a propiedad privada. La afirmación contrasta con la decisión oficial y anticipa un posible nuevo capítulo de controversia jurídica y debate público.
Más allá de los nombres propios, el episodio revive una discusión estructural sobre la tierra en Colombia: quién la ocupa, bajo qué condiciones y con qué respaldo legal. En un país donde el acceso a la tierra sigue siendo una de las principales fuentes de desigualdad, cada decisión en este frente trasciende lo administrativo y se convierte en un asunto de alto impacto nacional.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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