El Consejo de Administración del, liderado por Derlis León, expuso este martes -en sesión- los detalles de la denuncia penal que se realizó en el marco de una de las crisis financieras y judiciales más graves que golpean a la previsional en los últimos años.
Tras el proceso de resolución y caída de , el seguro social formalizó ayer una que apunta directamente no solo a la cúpula de la entidad bancaria intervenida, sino también a los funcionarios y autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y de la Superintendencia de Bancos, por su participación en la colocación y fiscalización de los recursos de los asegurados.

De acuerdo con los datos oficiales brindados a ABC por Hugo Diaz, director de Inversiones del IPS, la exposición financiera total del ente en Ueno Bank asciende a la exorbitante suma de . Este millonario monto se divide en dos: por un lado, US$ 358.719.147,86 correspondientes al fondo común de jubilaciones, pensiones y reservas de contingencia a largo plazo; y por otro, US$ 157.660.251,82 distribuidos en cuentas operativas corrientes destinadas al normal funcionamiento administrativo y al sostenimiento de la red sanitaria de salud.
La lupa sobre la responsabilidad penal y patrimonial de directivos de Ueno y BCP
Durante la reunión del Consejo de Administración, el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, explicó los alcances de la acción judicial interpuesta y detalló las líneas de investigación que la Fiscalía deberá dilucidar. El abogado fue enfático al señalar que la denuncia constituye un mecanismo orientado a individualizar a los responsables de la presunta lesión de confianza y asociación criminal.
“El alcance de la denuncia penal que realizamos fue dirigida contra los funcionarios de Ueno Bank y los funcionarios del Banco Central y Superintendencia de Bancos que han participado en laen Ueno Bank”, sostuvo Morínigo ante el pleno del Consejo.
El director jurídico profundizó en el objetivo de la denuncia, indicando que se busca desentrañar el grado de participación individual en el manejo de los ahorros públicos de los aportantes. “Lo que persigue esta denuncia penal es establecer las eventuales responsabilidades penales y la existencia de hechos punibles, su autoría, complicidad, encubrimiento o instigación de las distintas personas”, expresó.
Ueno Bank: responsables tienen comprometidos bienes en el país y en el exterior
Morínigo advirtió que la investigación no se detendrá en el plano institucional, sino que buscará alcanzar los bienes personales de quienes hayan comprometido los recursos de la previsional mediante decisiones negligentes o deliberadas al margen de la normativa de prudencia financiera.

“En el escrito de la demanda se utiliza la palabra funcionarios, porque independientemente del cargo de cada persona, se tiene que hacer la trazabilidad de cada fondo que ha sido depositado del IPS en Ueno Bank. Si se establece y se corrobora la existencia de hechos punibles, los responsables también tienen la responsabilidad civil de los hechos punibles que comprometen su patrimonio en forma personal, tanto de sus bienes que están dentro del país como fuera del país”, enfatizó durante su exposición.
Renuncia sorpresiva en el IPS: Pablo Morínigo deja la Dirección Jurídica
Antes de finalizar la sesión de la fecha, el presidente de la previsional, Derlis León, comunicó formalmente la dimisión de Pablo Morínigo como director Jurídico. Sin dar muchas explicaciones, el presidente del IPS afirmó que Morínigo decidió apartarse del cargo por motivos estrictamente particulares.
Esta tarde, se dio a conocer el documento de la resolución que formaliza la aceptación de la renuncia del abogado. Morínigo, cuya salida sacude la estructura técnica de la previsional en medio de la crisis financiera más severa de los últimos años, ocupa paralelamente un rol político clave dentro del oficialismo al desempeñarse como miembro del Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

La partida de Morínigo deja acéfala una de las direcciones más sensibles del IPS, encargada actualmente de sostener la trazabilidad judicial de los fondos y de exigir judicialmente que las responsabilidades civiles y penales recaigan con todo el peso de la ley en los actores que están involucrados en la crisis financiera del seguro social.
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