El Gobierno de Javier Milei atraviesa una nueva etapa de tensión interna en la que comienzan a hacerse visibles los límites de su estrategia de reformas y el creciente peso de la mesa política encabezada por Karina Milei. Los recientes conflictos alrededor de las desregulaciones impulsadas por Federico Sturzenegger, el retroceso legislativo sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la resistencia de algunos dirigentes y sectores aliados obligaron a la Casa Rosada a modificar la forma en que prepara sus principales iniciativas. El resultado es una combinación de respaldo presidencial a Sturzenegger y, simultáneamente, un mayor control político sobre sus proyectos.

El episodio que aceleró esta reorganización ocurrió durante una semana particularmente complicada para el oficialismo. Primero, una medida de desregulación del practicaje y pilotaje en puertos, ríos, pasos y canales provocó un conflicto con los trabajadores del sector que derivó en un paro y en la paralización de numerosos buques. Las estimaciones periodísticas situaron las pérdidas económicas en alrededor de USD 300 millones y la Casa Rosada terminó suspendiendo el decreto y aceptando condiciones reclamadas por los prácticos. Federico Sturzenegger quedó políticamente expuesto porque la reforma había sido impulsada desde su área.

El segundo golpe llegó pocos días después en el Congreso. El Gobierno tuvo que retirar capítulos centrales del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, especialmente los relacionados con la extranjerización de tierras y modificaciones al régimen de manejo del fuego. La iniciativa encontró resistencia de gobernadores y bloques aliados, que no estaban dispuestos a acompañar algunos de los cambios planteados por el oficialismo. El revés mostró que la capacidad de Milei para imponer reformas sin negociar con sectores provinciales tiene límites concretos cuando necesita votos parlamentarios.

La reacción de la Casa Rosada fue establecer un nuevo filtro político para las iniciativas elaboradas por Sturzenegger. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y principal responsable de la estrategia política del Gobierno, incorporó al ministro a una reunión de la denominada mesa política y dispuso que sus próximos proyectos sean evaluados antes de convertirse en prioridades legislativas del Ejecutivo. El objetivo declarado es evitar que propuestas técnicamente ambiciosas lleguen al Congreso sin haber calculado previamente su viabilidad política.

La modificación no significa, al menos por ahora, la salida de Sturzenegger. Milei continúa respaldándolo públicamente y lo considera una pieza importante de su programa de transformación económica. El Presidente incluso salió a defenderlo en medio de las críticas internas, una señal de que no pretende abandonar el programa de desregulación que convirtió al funcionario en uno de los principales arquitectos de su política económica.

Lo que cambia es el mecanismo de decisión. Sturzenegger conserva la capacidad de diseñar reformas, pero pierde parte de la autonomía política para llevarlas directamente al Congreso. A partir del nuevo esquema, la mesa política deberá evaluar el costo parlamentario, las alianzas necesarias, la reacción de los gobernadores y los posibles conflictos sectoriales antes de que una iniciativa sea convertida en una prioridad oficial.

La situación revela una tensión de fondo dentro del Gobierno libertario. El ala económica busca avanzar con reformas estructurales con la mayor profundidad y velocidad posible, mientras el ala política intenta asegurar primero los votos necesarios para que esas reformas sobrevivan al Congreso y no provoquen conflictos que obliguen al Ejecutivo a retroceder. La dificultad consiste en conciliar ambas necesidades sin que una termine bloqueando a la otra.

Sturzenegger representa, en buena medida, la primera lógica. Su Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado fue creado para reducir regulaciones, eliminar trabas burocráticas y modificar normas que el Gobierno considera obstáculos para la inversión y la actividad privada. Su enfoque privilegia la velocidad y profundidad de las reformas. Sin embargo, algunos de sus proyectos recientes demostraron que una reforma técnicamente coherente puede enfrentar fuertes obstáculos cuando afecta intereses organizados o cuando necesita modificar acuerdos políticos existentes.

