Expulsión de la DEA

Recordemos que Evo Morales suspendió todas las actividades de la DEA en Bolivia, acusándola de apoyar actividades subversivas contra su gobierno, ya que promovían un “golpe civil” en nuestro país, según sus propias palabras.

El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que la posterior expulsión de todo el personal de la DEA en 2009 comprometía seriamente las posibilidades de Bolivia de dirigir operaciones antinarcóticos.

En 2014, el presidente Barack Obama adoptó el decreto que identifica a Bolivia como uno de los países que en mayor medida producen o permiten el tránsito de drogas ilícitas.

Curiosamente, con la expulsión de la DEA no terminó definitivamente la cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico. Según el Departamento de Estado, la asistencia no finalizó hasta diciembre de 2013.

De ser cierto, la cooperación se prolongó medio año, tras la decisión del gobierno de Morales de expulsar, en mayo de 2013, a la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos (USAID), acusándola de seguir conspirando contra su gobierno.

Esta política podría parecer contradictoria. El gobierno acusó a una agencia de cooperación de otro Estado de conspirar en su contra, pero le permitió concluir los proyectos que se encontraban en plena ejecución.

No obstante, la expulsión de la DEA se presentó a la opinión pública como la ruptura definitiva con la política iniciada con la aprobación de la Ley 1008. Desde ese momento Bolivia se independizó formal y simbólicamente de cualquier injerencia externa en sus políticas antinarcóticos nacionales. Se trataba realmente de una señal casi más fuerte que la consagración de la hoja de coca en la propia Constitución del Estado.

Por otro lado, observamos que desde la “legalización” del cato de coca iniciada en 2004, las cantidades de drogas incautadas se multiplicaron. El Ministro de Gobierno de Bolivia sostuvo en 2015 que ese incremento en la incautación de drogas se debía al “modelo boliviano”, que ya no reposaba en la erradicación forzosa, sino concertada con los productores. Las cifras oficiales parecen confirmar esta interpretación.

“En el gobierno de Morales, cuatro exjefes antidroga, directores nacionales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) terminaron convertidos en capos del narco”.

Una explicación reside en que aparentemente Bolivia se ha convertido en un “país tránsito” de cocaína. El CONALTID explica en su Estrategia 2011 a 2015, que en la gestión 2010, “del 100% de cocaína secuestrada, 49% correspondía a incautaciones procedentes de otros países”.

También el célebre periodista boliviano, crítico del gobierno de Morales, Carlos Valverde, señala que un porcentaje importante de la droga incautada es proveniente del exterior, particularmente del Perú. Este país registraba más de 400 vuelos de avionetas en su frontera.

Resalta que en los últimos años aumentó la cantidad de clorhidrato de cocaína incautada y paralelamente bajaron las incautaciones de pasta base. La explicación que ofrece es que los narcotraficantes bolivianos “resultaron ser muy avanzados tecnológicamente”. Como el control de fármacos en Bolivia es deficiente, se estaría utilizando una sustancia que aumenta el peso y mejora el aspecto de la cocaína para el mercado internacional.

Bolivia se habría convertido en el centro de cristalización de cocaína de la región. Eso explicaría la importación de pasta base y el aumento de incautaciones de clorhidrato de cocaína. Esta evolución queda corroborada en las cifras relativas a la destrucción de fábricas de pasta base y laboratorios de producción de clorhidrato y de reciclaje que analizamos a continuación.

La información disponible sobre el número de fábricas de elaboración de pasta base de cocaína destruidas, abarca el periodo de 2004 a 2016.

Vemos que en 2004 fueron destruidas 2.254 fábricas y el año siguiente, justo antes de que asumiera Evo Morales como presidente, 1.006.

Desde entonces la cifra se ha multiplicado, variando entre 4.000 y 5.000 fábricas destruidas, alcanzando un máximo de 5.922 en el año 2010.

Javier López S.