El caso $LIBRA y los desafíos del nuevo proceso penal federal

El debate sobre el caso LIBRA plantea una cuestión que excede la situación de sus protagonistas: cómo debe investigar la justicia federal operaciones económicas cuya reconstrucción depende de información digital, movimientos de activos y comunicaciones entre personas que pueden encontrarse en distintos países. La respuesta exige capacidad técnica y un procedimiento que permita discutir la evidencia antes de decidir sobre sus consecuencias penales.

Según la información publicada el 4 de noviembre de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal habilitó la revisión de decisiones sobre la intervención de damnificados como querellantes. Esa apertura no equivale a revocar sobreseimientos ni anticipa un pronunciamiento sobre responsabilidades. Su interés para este análisis reside en la discusión sobre el acceso al proceso y el control de las decisiones que pueden ponerle fin.

El nuevo Código Procesal Penal Federal ofrece un marco para abordar estos problemas. Sin embargo, su implementación requiere examinar qué posibilidades reales tienen las partes de conocer, producir y controvertir información técnica. La oralidad pierde eficacia cuando la discusión se desarrolla sobre informes cuyas bases sólo puede examinar quien los elaboró.

La preocupación tiene un lugar concreto en la agenda académica. El temario del XXXIII Congreso Nacional de Derecho Procesal, convocado en la Universidad Nacional de La Plata para los días 5, 6 y 7 de noviembre, incluyó el descubrimiento de la prueba, el acceso de la defensa al registro fiscal y el control de la acusación. Son cuestiones directamente relacionadas con la calidad de las decisiones en un sistema adversarial.

También el programa de Cibercrimen y Evidencia Digital anunciado conjuntamente por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y la UBA, con inicio en octubre, contempló conservación de datos, registro de dispositivos, secuestro de criptoactivos y autoincriminación. Estos contenidos permiten vincular la capacitación profesional con problemas que necesitan respuestas procesales precisas.

El cotejo exige distinguir regímenes. La implementación integral del CPPF es progresiva y subsisten causas regidas por el CPPN. Además, la Resolución 2/2019 de la Comisión Bicameral implementó anticipadamente, entre otros, los artículos 80 y 81 del CPPF. Por eso, la comparación no supone aplicar íntegramente el nuevo procedimiento a LIBRA.

El artículo 80, inciso j, reconoce facultades de revisión a la víctima aun sin querella. Los artículos 270 a 272 regulan el trámite del sobreseimiento; el 271 exige acuerdo del fiscal revisor en los supuestos allí previstos. El artículo 151 contempla la incautación de datos. Estas herramientas proporcionan una base para discutir su aplicación y sus necesidades de desarrollo.

Considero que la primera tarea consiste en asegurar un control efectivo de la evidencia digital. Cuando una conclusión depende de una extracción informática, una selección de comunicaciones o un análisis financiero automatizado, la entrega del informe puede resultar insuficiente. Propongo establecer estándares que permitan examinar el origen de los datos, las operaciones realizadas, los criterios de selección y las limitaciones del método. Ese acceso debe ajustarse al objeto de la investigación y proteger la información de terceros y el secreto profesional.

La adecuación de los plazos procesales merece una discusión legislativa. Los artículos 252 y 270 prevén tres días para actuaciones diferentes: revisión de determinadas decisiones fiscales y respuesta al pedido de sobreseimiento, respectivamente. Propongo evaluar una ampliación excepcional cuando el volumen o la dificultad del material impidan un examen útil. Su regulación debería exigir una petición oportuna, fundamentos concretos y una extensión acotada. Una práctica de gestión no basta para modificar plazos legales.

Otro aspecto es la fundamentación del pedido de sobreseimiento cuando existen medidas pendientes. Propongo que se identifiquen las diligencias relevantes solicitadas y se explique por qué su producción no modificaría la conclusión. La atipicidad y el agotamiento de las posibilidades razonables de investigación son causales distintas, contempladas en el artículo 269, incisos b y e. La exigencia de fundamentación debe permitir controlar esa diferencia, sin convertir cualquier medida pendiente en una razón para prolongar el proceso.

La participación de numerosos damnificados también requiere soluciones prácticas. El artículo 85 ya contempla la unidad de representación cuando existe identidad de intereses. El trabajo pendiente consiste en facilitar acreditaciones, comunicaciones y actuaciones a distancia, preservando las diferencias que puedan existir entre los afectados. La coordinación debe permitir una intervención útil y evitar una multiplicación innecesaria de actos y cargas para la defensa.

En materia patrimonial, propongo revisar y coordinar los protocolos de preservación y custodia de activos digitales, con registro de las operaciones del custodio y mecanismos de control. También deben distinguirse los movimientos observados en una cadena de bloques de las inferencias que se formulan sobre sus responsables. Un gráfico puede ayudar a explicar una transferencia; la atribución a una persona exige justificar ese vínculo y permitir su contradicción.

Estas propuestas requieren instrumentos diferentes. Algunas demandan cambios legislativos; otras pueden desarrollarse mediante protocolos, capacitación y recursos técnicos. Antes de promover nuevas disposiciones conviene determinar si el problema proviene de una laguna normativa, de una interpretación discutible o de la falta de medios para aplicar las reglas existentes.

Desde mi función académica propongo una mesa de trabajo sobre criminalidad económica y proceso acusatorio, con participación de defensores, representantes de víctimas, fiscales, jueces y especialistas informáticos y contables. Su cometido inicial debería ser producir un documento público con problemas identificados, propuestas fundadas y criterios para evaluar sus resultados. El estudio de casos anonimizados y las simulaciones de audiencias permitirían contrastar esas propuestas con las dificultades del ejercicio profesional.

El caso LIBRA puede aportar a esta discusión sin que sea necesario anticipar una conclusión sobre sus protagonistas. La pérdida de una inversión no demuestra por sí sola un delito; el carácter especulativo de una operación tampoco descarta, por sí mismo, un posible engaño. La justicia debe explicar qué hechos pudo establecer, mediante qué evidencia y con qué consecuencias jurídicas. La contribución de los colegios profesionales y las universidades debería concentrarse en mejorar las condiciones para que esa explicación sea fundada y pueda ser discutida por las partes.