Bolivia impulsa una nueva ley de hidrocarburos para atraer inversión y revertir la caída energética

El gobierno boliviano presentó esta semana una de las reformas estructurales más significativas de los últimos años en el sector energético. El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó que Bolivia impulsará un nuevo modelo legal para el sector con un proyecto de ley que fijará tributos de hasta el 50 por ciento para las empresas petroleras, al tiempo que eliminará la discrecionalidad de la estatal YPFB en los contratos con el fin de ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversores internacionales. El anuncio se produce en un contexto de severo declive de la producción hidrocarburífera boliviana, que contrasta con el auge de Vaca Muerta en Argentina y representa uno de los principales factores de la actual crisis económica que atraviesa el país.

El Banco Mundial, en su Informe de Perspectivas Económicas Mundiales 2026, proyectó que Bolivia sería el único país de América Latina cuya economía decrecerá en 2026, con una contracción estimada del 1,1 por ciento. Esta situación genera una presión adicional sobre el gobierno para encontrar fórmulas que reactiven la producción de gas y petróleo, que históricamente representó el motor del crecimiento boliviano. El ministro Medinaceli reconoció que el «boom económico» que experimentó Bolivia hasta 2014 no derivó de la nacionalización de los hidrocarburos decretada por el gobierno de Evo Morales, sino de los contratos negociados con Brasil entre 1974 y 1999, una afirmación que reviste una significativa carga política en el actual debate sobre el modelo económico del país.

La reforma propuesta busca equilibrar dos objetivos que históricamente han estado en tensión: por un lado, asegurar una participación justa del Estado en la renta de los recursos naturales; por el otro, crear condiciones previsibles que atraigan la inversión privada internacional, que se ha alejado progresivamente del país en los últimos años debido a la incertidumbre jurídica y la caída de la producción. El desafío es mayor porque el gasoducto Bolivia-Brasil, que una vez abasteció de manera determinante a la industria brasileña, funciona actualmente a apenas un tercio de su capacidad instalada de 30 millones de metros cúbicos diarios, siendo Argentina la que ahora explora rutas alternativas para suplir esa demanda.

Bolivia enfrenta, además, el desafío de definir una estrategia diplomática y económica más proactiva frente a la región y al mundo. Analistas bolivianos señalan que el país carece de una estrategia económica exterior clara, con embajadas que funcionan bajo una lógica de representación tradicional en lugar de actuar como plataformas activas de promoción comercial, atracción de inversiones y posicionamiento turístico. En un MERCOSUR que avanza hacia acuerdos de libre comercio con Europa y explora nuevas alianzas con Asia, Bolivia necesita reinventarse como actor económico regional si desea revertir su situación actual y retomar el crecimiento sostenido que permitió sacar a millones de bolivianos de la pobreza en la primera década del siglo XXI.