La senadora liberal Celeste Amarilla volvió a generar una fuerte controversia al calificar nuevamente de “burros” a los docentes paraguayos y vincular el deterioro de los resultados educativos con la responsabilidad histórica de las autoridades que estuvieron al frente del sistema. Sus declaraciones se producen en un momento especialmente sensible, luego de la publicación de los resultados de PISA 2025 y a pocos días de un paro nacional anunciado por los gremios docentes.

Amarilla había utilizado el mismo término durante el debate en el Senado y posteriormente ratificó sus expresiones. La legisladora sostuvo que desde hace años viene cuestionando la calidad de una parte del magisterio y utilizó los resultados de PISA como argumento para defender su posición. Según la senadora, el retroceso registrado en la evaluación internacional demuestra que existen problemas estructurales en la formación y desempeño de los educadores.

El contexto en el que se producen sus declaraciones es particularmente delicado. Los resultados de PISA 2025, publicados esta semana por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muestran que Paraguay permanece muy por debajo de los promedios internacionales. Solo el 24% de los estudiantes alcanzó al menos el nivel básico de competencia en lectura, frente al 69% registrado como promedio internacional; en matemática, apenas el 10% superó ese umbral, frente al 64% global. En ciencias llegó al 24%, contra 74%, mientras que en resolución de problemas computacionales alcanzó el 14%, frente al 64%.

La evolución respecto de 2022 también encendió las alarmas. Paraguay perdió 21 puntos en lectura, pasando de 373 a 352 puntos, mientras que en ciencias registró una caída de 13 puntos y en matemática el retroceso fue de cuatro puntos. En lectura, el porcentaje de estudiantes que quedó por debajo del nivel básico aumentó hasta aproximadamente el 77%.

Pero el informe también introduce un elemento importante para el debate: los resultados educativos no pueden atribuirse exclusivamente a los docentes. Las investigaciones asociadas a PISA señalan la influencia de múltiples factores, entre ellos las condiciones socioeconómicas, los recursos disponibles, el entorno familiar, la formación docente, la organización del sistema educativo, la utilización de pantallas y las nuevas tecnologías. Expertas consultadas por ABC sostienen que el desafío paraguayo pasa por desarrollar estudiantes capaces de comprender, razonar, cuestionar y resolver problemas, no solamente por memorizar contenidos.

En sus nuevas críticas, Amarilla apuntó directamente contra Blanca Ovelar, actual senadora colorada y exministra de Educación durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. La legisladora liberal cuestionó que Ovelar continúe pronunciándose sobre asuntos educativos y sostuvo que las políticas implementadas durante su administración forman parte de las causas del actual deterioro. Estas afirmaciones corresponden a la valoración política de Amarilla y no constituyen una conclusión establecida por el informe PISA.

También dirigió sus cuestionamientos contra Silvio “Beto” Ovelar, senador colorado y actual presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado. Amarilla lo acusó de conceder aumentos al sector docente bajo criterios que calificó de “clientelares” y sostuvo que tanto él como Blanca Ovelar mantienen, según su interpretación, una lógica política vinculada al Partido Colorado.

Las declaraciones adquieren otra dimensión porque los docentes se encuentran actualmente enfrentados con el Gobierno por el Presupuesto General de la Nación 2027. Los gremios anunciaron una huelga nacional para los días 17 y 18 de septiembre, con suspensión total de las actividades educativas en instituciones públicas, para exigir un reajuste salarial superior al previsto por el Ejecutivo.

El proyecto presupuestario contempla un aumento de aproximadamente 2,4%, mientras que los sindicatos reclaman un reajuste de 8% para 2027. La propuesta gremial contempla aplicar inicialmente un 5% y posteriormente otro 3%, con el objetivo de avanzar gradualmente hacia un salario piso de G. 5 millones por turno para los maestros de grado.

Los dirigentes docentes sostienen que el reclamo no se limita al salario. Argumentan que el poder adquisitivo del sector se ha deteriorado por el aumento del costo de vida y por cambios recientes en las condiciones de jubilación. La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) afirma además que existía un compromiso previo de incorporar el reajuste en el presupuesto, pero que finalmente no fue incluido en el proyecto remitido por el Ejecutivo al Congreso.

El conflicto podría incluso ampliarse. Los sindicatos ya advirtieron que, si no existe una respuesta satisfactoria durante las primeras jornadas de protesta, podrían extender la medida entre el 22 y el 24 de septiembre, coincidiendo con las movilizaciones anunciadas por los médicos del sector público. De concretarse, Paraguay enfrentaría simultáneamente reclamos de dos sectores esenciales: educación y salud.

Mientras tanto, la crisis educativa queda atrapada entre dos debates que necesitan ser diferenciados. Uno es el deterioro comprobado de los resultados de aprendizaje; otro, las condiciones laborales de quienes trabajan en las escuelas. Los resultados de PISA exigen discutir la formación docente, la calidad de la enseñanza, los programas educativos y los recursos disponibles. El reclamo salarial, por su parte, plantea cuánto está dispuesto el Estado a invertir para sostener y profesionalizar al sistema.

El Gobierno también ha respondido al debate. El ministro de Educación, Luis Ramírez, reconoció la preocupación generada por los resultados, pero cuestionó que las pruebas estandarizadas sean suficientes para describir toda la realidad educativa paraguaya y planteó fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (SNEPE).

Así, las palabras de Celeste Amarilla llegan en el peor momento posible para el sistema educativo: Paraguay acaba de conocer un nuevo retroceso internacional, los docentes preparan una huelga y el Congreso analiza el presupuesto que determinará los recursos disponibles para educación durante el próximo año. El desafío será determinar responsabilidades sin reducir un problema nacional de décadas a una sola profesión o a una disputa política.

La discusión sobre educación paraguaya ya no puede limitarse a quién tiene la culpa. Los resultados de PISA muestran que el problema existe; la huelga evidencia que también existe una insatisfacción laboral profunda; y el debate político deberá responder cómo transformar ambos problemas en una política educativa de largo plazo.

Foto: Osmar Henry / ABC Color