Aída Quilcué, formula a la Vicepresidencia de Iván Cepeda
Una investigación que sacude los cimientos de la justicia colombiana ha puesto al descubierto un presunto engranaje de manipulación y encubrimiento dentro de las Fuerzas Militares durante uno de los periodos más controvertidos del conflicto armado. El programa Señal Investigativa de RTVC y la Revista RAYA revelaron este domingo detalles de un plan que habría sido diseñado desde la cúpula militar del gobierno de Álvaro Uribe Vélez para responsabilizar a la líder indígena Aída Quilcué del asesinato de su esposo, Edwin Legarda, ocurrido el 6 de marzo de 2008 en el resguardo de La María, en el Cauca.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, los testimonios de los propios militares implicados, recopilados por la Jurisdicción Especial para la Paz, apuntan a que el crimen formaba parte de una estrategia más amplia de persecución contra líderes sociales y de estigmatización de los procesos organizativos indígenas. Según estas declaraciones, el asesinato fue seguido de una operación destinada a distorsionar la verdad y construir una narrativa que lo presentara como un ajuste de cuentas entre actores armados ilegales.
La investigación detalla que altos mandos del Ejército habrían impulsado un montaje para desviar la atención de la responsabilidad estatal. Entre los elementos de esa estrategia se incluía la intención de vincular a Quilcué con el crimen, proyectando la idea de que su esposo había muerto en medio de disputas internas de la guerrilla. Esta versión, replicada durante años, contribuyó a entorpecer los avances judiciales y a consolidar un manto de impunidad alrededor del caso.
Los relatos ante la JEP coinciden en que la orden de disparar contra el vehículo en el que se movilizaba Legarda provino de superiores que lo consideraban un objetivo militar. Sin embargo, reconstrucciones posteriores, así como informes de la Comisión de la Verdad, lo describen como un líder comunitario comprometido con la defensa de los derechos humanos, crítico tanto de la presencia de grupos insurgentes como de la actuación del Ejército en su territorio.
La dimensión del caso trasciende el hecho individual. Lo que emerge es un patrón en el que la violencia física se complementa con operaciones de desinformación destinadas a legitimar las acciones militares y desacreditar a quienes ejercían liderazgo social. En ese contexto, la figura de Aída Quilcué no solo habría sido blanco de persecución, sino también pieza central de un relato construido para justificar lo injustificable.
Las revelaciones abren nuevas preguntas sobre la responsabilidad de las estructuras de mando y reavivan el debate sobre los límites del poder en tiempos de guerra. También colocan nuevamente en el centro a las víctimas, cuya búsqueda de verdad y justicia sigue enfrentándose a versiones oficiales que durante años lograron imponerse sobre los hechos.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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