Presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro
Las notarías, uno de los cargos más codiciados dentro de la estructura del Estado colombiano por su estabilidad, influencia y capacidad de generar importantes ingresos, volvieron al centro del debate público tras conocerse que durante los cuatro años del gobierno del presidente Gustavo Petro fueron designados 113 notarios en distintas regiones del país. Mientras algunos de esos nombramientos obedecieron a concursos de mérito, otros han despertado cuestionamientos por presuntos respaldos políticos y acuerdos regionales que, una vez más, reabren la discusión sobre el uso de estas designaciones como instrumento de poder.
Ser notario en Colombia representa mucho más que ocupar un cargo administrativo. Quien dirige una notaría administra una oficina por la que diariamente pasan algunos de los actos jurídicos más importantes para ciudadanos y empresas. Matrimonios, divorcios, compraventas de inmuebles, constitución de hipotecas, sucesiones, testamentos, autenticaciones y decenas de trámites más generan ingresos permanentes mediante tarifas reguladas que pueden ir desde unos pocos miles de pesos hasta sumas considerablemente más altas, dependiendo del valor económico de cada operación.
Las cifras reflejan la dimensión económica del sistema. Al cierre de 2025, la Notaría 27 de Bogotá registró 924.464 trámites, convirtiéndose en la oficina con mayor volumen de servicios del país durante ese año. Ese indicador resulta determinante porque los honorarios de los notarios dependen directamente de los ingresos obtenidos por la prestación de esos servicios, lo que convierte a las notarías más grandes en despachos de enorme relevancia económica.
En Colombia, los notarios de primera categoría son designados por el Gobierno nacional, una facultad que históricamente ha convertido cada proceso de nombramientos en un asunto de alto interés político. Más allá de cubrir vacantes, cada decisión implica entregar una posición que puede mantenerse durante muchos años, incluso más allá del período presidencial de quien realizó la designación.
Ese contexto explica por qué cada administración enfrenta un intenso escrutinio cuando ejerce esa competencia. En el caso del gobierno de Gustavo Petro, la distribución de 113 notarías ha generado un nuevo debate sobre los criterios utilizados para las designaciones y el peso que pudieron tener los méritos profesionales frente a las recomendaciones políticas y los equilibrios regionales.
La controversia no es nueva. La historia política reciente del país conserva uno de los episodios más recordados alrededor de estos cargos durante el trámite de la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez, cuando los entonces congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño terminaron vinculados a un escándalo en el que las notarías aparecieron como presuntas contraprestaciones por actuaciones dentro del Congreso, un caso que marcó profundamente la percepción pública sobre la influencia política detrás de estos nombramientos.
Cuatro años después del inicio del actual gobierno, el mapa de las notarías vuelve a convertirse en un termómetro del poder político en Colombia, alimentando un debate que trasciende la administración de turno y revive las preguntas sobre la transparencia, los criterios de selección y la independencia de quienes ejercen una de las funciones de fe pública más importantes del Estado.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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