El Gobierno de Javier Milei prepara nuevas herramientas para sancionar a empresas pesqueras vinculadas con actividades desarrolladas en las Islas Malvinas bajo licencias británicas, en el marco de su ofensiva política y jurídica para reforzar el reclamo argentino de soberanía. Sin embargo, existe una particularidad que genera debate dentro del propio sector: Argentina ya cuenta desde 2008 con una legislación que permite restringir el acceso a cuotas y permisos de pesca a empresas vinculadas con operaciones consideradas no autorizadas por el Estado argentino.

La discusión adquiere especial importancia porque la pesca constituye actualmente una de las principales fuentes de ingresos de las islas. Según cifras citadas por Clarín a partir de la revista Pesca y Puerto, durante 2025 las autoridades de las Malvinas otorgaron 201 licencias a embarcaciones extranjeras, que declararon unas 204.040 toneladas de capturas y generaron aproximadamente US$47,7 millones mediante el cobro de derechos de pesca que Argentina considera ilegítimos.

La norma central en esta disputa es la Ley Federal de Pesca 26.386, sancionada en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Su artículo 27 bis establece mecanismos destinados a impedir que empresas vinculadas con actividades pesqueras realizadas sin autorización argentina puedan acceder a determinadas cuotas o permisos dentro del régimen pesquero nacional. Aunque el texto legal no menciona expresamente a las Malvinas, el Estado argentino ya utilizó esa herramienta para intentar alcanzar a compañías relacionadas con la pesca realizada bajo licencias otorgadas por las autoridades de las islas.

El problema, según fuentes del sector consultadas por Clarín, es que esa herramienta nunca habría sido aplicada de manera plena. La legislación fue reglamentada para exigir declaraciones juradas y determinar las vinculaciones empresariales, pero las estructuras internacionales de las compañías pesqueras hicieron difícil establecer cuándo una empresa argentina mantiene una relación jurídicamente relevante con otra sociedad que opera en las Malvinas.

La situación es particularmente compleja porque las grandes compañías pesqueras funcionan mediante redes de sociedades, filiales, accionistas, armadores y comercializadoras distribuidas en diferentes países. Una empresa puede tener una operación en territorio argentino y, al mismo tiempo, formar parte de un grupo internacional que mantiene negocios relacionados con las islas. Para el Gobierno, determinar esas conexiones puede convertirse en una herramienta de presión; para la industria, existe el riesgo de que una interpretación demasiado amplia termine afectando a compañías que operan legalmente en aguas argentinas.

Ese temor se concentra especialmente en las cuotas de captura. Para una empresa pesquera, perder una cuota o un permiso puede representar un perjuicio económico mucho mayor que una multa convencional, porque las autorizaciones determinan en buena medida su capacidad de operar en el mercado argentino. De allí que el sector observe con especial atención cualquier modificación del régimen impulsado por el Gobierno.

Uno de los antecedentes mencionados en el debate es el caso de Pescapuerta–Estrella Patagónica. De acuerdo con los archivos citados por Clarín, la controversia estuvo relacionada con la continuidad societaria entre una operación argentina y otra vinculada a la pesca en Malvinas. También aparece el caso Wofco–Polar, aunque en este último la propia investigación periodística advierte que no existe acreditación pública suficiente para afirmar que Wofco sea propietaria de la pesquera isleña.

La estrategia de Milei se desarrolla además en un momento en que su Gobierno ha ampliado el frente jurídico sobre las actividades económicas vinculadas con las Malvinas. En septiembre, la Casa Rosada anunció procedimientos sancionatorios contra empresas y personas relacionadas con actividades hidrocarburíferas que considera ilegítimas. El 4 de septiembre fueron incluidos 45 sujetos y posteriormente se agregaron otros 15, bajo la Ley 26.659.

El Gobierno también avanzó contra empresas vinculadas con la exploración petrolera en la Cuenca Malvinas Norte. El 7 de septiembre, la Cancillería anunció una denuncia penal contra varias compañías que, según la administración Milei, contarían con licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas para realizar actividades hidrocarburíferas en áreas que Argentina considera parte de su plataforma continental.

Por eso, la pesca aparece ahora como un nuevo capítulo dentro de una estrategia más amplia. El Ejecutivo pretende combinar instrumentos administrativos, judiciales, diplomáticos y legislativos para dificultar que empresas que desarrollen actividades en las islas puedan operar simultáneamente dentro del mercado argentino. La pregunta que plantea el sector pesquero es si resulta necesario crear una nueva legislación cuando ya existe una norma que, en principio, ofrece mecanismos para actuar.

Existe además una dimensión internacional. Una parte importante de las estructuras empresariales involucradas tiene capitales españoles y vínculos comerciales con Europa. Cualquier aplicación amplia de las restricciones podría, por lo tanto, generar consecuencias que trasciendan la relación bilateral entre Argentina y el Reino Unido y alcancen a empresas europeas que participan del comercio pesquero argentino.

Mientras tanto, Argentina continúa aplicando una política de mayor control sobre la pesca extranjera en su Zona Económica Exclusiva. El Gobierno informó recientemente la sanción de un buque español por $1.844 millones, equivalente a un millón de Unidades de Pesca, convirtiéndolo en la quinta embarcación extranjera sancionada durante 2026 bajo la política de tolerancia cero contra la pesca ilegal.

El escenario, por tanto, combina dos cuestiones diferentes pero relacionadas: por un lado, la lucha contra la pesca ilegal dentro de las aguas bajo jurisdicción argentina; por otro, el intento de impedir que empresas que desarrollan actividades bajo licencias de las autoridades de las Malvinas mantengan determinados beneficios dentro del sistema pesquero argentino.

El desafío para el Gobierno de Milei será demostrar que las nuevas medidas producen resultados concretos sin generar un efecto contrario sobre la propia industria nacional. Para las empresas, el punto decisivo estará en cómo se define jurídicamente una “vinculación” con operaciones en Malvinas y hasta dónde puede llegar el Estado al momento de retirar permisos o cuotas. La disputa por los recursos pesqueros se convierte así en una nueva dimensión de la histórica controversia de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

Foto: Presidencia de la Nación