Estas son las peticiones que le presentaron los cocaleros del la zona de Catatumbo al Presidente de Colombia Gustavo Petro 

Conformar un “nuevo campo colombiano” es uno de los pilares de lo pactado en La Habana por el Ejecutivo y las FARC, en 2016. Entre los mecanismos para lograrlo, los negociadores resaltaron el tema de los cultivos ilícitos, al cual dedicaron un punto entero del Acuerdo de paz.

Se creó entonces el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que alcanzó a vincular a 99.097 familias con un objetivo claro: remplazar las matas de coca con proyectos productivos viables y duraderos. Muchos campesinos vieron con entusiasmo esta oportunidad, que, además, de alejarlos de esta hoja, prometía grandes avances en materia de desarrollo local.

Sin embargo, se evidenciaron rápidamente los límites del PNIS. La gran mayoría de las familias nunca recibieron apoyo técnico para su transición y las demoras se acumularon. Lidiar con la coca en Colombia es lidiar con décadas de abandono estatal del campo, ya que los cultivos se encuentran en zonas marginadas, inclinadas a ser escenarios del conflicto armado.

A nivel práctico, se traduce, por ejemplo, con la ausencia de una carretera digna que permita la comercialización de los productos cosechados. En resumen, al terminar el mandato del presidente Juan Manuel Santos, la sustitución de cultivos era una tarea pendiente.

La llegada de Iván Duque marcó el regreso al poder de la franja conservadora que mostró una gran desconfianza en el proceso de paz con las FARC en particular y con la política de Santos en general. Su Gobierno heredó una implementación incompleta de lo firmado en La Habana, lo cual no fue facilitado por la reorganización de las administraciones claves encargadas de fomentar las políticas públicas que debían surgir del texto.