Karina Milei representa el segundo enfoque. Su poder no deriva solamente de su cargo formal, sino de su papel en la construcción política de La Libertad Avanza y en la coordinación de la relación entre el Ejecutivo, el Congreso y los dirigentes provinciales. Desde la Secretaría General de la Presidencia conduce la mesa política que evalúa las principales decisiones de estrategia oficialista. Su intervención en los proyectos de Sturzenegger muestra hasta qué punto esa estructura política adquirió importancia dentro del Gobierno.

La tensión se extiende además a otros sectores del oficialismo. Patricia Bullrich, Santiago Caputo, dirigentes legislativos y gobernadores aliados tienen intereses y prioridades que no siempre coinciden con los de la Casa Rosada. Las dificultades para aprobar determinadas reformas obligan al Gobierno a administrar cuidadosamente esas diferencias, especialmente porque el oficialismo necesita conservar alianzas provinciales para avanzar con su agenda legislativa y preparar el escenario político de las elecciones de 2027.

Los gobernadores constituyen uno de los factores más importantes de esta nueva etapa. Milei necesita de ellos para aprobar leyes, pero muchos gobernadores buscan preservar recursos, competencias y capacidad de negociación frente al Poder Ejecutivo. La resistencia al capítulo sobre tierras mostró que el apoyo político a las reformas libertarias no es automático y que incluso sectores dispuestos a acompañar al Gobierno pueden establecer límites cuando consideran que una iniciativa afecta intereses provinciales.

El episodio de la Ley de Tierras es especialmente significativo porque permitió observar cómo funciona el nuevo equilibrio. El oficialismo intentó modificar las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, pero encontró resistencia suficiente como para retirar el capítulo antes de que la derrota parlamentaria fuera todavía mayor. El episodio fue interpretado dentro del propio Gobierno como una señal de que los proyectos deben ser previamente negociados con los actores que controlan votos en el Congreso.

La discusión sobre la extranjerización de tierras también expuso una diferencia conceptual dentro del oficialismo. Para Sturzenegger, reducir restricciones forma parte de una estrategia destinada a atraer capital e inversiones y eliminar barreras consideradas innecesarias. Para sectores políticos y provinciales, en cambio, la cuestión involucra soberanía territorial, intereses productivos y competencias locales. Esa diferencia demuestra que no todas las reformas económicas pueden ser tratadas únicamente como problemas de eficiencia regulatoria.

Algo similar ocurrió con la desregulación del practicaje. El Gobierno buscaba reducir regulaciones y modificar el sistema de servicios portuarios, pero la resistencia de los trabajadores generó un conflicto con impacto inmediato sobre el comercio fluvial. La paralización de buques transformó una discusión regulatoria en un problema económico y logístico que obligó a la Casa Rosada a intervenir rápidamente.

La consecuencia política fue importante: Sturzenegger quedó expuesto dentro del propio Gobierno, mientras Karina Milei asumió un papel más directo en la administración de los conflictos derivados de las reformas. La decisión de incorporar al ministro a la mesa política puede interpretarse como un intento de coordinación, pero también como una señal de que sus iniciativas ya no avanzarán exclusivamente bajo criterios técnicos.

El propio Milei, sin embargo, intenta evitar que esta reorganización sea interpretada como una derrota de su ministro. El Presidente continúa defendiendo públicamente a Sturzenegger, lo que permite inferir que la estrategia económica de fondo permanece vigente. Lo que está en discusión es el método para llevarla adelante y la necesidad de incorporar una instancia política antes de exponer al Gobierno a nuevos fracasos parlamentarios o conflictos sectoriales.

