La investigación por una red de secuestros extorsivos que involucró a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile se amplió y ahora alcanza a otros cinco detectives en servicio activo. Con ellos, serían ocho los funcionarios policiales que aparecen vinculados o bajo investigación en una causa que también tiene como imputado al exfiscal Vinko Fodich y que tiene como víctimas a ciudadanos chinos relacionados con el denominado Clan Chen.

La causa está a cargo de la Fiscalía Supraterritorial y de Asuntos Internos de la PDI, que busca determinar el grado de participación de cada funcionario. Tres detectives ya fueron formalizados y permanecen en prisión preventiva junto con Fodich, mientras que los otros cinco están siendo objeto de diligencias y medidas intrusivas. De acuerdo con antecedentes publicados por medios chilenos, siete de los ocho policías pertenecen a la Brigada de Investigación Criminal de La Pintana, en Santiago, y uno trabajaba en el Laboratorio de Criminalística de La Serena.

El caso se originó en el secuestro ocurrido el 6 de agosto, cuando integrantes del grupo habrían utilizado una falsa operación policial para retener a los ciudadanos chinos Mingkai Fu y Mingxia Fu. La investigación sostiene que los involucrados montaron un falso cuartel policial en Santiago y utilizaron vehículos, indumentaria y elementos destinados a hacer creer a las víctimas que se encontraban frente a un procedimiento legítimo de la PDI.

La operación habría tenido como objetivo obtener dinero de personas vinculadas al Clan Chen, una organización de origen chino investigada en Chile por una multimillonaria estafa con criptomonedas contra cientos de ciudadanos estadounidenses. Según los antecedentes difundidos, el clan habría sido parcialmente desarticulado en enero de 2026 después de una alerta entregada por el FBI. Precisamente esa investigación previa habría proporcionado a los participantes de la nueva trama información sobre sus posibles víctimas.

Un falso procedimiento policial

La investigación describe una puesta en escena cuidadosamente preparada. Uno de los ciudadanos chinos fue interceptado bajo la apariencia de una detención policial y trasladado a un inmueble acondicionado como si fuera una dependencia de la PDI. Mientras tanto, otros integrantes del grupo habrían llegado hasta el domicilio de su hermana para trasladarla al mismo lugar.

Según los antecedentes de la carpeta investigativa citados por T13, algunos civiles habrían actuado como falsos detenidos y otros se habrían hecho pasar por funcionarios policiales. Incluso uno de ellos habría asumido el papel de supuesto agente del FBI, utilizando la referencia a una investigación internacional para aumentar la presión sobre las víctimas.

La participación del exfiscal Vinko Fodich habría sido particularmente relevante porque anteriormente había ejercido como abogado defensor de personas relacionadas con el Clan Chen. Según la investigación, esa relación permitió que las víctimas confiaran en él durante el episodio, mientras el grupo intentaba convencerlas de que el pago era necesario para resolver su situación judicial.

Exigieron cientos de millones de pesos

Los investigadores sostienen que la banda llegó a exigir hasta 300 millones de pesos chilenos y que finalmente consiguió un pago de 30 millones de pesos, aproximadamente US$31.000. Además, se habría intentado obtener una segunda suma considerable mediante nuevas presiones sobre las víctimas.

La investigación también analiza comunicaciones en las que los participantes discutían cómo conseguir informes policiales que aparentaran desvincular a miembros del Clan Chen de determinadas investigaciones. T13 y Reportea informaron que los investigadores encontraron conversaciones de WhatsApp que podrían aportar antecedentes sobre la manera en que el grupo pretendía continuar con las extorsiones.

Uno de los elementos que ahora interesa especialmente a los investigadores es la identidad y eventual participación de otros funcionarios policiales. En uno de los chats analizados aparece un contacto identificado como “agente santander”, cuya identidad todavía no había sido establecida públicamente. Las autoridades investigan si esa persona tuvo alguna participación en la estructura.

La investigación llegó hasta La Serena

El caso dejó de ser exclusivamente metropolitano cuando apareció un funcionario vinculado al Laboratorio de Criminalística de La Serena. Según Emol, este detective, que llevaba 23 años en la institución, prestó declaración y posteriormente renunció a la PDI. La investigación busca determinar qué servicios habría prestado y si existieron intercambios de información o dinero con integrantes de la organización.

La PDI abrió además una investigación interna para establecer responsabilidades administrativas y determinar si otros funcionarios facilitaron información, infraestructura, equipamiento o conocimiento de procedimientos policiales a la organización. La existencia de cinco nuevos detectives bajo investigación significa que el caso todavía puede ampliarse.

El Clan Chen y el origen de la trama

El trasfondo de la causa está relacionado con el Clan Chen, organización que había quedado bajo investigación por una operación internacional de fraude con criptomonedas. Su líder, Yongjie Chen, conocido como “Michael”, permanece en prisión preventiva y es señalado como una de las figuras centrales de esa estructura.

Los investigadores creen que la nueva banda aprovechó precisamente la vulnerabilidad de personas vinculadas al Clan Chen. La estrategia habría consistido en utilizar información obtenida de investigaciones reales para construir un procedimiento policial falso que pareciera auténtico y obligara a las víctimas a pagar para evitar consecuencias judiciales.

La causa también incorpora antecedentes sobre posibles pagos por información policial y la eventual elaboración de informes falsos. Sin embargo, esas acusaciones forman parte de una investigación judicial en curso y deberán ser acreditadas ante los tribunales.

Una crisis que golpea a la institución policial

La participación investigada de funcionarios activos de la PDI genera un impacto institucional porque, de comprobarse judicialmente los hechos, habría existido utilización de conocimientos, procedimientos y apariencia policial para cometer delitos contra particulares.

La dirección de la PDI ya había reconocido públicamente su preocupación por la detención de funcionarios de la institución. Al mismo tiempo, las diligencias de Contrainteligencia continúan para determinar si la estructura era mayor de lo que inicialmente se había establecido.

El caso permanece abierto y puede incorporar nuevos imputados, nuevos funcionarios investigados y nuevas pruebas. Por ahora, la Fiscalía debe establecer qué papel desempeñó cada uno de los ocho detectives mencionados en la investigación y si existió una estructura organizada dentro y fuera de la PDI para proporcionar información, logística o cobertura a los secuestros y extorsiones.

Lo que comenzó como un secuestro cometido mediante una falsa operación policial terminó revelando una investigación mucho más amplia, en la que aparecen detectives activos, un exfiscal, civiles y personas vinculadas al entorno del Clan Chen. Las próximas diligencias serán determinantes para establecer el alcance real de la red y las responsabilidades individuales.

Foto: Mauricio Palazzo / Infobae