Violación de deberes y posible comisión de delitos: esto dice libelo contra Fiscal General Emiliano Rolón

El libelo acusatorio para impulsar el juicio político contra el Fiscal General del Estado, , ya empezó a juntar firmas, mientras se siguen sumando más indicios en contra del titular del Ministerio Público que incluso antes de la caída de Ueno y Santiago Peña, según los diputados, ya se mostraba “cómplice” del poder y ahora incluso podría incurrir en figuras penales como la frustración a la persecución penal.

El documento detalla cuatro cargos en contra del Fiscal General del Estado, empezando por el más reciente, el de “Conducción deficiente de la investigación del caso UENO”.

Causal 1: Conducción deficiente de la investigación

Como fundamento al respecto, remarcan que una vez abierta la causa, la Fiscalía perdió tiempo vital para asegurar evidencias y bienes, como ser la rápida incautación del celular de Peña y también, mandar resguardar la Mansión en San Bernardino, donde llegaron tarde y solo encontraron una bóveda oculta vacía.

“El propio fiscal general admitió el 9 de noviembre de 2026 que los investigadores “perdieron de vista” incautar el teléfono de Peña y justificó que no se allanara la residencia presidencial porque los agentes están “sobrepasados”“, afirma el documento.

Pero fundamentalmente, en este cargo se remarca que mediante su inacción o reacción tardía, “el fiscal general frustró la persecución penal en su inicio, facilitando el ocultamiento de documentos, bienes y a esta altura es imposible dimensionar el daño causado con su inacción”.

Esto, sumado a que desde 2025 había denuncias concretas del vínculo entre Peña y el Grupo Vázquez (del que forma parte Ueno Bank), y Rolón no hizo nada para investigar.

A criterio de los legisladores denunciantes, esto además de demostrar “un total desprecio a la investidura que ostenta”, constituye “mal desempeño por incompetencia comprobada en la dirección funcional de la investigación más importante del período”.

Causal 2: Cajoneo de denuncias

La segunda causal planteada es la de “retención por siete meses de la denuncia por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y administración en provecho propio contra el presidente Peña”, presentada en 2025 por legisladores de la oposición.

En dicha denuncia, los legisladores ya presentaron elementos objetivos sobre la Peña y su “crecimiento patrimonial señalado de 1.603% y vínculos con el Grupo UENO” y se sumó el caso de “Los sobres del Poder”, respecto al cual Rolón no hizo nada, al contrario, hubo evidencias de que se reunía a escondidas con Peña en la residencia presidencial.

Ante esto, reprochan que Rolón no solo demoró siete meses para asignar la causa al fiscal Jorge Arce, sino que, como hecho más grave, delegó a la Contraloría General de la República, entonces ya a cargo del actual Contralor, para que sean ellos los quienes realicen un examen de correspondencia que salió convenientemente favorable a Peña.

A esto le suman que en la causa “‘Sobres’ sin avance, el fiscal general se reunió con Peña en Mburuvicha Róga para pedirle más presupuesto”, lo que a criterio de los acusadores constituye “mal desempeño por retardo deliberado en el ejercicio de la acción penal contra la máxima autoridad política, y por comprometer la apariencia de independencia al negociar recursos con el propio denunciado”.

También lo acusan de ceder a la Contraloría sus atribuciones, como la de peritar la fortuna de Peña, en contra de la Constitución Nacional y leyes como la del Código Penal y bastardear una investigación seria.

Causal 3: Los Sobres del Poder

El tercer cargo, señala la “inacción ante los ‘sobres del poder’ denunciados por ”, el cual si bien es mencionado tangencialmente en el segundo señalamiento, tiene un apartado especial.

Sobre este caso, remarcó que pese a las denuncias públicas de la exempleada de servicio de Mburuvicha Roga, Luz Maribel Candado sobre haber hallado al menos dos sobres con US$ 100.000 en efectivo en la residencia presidencial, Rolón no movió un dedo.

Tuvieron que esperar una denuncia de terceros para que se iniciara una causa, que no se movió hasta e 9 de noviembre de 2026, una vez que estalló el caso Ueno y Peña fue quitado del poder.

“El fiscal general justificó la inacción inicial diciendo que ‘Si no hay evidencias, no tenemos base sólida para investigar”, cuando en realidad existían los chats, fotos de los sobres con dinero, los testimonios, entre otros, sin embargo, con su inacción permitieron incluso que todas las evidencias se perdieran.

Para los acusadores, esto representa “Mal desempeño por inversión del deber legal”, ya que, según la lógica de Rolón, eran los denunciantes, y no la Fiscalía los encargados de la obtención de pruebas e investigación.

Esta inacción ante Peña en el poder se hizo más evidente, ya que, tras la destitución del exmandatario, lo imputó por los mismos hechos denunciados, “y lo que cambió entre una fecha y otra fue la situación política del denunciado; nada más”, ante lo que concluyen tajantemente que “la protección del fiscal general a Peña no admite dudas”.

Causal 4: Debilitamiento de su institución

Finalmente, como 4º puntos señalan la “Inacción ante el reclamo de funcionarios del Laboratorio Forense”, que a su vez se vincula al punto 2, ya que mientras Rolón delegaba sus funciones a Contraloría, permitía el debilitamiento de su dependencia que debía cumplir ese rol.

“En dicha dependencia fundamental para coadyuvar a los agentes fiscales en la investigación de los casos, a través de pericias contables, documentológicas, informáticas, entre muchas otras, se denunciaba renuncias y traslados masivos, sobrecarga de trabajo, falta de insumos básicos”, señala la denuncia.

Ante esto, remarcan que “la negligencia y omisión criminal del fiscal general, quien es la caberza de la institucón, ponen en riesgo las investigaciones fiscales, por lo que la respuesta a las víctimas, al justiciable y la exposición de fiscales, peritos y técnicos son, sin lugar a dudas, mal desempeño de funciones”.

Rápido contra “enemigos” y servil al poder, señala

Ante estas causales, el libelo acusatorio señala que la gestión de Emiliano Rolón se resume en que “la acción penal pública se activa con rapidez contra quienes critican al fiscal general o a su entorno, y se demora, deriva o diluye cuando los denunciados son el poder político o sus allegados” y podría haber incurrido en varios tipos penales.

Ante lo expuesto, sustentan el “mal desempeño en sus funciones” en que Rolón incurrió en:

• Violación del deber de dirigir el Ministerio Público y asignar las denuncias.
• Abandono del criterio de objetividad.
• Conflicto de intereses aparente e infracción intencional.
• Abandono del criterio de objetividad.
• Conflicto de intereses aparente e infracción intencional.
• Posibles delitos en el ejercicio del cargo.

Sobre este último punto, el de la posible comisión de delitos, se señala en el documento que “sin perjuicio de que el mal desempeño basta para la remoción, algunos hechos podrían encuadrar en tipos del Código Penal (Ley N° 1160/97), como frustración de la persecución penal. Su determinación corresponde a la justicia ordinaria una vez removido el acusado; esta Cámara solo los señala para que el Senado valore la gravedad de las conductas».