Bolivia mantendrá durante otros 90 días el estado de excepción que rige desde junio, después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobara durante la madrugada de este jueves la ampliación solicitada por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz. La decisión fue adoptada tras una sesión de nueve horas y en medio de un debate en el que oficialistas y opositores expusieron posiciones diferentes sobre la necesidad y los alcances de la medida.

La votación terminó con 100 votos favorables entre los 158 legisladores que integran la Asamblea —122 diputados y 36 senadores—, con lo que se alcanzó la mayoría absoluta necesaria. El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, comunicó la aprobación y dispuso que la decisión sea remitida al Poder Ejecutivo. La ampliación fue solicitada por el Gobierno ante la posibilidad de que vuelvan a producirse bloqueos de carreteras y movilizaciones vinculadas con las medidas económicas impulsadas por la actual administración.

El estado de excepción original había sido decretado el 20 de junio por un período de 90 días, después de semanas de bloqueos de carreteras protagonizados principalmente por organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana (COB). Aquellas protestas provocaron interrupciones en el transporte y dificultades para el abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas zonas del país. Según los datos presentados ante el Parlamento, el conflicto dejó al menos 16 personas fallecidas, 13 de ellas vinculadas a la falta de atención médica oportuna durante los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en más de US$3.000 millones.

Durante la sesión, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, defendió la continuidad de la medida argumentando que busca preservar la vida de los ciudadanos y proteger actividades como la educación, el comercio, el trabajo y el libre tránsito. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo que la conflictividad disminuyó considerablemente desde la aplicación del estado de excepción, aunque no desapareció, y señaló que se registraron 72 eventos de conflictividad durante los dos primeros meses de vigencia de la medida.

El Gobierno también había advertido que el riesgo no se encontraba distribuido de la misma manera en todo el territorio. Según la explicación presentada por Justiniano, las áreas consideradas de mayor preocupación incluyen Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba, regiones con un peso importante en la actividad económica y política nacional. La decisión de ampliar el régimen excepcional se produce mientras distintos sectores han advertido sobre nuevas medidas de presión relacionadas con la situación económica y el abastecimiento.

La medida, sin embargo, generó un debate político y jurídico dentro de la Asamblea. Algunos legisladores cuestionaron la necesidad de prolongarla y plantearon alternativas de menor duración. El diputado opositor Carlos Alarcón propuso que la extensión fuera de 60 días, de modo que posteriormente pudiera revisarse la situación mientras avanzaba el debate sobre una reforma constitucional. Esa propuesta no prosperó y la Asamblea terminó votando únicamente entre aprobar o rechazar la ampliación por 90 días.

Desde sectores que respaldaron la ampliación se argumentó que el Gobierno necesita contar con herramientas para responder ante eventuales bloqueos. El alcalde de Cochabamba y dirigente de Súmate, Manfred Reyes Villa, había manifestado previamente que su bancada apoyaría la prórroga, aunque consideró que durante el primer período la aplicación del estado de excepción había sido limitada. Por otro lado, sectores opositores y dirigentes sociales cuestionaron que la situación actual justificara mantener el régimen excepcional.

La Constitución boliviana establece que los estados de excepción deben guardar relación y proporcionalidad con las circunstancias que los originan y que los derechos constitucionales no quedan suspendidos de manera general por su declaración. También contempla mecanismos de control legislativo y la obligación del Ejecutivo de rendir cuentas sobre las razones de la medida y el uso de las facultades otorgadas.

La ampliación llega además en un momento de presión económica y social, mientras el Gobierno intenta avanzar con reformas y medidas destinadas a modificar la situación fiscal, energética y productiva del país. En las últimas semanas, el Ejecutivo también ha anunciado intervenciones y revisiones en áreas estratégicas, entre ellas la cadena de distribución de combustibles, después de detectar irregularidades que, según el Gobierno, afectan el abastecimiento y los mecanismos de control.

La Organización de Estados Americanos (OEA), por su parte, pidió recientemente al Gobierno boliviano y a los sectores sociales priorizar el diálogo y evitar nuevos bloqueos, en un contexto en el que las autoridades buscan reducir la posibilidad de que las protestas vuelvan a afectar la circulación y la economía.

Con la decisión adoptada esta madrugada, Bolivia entra en una nueva etapa de 90 días bajo estado de excepción, mientras el Gobierno deberá aplicar la medida dentro del marco establecido por la legislación y continuar enfrentando las demandas económicas y sociales que dieron origen a la crisis. El desenlace dependerá tanto de la evolución de las protestas como de la capacidad de las autoridades y de los sectores sociales para mantener abiertos los canales de negociación.

El nuevo período excepcional comenzará cuando concluya el actual régimen y mantendrá a Bolivia bajo un escenario de vigilancia política y social durante los próximos tres meses. Mientras el Ejecutivo sostiene que la medida busca preservar la seguridad, el abastecimiento y el libre tránsito, sectores críticos continúan planteando interrogantes sobre su necesidad y duración.

Foto: APG / ABC Color