La situación resulta especialmente relevante porque el Gobierno enfrenta una segunda mitad del mandato con una agenda de reformas que todavía incluye cambios en el sistema político, modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central y nuevas iniciativas de desregulación. El éxito de esas reformas dependerá menos de la capacidad del Ejecutivo para redactarlas que de su capacidad para conseguir mayorías y administrar las resistencias.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central aparece entre las prioridades más sensibles. Milei considera central profundizar su programa monetario y financiero, mientras que cualquier modificación institucional del Banco Central tendrá que atravesar necesariamente el Congreso. La experiencia reciente demuestra que el Ejecutivo no puede asumir que su mayoría electoral se transforma automáticamente en mayoría parlamentaria.

También está pendiente la reforma política, que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Allí vuelve a aparecer la necesidad de acuerdos con sectores políticos que pueden tener intereses diferentes de los del Gobierno nacional. La eliminación de las PASO puede ser defendida como una reducción de costos y burocracia electoral, pero también modifica las reglas de competencia interna de los partidos y, por lo tanto, genera incentivos políticos enfrentados.

El nuevo esquema de la Casa Rosada refleja así una transformación de la estrategia oficialista. Durante la primera etapa del Gobierno, la prioridad fue mostrar velocidad y profundidad en las reformas; ahora aparece con mayor fuerza la necesidad de construir mayorías políticas capaces de sostenerlas. El cambio no necesariamente implica abandonar el programa libertario, sino adaptarlo a una realidad institucional en la que el Ejecutivo no controla todos los resortes del poder.

Para Karina Milei, el desafío será evitar que el filtro político termine convirtiéndose en un mecanismo que frene excesivamente las reformas. Para Sturzenegger, la dificultad será demostrar que sus iniciativas pueden sobrevivir a la negociación parlamentaria sin perder los objetivos económicos originales. Y para Milei, el problema central será mantener el equilibrio entre ambas figuras sin permitir que la disputa interna termine deteriorando la autoridad presidencial.

La situación también puede tener consecuencias sobre la preparación electoral de 2027. La Casa Rosada necesita conservar la cohesión de La Libertad Avanza, ampliar su representación legislativa y establecer acuerdos con gobernadores. Los dirigentes que resisten determinadas decisiones del Gobierno pueden convertirse en aliados imprescindibles en el Congreso, pero también en competidores políticos en sus respectivas provincias. La estrategia de Karina Milei apunta precisamente a construir ese entramado territorial.

La tensión actual no debe interpretarse automáticamente como una ruptura entre Milei y Sturzenegger. Los hechos muestran más bien un Presidente que mantiene la confianza en su ministro, pero acepta que las reformas necesitan una instancia política adicional antes de ser presentadas como prioridades gubernamentales. Esa combinación permite mantener el rumbo económico mientras se intenta reducir el riesgo de nuevos fracasos legislativos.

La cuestión de fondo es si el Gobierno conseguirá convertir esa nueva coordinación en una estructura estable de decisión. Si el filtro político funciona, podría reducir los conflictos y mejorar la capacidad de negociación del oficialismo; si se transforma en una disputa permanente entre el ala económica y el ala política, podría ralentizar el programa de reformas y aumentar las tensiones dentro de la propia administración.

Argentina entra así en una etapa en la que el principal desafío de Milei ya no parece ser solamente impulsar reformas, sino construir el poder político necesario para sostenerlas. Karina Milei aumenta su influencia sobre la estrategia legislativa, Sturzenegger conserva el respaldo presidencial pero deberá someter sus proyectos a una evaluación política y los gobernadores adquieren un peso creciente como actores capaces de facilitar o bloquear iniciativas.

El resultado de esta disputa interna puede definir buena parte del segundo tramo de la administración Milei. El Gobierno deberá demostrar si puede mantener la profundidad de su programa económico mientras aprende a negociar con los actores que no controla directamente. Los recientes retrocesos en practicaje y en la Ley de Tierras demostraron que la capacidad de imponer cambios tiene límites. Ahora la Casa Rosada intenta convertir esas derrotas en una nueva metodología de gobierno: primero construir el acuerdo político y después llevar la reforma al Congreso.